domingo, 15 de noviembre de 2015

CERONI - PENDEJA INQUISICIÓN

Por Jorge Navarrete

Esta semana fueron publicadas las fotografías del celular de un diputado de la República, donde se deja constancia del intercambio de mensajes de contenido sexual mientras se discutía un proyecto de Ley en el hemiciclo. El medio electrónico en cuestión, me refiero al Dínamo, emitió una declaración posterior pidiendo disculpas, que sólo contribuyó a enredar más el asunto.
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Lo anterior trajo consigo esa eterna discusión sobre los límites de la vida privada y la función pública. Se trata de un debate extenso, el que me es imposible de abordar en tan pocas líneas e, incluso reconozco, me da hasta algo de tedio reproducir cuando se trata de cuestiones más ligadas al sentido común que a la libertad de expresión. En efecto, resulta difícil entender como alguien podría suponer que un intercambio de mensajes eróticos, pese a desarrollarse en el propio hemiciclo, pudiera ser una materia de interés público, menos todavía cuando nada de ello interfería o obstaculizaba las obligaciones que el diputado Ceroni tenía en ese momento y que, por lo demás, cumplía de manera regular.
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El primero y más importante de los equívocos, supone pensar que todas las actuaciones desarrolladas en un lugar público son susceptibles de ser vigiladas y escrutadas por los medios de comunicación y sus respectivas audiencias. Para ahorrarme palabras y argumentaciones estériles, ¿a quién podría resultarle razonable instalar grabadoras o cámaras en los baños del Congreso -lugares también públicos- para obtener imágenes o el contenido de conversaciones de todos quienes ahí transitan, salvo que estuviéramos en presencia de la comisión de un delito o pendientes de una información cuyo conocimiento fuera significativamente relevante para los ciudadanos? No es el lugar, sino la naturaleza y contenido de lo que se comunica o dice, lo que finalmente dirime qué cuestiones eventualmente ameritan una intromisión en la vida privada de las personas en general y de los funcionarios públicos en particular.
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De hecho, el último párrafo de las explicaciones que da el diario en cuestión son todavía más perturbadoras. Dice textualmente, “el interés del medio fue difundir el hecho discutible de un parlamentario realizando una actividad personal distinta a su trabajo en el hemiciclo”. Bajo esa premisa, asistir al baño, llamar a la casa para avisar que no se llegará a una comida familiar, mandarle un mensaje de felicitaciones a un hijo por un buen desempeño académico o simplemente cancelar la pichanga a la cual se estaba comprometido con los amigos, caería exactamente en la misma categoría.
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El problema de fondo, y que el medio en cuestión no tiene el coraje de reconocer, es que detrás de este “error” hay un profundo sesgo reaccionario hacia el moralismo. ¿Se habrían publicado esos mensajes, incluso con un explicitico contenido sexual, si hubieran tenido como destinataria a la esposa del diputado? En este caso no sólo se violentó la privacidad, sino que también se intentó humillar públicamente a una persona por la vía de divulgar una información que sólo concierne a él.

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