KRADIARIO

REFORMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

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EL ESTADO DEBE SER GARANTE DE AUTONOMÍA Y LIBERTAD EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA UNIVERSITARIA

Por Martín Poblete

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En los meses venideros, se discutirá con diversidad de argumentos el proyecto de reforma de la Educación Superior, a ser enviado por el Gobierno al Congreso para su trámite legislativo.   Los ciudadanos deberán informarse y estar dispuestos a participar en los debates y discusiones, a fin de contribuir cada uno desde su experiencia, perspectiva y visión, a mejorar la iniciativa, también a cambiarla parcial o totalmente, sin complejos, según parezca necesario.

En el sistema de educación superior anterior a 1980, la mayor parte del financiamiento y aspectos significativos de la gestión misma de las instituciones eran responsabilidad del Estado.  

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Las universidades chilenas estaban estructuradas en ocho instituciones, todas ellas de razonable buena calidad con algunos centros de excelencia, lo mismo sucedía con el estamento académico, eran universidades de investigación y docencia basadas en el modelo de Humboldt: docencia sostenida por la evidencia científica, con fuerte influencia del positivismo europeo, especialmente alemán, de la segunda mitad del Siglo  Diecinueve. El ingreso se hacía mediante un mecanismo único de selección conducente a bajos niveles de matrícula, según expertos de la época la pequeña matrícula nacional era insuficiente para el desarrollo del país.   A pesar de la gratuidad y de contarse con adecuada oferta de becas, había bajo ingreso de estudiantes provenientes de familias de escasos recursos, alto ingreso de estudiantes de familias de clase media, elevadas tasas de retención, y escasez de profesionales en algunas áreas.

Reforma universitaria en los sesenta

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Durante la década de 1960, las estructuras de gestión de las universidades fueron cuestionadas por académicos con formación de postgrado anglosajónica, y por rebeliones estudiantiles de variados pelajes, surgiendo una propuesta de "Reforma Universitaria" en el contexto de  conflictos socio-políticos de fuertes perfiles ideológicos;  inevitablemente marcada por las confrontaciones de la Guerra Fría, la reforma  desembocó en una cruda lucha por el poder, enfrentando la universidad militante de la Unidad Popular con la universidad democrática, inclusiva y participativa del Frente Universitario.   El golpe de estado de septiembre de 1973 interrumpió el proceso de reforma universitaria, eventualmente destruyéndolo.

La adopción del modelo de economía neoliberal en 1980 condujo, entre otras cosas, a la fundación de universidades privadas, las cuales sumadas a las ya existentes en el CRUCH alcanzaron un total de sesenta instituciones, la mayoría de ellas docentes y unas pocas de investigación, a las cuales se agregaron numerosos institutos técnico-profesionales privados.

En el año 1982, el régimen militar cambió la lógica y las prioridades del sistema, éste pasó de tener un objetivo y sentido académico cultural, a un propósito comercial haciendo de la educación superior un negocio; entonces, la matrícula bordeaba los cien mil estudiantes, diez años mas tarde se duplicó, a fines de 2014 alcanzaba los 710.000 estudiantes universitarios.  

Financiamiento parcial del Estado

El financiamiento se realineó, quedando las universidades estatales y algunas privadas de naturaleza y vocación públicas  con financiamiento parcial del Estado, mientras las netamente privadas quedaban entregadas a los vaivenes del mercado.   En ese marco, el Estado participó financiando parcialmente la demanda, fijando un arancel de referencia en base a la suma concedida como crédito fiscal, estableciendo una norma general:  todos los estudiantes pagan, unos con dinero de sus familias, otros con créditos  fiscales o bancarios. 

El modelo descrito permitió el acceso de estudiantes de bajos recursos a costa del endeudamiento de sus familias, bajó la tasa de retención apareciendo los endeudados sin título, la saturación de profesionales en algunos rubros produjo cesantes ilustrados, en varios casos hubo venta de matrículas en profesiones sin campos ocupacionales verificables.   En el plano comercial, surgió la competencia por captar estudiantes, creación de nuevas carreras y comercialización de postgrados; con el pretexto de "autofinanciarse", las universidades estatales participaron activamente en esa competencia.

Numerosos movimientos de opinión surgidos en la fase final de la Dictadura y en los primeros años de la Transición, criticaron el modelo de educación superior vigente en las universidades  estatales exigiendo su reemplazo, pidiendo también mayores recursos para sus instituciones.   A partir de 2007, académicos, administrativos y estudiantes, cansados de postergaciones, salieron a las calles en todo el país sin lograr éxito en la satisfacción de sus peticiones, quedando con la frustración de no haber sido escuchados.

