KRADIARIO

¿FUNCIONAN LAS INSTITUCIONES EN CHILE?

SUSPENDIDO EL CASO TSUNAMI QUE DEJÓ 156 MUERTOS: LOS CULPABLES DE LOS ERRORES COMETIDOS SE COMPROMETIERON A ORGANIZAR UN SEMINARIO SOBRE PROTECCIÓN CIVIL

Después de seis años (unos 2.190 días) el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió suspender este jueves el proceso penal que pesaba sobre los seis acusados del denominado caso Tsunami, a quienes la Fiscalía Metropolitana Occidente atribuyó responsabilidad en la fallida alerta de maremoto ocurrida tras el megasismo que azotó la zona centro sur del país la madrugada del 27 de febrero de 2010.

Ello, luego de aceptar el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y las defensas de los imputados, que incluye el pago total de $245 millones, la realización de un seminario de Protección Civil y una declaración pública donde se explique el rol que tuvo cada uno tras la tragedia que dejó 156 personas fallecidas y 25 desaparecidas (algo similar ocurrió en el caso de las farmacias, cuando en una primera instancia hace unos años se condenó a los responsables de la colusión de precios, que ocasionaron graves daños económicos a los chilenos, a tener que realizar un curso de ética).

De esta manera, los acusados podrán ser sobreseídos definitivamente en el plazo de 18 meses en caso de cumplirse todas las condiciones establecidas en el trato.

Si se confirma el fallo -que será revisado por la Corte de Apelaciones-, entonces el ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende, deberá pagar $75 millones a las víctimas y $5 millones que serán utilizados para financiar el curso.

La ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, y los marinos del SHOA Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina, deberán desembolsar la mitad, es decir, $39 millones para los afectados y $1 para el seminario, mientras que el ex jefe del Centro de Alerta Temprana del organismo, Johaziel Jamett, solo tendrá que pagar $5 millones, de los cuales $4 millones serán destinados a los querellantes y el millón de pesos restante, para el seminario.

La resolución de la jueza Carolina Gajardo fue dictada a pesar del rechazo de los querellantes, quienes se opusieron a cualquier salida alternativa al juicio oral, razón por la cual apelarán al dictamen con la intención de revocar el fallo.

Igualmente se ha cuestionado que la Presidenta no haya tenido que ir también al tribunal debido a que ella fue parte del equipo de funcionarios que estuvieron en la Onemi en la madrugada del 27 de febrero de 2010.

Además, el próximo lunes se realizará una audiencia en el Centro de Justicia donde se discutirá la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación en contra de la Presidenta Michelle Bachelet, quien se encuentra en calidad de querellada por cuasidelito de homicidio por los hechos del 27-F, informó Cooperativa.

Tras aprobarse la suspensión condicional del procedimiento para los seis acusados por la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero de 2010, la ex directora de la Onemi Carmen Fernández pidió disculpas por lo que ocurrió esa madrugada y aseguró que vive con un dolor que no se puede comparar con el que sufren las familias de las víctimas.

Declaró que "profundamente lamento lo ocurrido con varios compatriotas que perdieron sus vidas aquella fatídica madrugada, yo creo haber realizado absolutamente todos los esfuerzos humanos y funcionarios para ir en ayuda y protección de la población, como siempre antes actué".

"Hasta hoy, por muchas razones, vivo esta pesadilla con dolor e impotencia como ustedes no se imaginan", añadió Fernández.

"Pero estoy cierta que esto jamás podrá compararse con el dolor de los familiares de las víctimas fatales, a quienes, sin complejo alguno, doy mi acompañamiento, pidiendo a todos ellos que sean acogidas estas palabras como gesto honesto de quien jamás quiso un resultado dañino de ninguna naturaleza a las personas", agregó.
  
Por su parte, el subsecretario del Interior del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Patricio Rosende, sostuvo que fue vocero de la precariedad del Estado y pidió disculpas por todos los errores que se cometieron en esa instancia.
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"No haber podido hacerlo me ha provocado, en lo personal, un profundo dolor y frustración y, por eso, lamento como el que más las pérdidas de vidas que no pudimos salvar y el sufrimiento de las familias", dijo ante el Tribunal.
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Rosende añadió que "la tristeza por las consecuencias de esta catástrofe que cambió la vida de todos son imborrables y el dolor me acompañará por siempre".
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"Fui vocero de la precariedad del Estado y desde el primer día he asumido las consecuencias del rol que me correspondió desempeñar en la Onemi, si alguna de mis acciones de aquella noche contribuyeron, de alguna forma, a que se cometiera algún error lo lamento sinceramente y pido las disculpas por aquello", concluyó.

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Además de Rosende y Fernández, el caso involucra al ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi Johaziel Jamett; y los marinos del SHOA Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina.

Los acusados, ante el Tribunal, dieron cuenta de la vulnerabilidad del país para enfrentar la tragedia del 27-F, pero que se sacaron aprendizajes para cometer los mismos errores en un hecho similar.

El abogado querellante en la causa, Alfredo Morgado, confirmó en conversación con Cooperativa que "tenemos la posibilidad cierta de apelar" ante la Corte de Apelaciones de Santiago tras la resolución de la jueza Carolina Gajardo.

"Vamos a ejercer nuestro derecho, lo harán, además, todos los abogados querellantes. Será la Corte de Apelaciones la que resuelva esta materia. Era previsible que pudiera ser adverso el fallo, esperábamos que pudiera ser a favor de nuestras pretensiones pero siempre existía la posibilidad, para todas las partes, para todos los intervinientes, de que esto se resolviera en la Corte de Apelaciones y ella determinará", añadió.

La sentencia es aberrante

El abogado querellante en el caso Tsunami, Raúl Meza, manifestó su indignación tras la aprobación por parte del tribunal del acuerdo al que llegó la fiscalía con los 6 imputados de manera de sobreseer la investigación.

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“El país ha sido testigo de la sentencia más injusta de la historia de la reforma procesal en Chile. La sentencia más aberrante y vergonzosa que pudo haber dictado un juez de la república”, comentó a la salida del juzgado en Santiago.

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Agregó que “En este fallo se plasma la vulneración de los derechos de las víctimas. Una jueza de la República de este país no consideró la gravedad de los hechos, la naturaleza del delito y algo más relevante: el dolor de las víctimas, y la extensión del mal causado”.

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