KRADIARIO

LA CRISIS EN BRASIL

EL LARGO Y DOLOROSO PROCESO PARA DESTITUIR A DILMA ROUSSEFF

Son los 513 diputados brasileños los que  estarán a cargo ahora del futuro político de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, después que anoche una comisión parlamentaria integrada por 65 diputados decidiera que existen razones jurídicas que justifican la apertura de un juicio para destituír a la Mandataria.

La decisión de la comisión fue aprobada en el curso de una tensa y maratónica sesión de 11 horas de duración por  38 votos a favor y 27 en contra.

La mayoría de los miembros de la comisión respaldó el informe elaborado por el diputado Joavir Arantes, en el cual reafirmó uno similar presentado la semana pasada y en el que recomienda avanzar hacia un eventual juicio político.

En su informe, Arantes señaló que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, alterar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.

El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, volvió a descalificar el informe del instructor y redujo las acusaciones a meras “faltas” administrativas, que no bastarían para una destitución.

Según Cardozo, el proceso “está viciado”, es “nulo” y viola “el derecho a la debida defensa” por la inclusión en el informe de asuntos vinculados a las corruptelas en la estatal Petrobras ajenas a la acusación.

“Es absurdo destituir a una presidenta que no ha cometido delitos ni ha robado un centavo. Y un proceso como ese, sin delito ni dolo, será un golpe de Estado”, declaró, para apuntar que “la historia no perdona” y “no olvidará esto”.

Los alegatos de Cardozo cayeron en saco roto y la mayoría de los parlamentarios se decantó por remitir el caso al pleno de la Cámara de Diputados, que discutirá el informe de Arantes entre el viernes y el domingo próximos.

Frente a la posibilidad de que el fin de semana se concentren frente al Congreso cientos de miles de manifestantes, las autoridades terminaron de instalar hoy vallas de dos metros de alto a lo largo de dos kilómetros en la Explanada de los Ministerios, una avenida que concentra todo el poder público con las cuales se espera separar a los adversarios de los defensores de la Presidenta.

En la Cámara Baja, los impulsores del juicio político necesitarán una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 votos), que hasta ahora está en duda, aunque todo apunta a una ligera ventaja para la oposición. Esto ha abierto un margen de dudas, ya que si los oponentes no logran este margen, la causa quedará archivada.

Contrariamente, si la Cámara Baja aprueba la acusación, la causa pasará a los 81 miembros del Senado, que por mayoría simple decidirán si se abre el  juicio contra Rousseff. En este caso, la Mandataria  deberá separarse del cargo durante 180 días, el tiempo que durará el proceso.

El cargo de Rousseff sería ocupado durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB),  colectividad que  rompió con el Gobierno tras ser por años un fuerte pilar en la ex coalición oficialista.