Los pingüinos

La ineptitud política del gobierno del Presidente Sebastián Piñera abrió espacio a un movimiento mayoritariamente  estudiantil a comienzos de 2011, el cual si bien retenía  vínculos con los "pingüinos de 2007-08, planteó un rechazo radical a un modelo entendido exclusivamente con fines de lucro, las peticiones y propuestas reemplazadas por demandas, exigiendo gratuidad en la educación en todos sus niveles; esto último  tuvo considerable impacto  de opinión pública, los chilenos somos latinoamericanos, si alguien nos dice que algo por lo cual sabemos se debe pagar, de pronto puede pasar a ser gratis, ahí vamos todos como en el Mes de María.

Las movilizaciones a escala nacional tuvieron múltiples grados de agitación callejera, violencia organizada ejecutada por turbamultas encapuchadas, con todos los matices ideológicos existentes en un amplio espectro desde el centro hasta la extrema izquierda, pasando por un brote de anarquismo violento de raíz española en el estilo de los 1930.

Pasado el paroxismo del período de más intensa agitación, algunos de los líderes de movilizaciones estudiantiles encontraron terreno fértil en la política contingente, resultando elegidos al Congreso bajo diversas formas de protección electoral de la coalición Nueva Mayoría; otros se ubicaron en el MINEDUC a comienzos del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, aprovechando el vacío dejado por la falta de presencia democristiana en ese ministerio, alcanzando diversos grados de influencia en la formulación de variados proyectos,  en lo esencial un mediocre arrejuntado de aproximaciones, concesiones y reacciones a la cuestión del lucro, con total ausencia de ideas propiamente educacionales.

Si bien todavía no se conocen los fundamentos de la propuesta oficial en educación superior, se han sucedido filtraciones, comentarios extraoficiales, y un borrador de proyecto colocado en la página electrónica del MINEDUC.   Por su parte, los rectores de las universidades estatales en el CRUCH han asumido, en variadas ocasiones, la defensa corporativa de sus intereses tal como ellos los entienden.

  

Intervención frecuente de los Rectores

Los rectores, y algunos decanos,  de las universidades privadas de servicio y vocación públicas, han intervenido a menudo dando a conocer sus observaciones, buscando influir en el juego de opiniones  y posicionarse para el debate venidero; en este sentido, le ha correspondido un rol protagónico al Rector de la Pontificia Universidad Católica, Profesor Ignacio Sánchez, quien no ha dejado semana sin estar presente ya sea mediante declaraciones y entrevistas en diversos medios, o con artículos y cartas en los principales diarios, llenando un vacío dejado por la imprevisión e incapacidad de otros.

Del generoso flujo de ideas ya en juego en la plaza pública, va surgiendo una tendencia fuerte a la restauración del  Estado en el funcionamiento del sistema de educación superior.  Asimismo, se va perfilando un darse cuenta de la importancia de la investigación científica y tecnológica en cuyo financiamiento debe tener responsabilidad primordial el Estado, complementado por el sector privado. 

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En este asunto, hay quienes que postulan la creación de un ministerio de la ciencia; mientras quienes discrepan de tal formulación, apuntan a la experiencia de tales entidades generando costosos aparatajes administrativos, y su correspondiente burocracia absorbiendo recursos en desmedro de las prioridades de la investigación. 

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Antes de inventar ministerios, parece de la mayor importancia evaluar bien, financiar seriamente, y mejorar las estructuras existentes de apoyo a la investigación científico-tecnológica en las universidades.  No  es concebible tener programas de postgrado sin la necesaria investigación, la calidad del postgrado radica en la calidad de su facultad docente; en mas de una manera ligado a lo anterior, una universidad no debe ni puede recibir más alumnos de aquellos que la calidad y capacidad de su facultad puedan atender.

El Estado debe ser garante de autonomía y libertad en todos los ámbitos de la vida universitaria, particularmente la libertad de cátedra.   Las universidades  son libres  de darse las estructuras de participación conforme a las decisiones de sus autoridades y su facultad, ningún ente externo puede pretender imponer formas de participación ajenas a la voluntad del claustro académico, y a la voluntad de los estudiantes libremente expresada sin restricciones exógenas.

Estas y otras variables concitarán atención y energía en el debate sobre la reforma de la educación superior,  llevado con serenidad sin urgencias artificiales.