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| Doris Soliz |
En este sentido, en un panel de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), efectuado esta semana en Quito, expuso algunas cifras que demuestran la crisis por la que atraviesa la Función Judicial y los cambios concretos que se ejecutarán de aprobarse la iniciativa gubernamental de Consulta Popular. Existen un millón doscientas mil causas represadas en los diferentes juzgados, de estas 180 mil corresponden a juicio por alimentos, el resto a temas laborales, de tránsito y penales, dijo la funcionaria.
Soliz hizo notar que detrás de las cifras hay una cantidad similar de ciudadanos que no ha sido atendido lo que explica la aprobación que se refleja en las mediciones de las encuestas sobre el respaldo a la Consulta Popular. La Ministra reveló también que 450 mil veces se han modificado los sorteos en las salas de las Cortes de Justicia sin se haya tomado alguna medida al respecto.
Señaló que los jueces despachan menos de 150 causas al año cuando el promedio deseable debería ser de 400 a 500, dependiendo de la materia.
“Estos son los temas sobre los cuales no hay rendición cabal de cuentas, no hay control del actual Consejo de la Judicatura el cual, evidentemente, ha fracasado en su labor”, lamentó. Añadió que son precisamente estos temas “los que el Gobierno plantea que deben tener un cambio radical”.
En ese sentido el escenario en caso que se apruebe el Referéndum contempla varias medidas concretas que apuntan a mejorar en su integridad el problema de la justicia, dijo.
Se realizará una auditoría judicial que hasta ahora no ha sido posible con la finalidad de establecer niveles de cumplimiento y eficiencia de los funcionarios judiciales, vinculada con la honestidad y el desempeño de sus cargos. Además se contempla la sanción a los jueces que hayan incurrido en casos de corrupción.
Los 800 jueces actuales podrán ser evaluados en el periodo de transición (de 18 meses en el que una comisión tripartita –Ejecutivo, Legislativo y Transparencia y Control Social- asumirá la función del Consejo de la Judicatura).
La propuesta del Gobierno prevé la designación de jueces mediante concursos públicos en los que se observarán los méritos de los postulantes por sobre cualquier otra consideración.
En el periodo de 18 meses el Ministerio de Justicia prevé nombrar a través de concurso a unos 400 jueces, dijo Soliz. Este tipo de franquicias comprendidas en la Consulta Popular en caso de triunfar, son las que preocupan a la oposición, porque el ejecutivo podría adquirir un exceso de atribuciones que utilizaría en los nuevos nombramientos, los que precisamente se harían en el período indicado.
Soliz dijo que desde 2009 han ingresado a la Función Judicial 795 funcionarios sin aprobar el respectivo concurso de oposición y meritos, es decir, “a dedo”. De los 800 jueces, 127 han sido designados con nombramiento directo.
En caso de aprobarse la Consulta se crearán juzgados que permitan descongestionar y agilizar el despacho de las causas represadas en las judicaturas de todo el país, así como la dotación de infraestructura para juzgados que permita incrementar los niveles de eficiencia de la administración de justicia sino el acceso de los ciudadanos a la misma.
En base al pronunciamiento popular, la Asamblea Nacional tendrá que acometer con reformas legales de forma inmediata en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el Código Penal (tipificación del delito de enriquecimiento ilícito privado y la no afiliación al Seguro Social), Ley de Comunicación y del Sistema Financiero.
“Es decir, en el escenario del triunfo del Sí, la Asamblea retoma un pronunciamiento superior de democracia directa para introducir cambios esenciales en estos cuerpos legales”, destacó Soliz.
La consulta del 7 de mayo, promovida por el Ejecutivo, fue convocada oficialmente esta semana por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador. Su Presidente, Omar Simon, comentó que este proceso electoral tendrá un costo de 22 millones de dólares.Las preguntas de este referendo abordan la restricción de las medidas cautelares a la prisión preventiva, la prohibición de que los directivos e inversionistas de bancos y medios de comunicación tengan negocios ajenos a esos sectores, y dos interrogantes respecto a la reestructuración del sistema judicial.
Un sondeo publicado a finales de enero pasado reveló que 57 por ciento de los ecuatorianos apoya la consulta popular, así como también organizaciones sociales han presentado su respaldo al proceso consultivo y han instado a la ciudadanía a unirse por "el Sí''.
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