Por Walter Krohne
El ministro de salud Jaime Mañalich, advirtió ya que cuatro o cinco de los huelguistas están en condiciones muy precarias y podrían figurar en la lista de posibles casos fatales si no se toman medidas más urgentes como sería la suspensión inmediata de esta forma de protesta.
En primer lugar, los mapuches no están dispuestos a dejar el ayuno sin que se les de una señal clara de que la ley antiterrorista ha sido reformada y que en el futuro los casos serán ventilados en la justicia civil y no militar, que es el fondo de la actual huelga. La desconfianza que tiene este pueblo en la clase política se debe a un problema histórico de las “promesas incumplidas”. Todos los gobiernos le han hecho a este pueblo grandes promesas que con el tiempo han quedado en la nada misma.
La demostración de esta desconfianza se ha visto reflejada en el hecho de no pronunciarse o no aceptar cuando se mencionan a las Iglesias como intermediarios o mediadores y también en las muestras de rechazo que recibió la presidenta del Partido Por la Democracia (PPD) y vocera de la Concertación, Carolina Toha, quien tuvo que resistir la violencia verbal de los familiares de los presos.
Segundo, ha sido pésima, por no calificar de otra forma, la actitud de los cuatro diputados que no tuvieron mejor idea que plegarse a la huelga de hambre -Hugo Gutiérrez (comunista), Sergio Aguiló (socialista), Tucapel Jiménez (PPD) y Manuel Monsalve (socialista)-. La verdad es que a muchos chilenos les debe dar vergüenza tener representantes que en vez de ayudar a resolver un problema crucial intentan apagar un incendio con gasolina.
En tercer lugar hay que reconocer si en este contexto, que el actual problema de los mapuches es una herencia que le dejó la Concertación al actual gobierno. En veinte años no se preocupó de resolver los problemas más cruciales de este pueblo, limitándose casi únicamente a repartir tierras, que para los expertos en el tema, no es precisamente el punto más importante, porque el 70 por ciento de los mapuches vive hoy en las ciudades y no está interesado en regresar al campo. Por otra parte, la cantidad de tierras devueltas es mínima en relación a la cantidad usurpada, 600.000 hectáreas contra 5.000.000 de hectáreras que les fueron quitadas violentamente, como reconoció el padre Luis Manuel Rodríguez, especialista en el tema, en el programa Estado Nacional de TVN (ver mapa abajo izquierda).
Para abordar este tema seriamente, debería formarse una mesa de diálogo, porque de acuerdo a estas peticiones será necesario estudiar una reforma constitucional que incluya regiones autónomas como podrían ser el territorio mapuche y también la Isla de Pascua, donde comienzan ya las primeras reivindicaciones independentistas. El único presidente que intentó este reconocimiento fue Patricio Aylwin pero se encontró con una fuerte oposición de los partidos de derecha.
Dijimos que este es un problema heredado en el cual una gran responsabilidad la tendría la ex presidenta Michelle Bachelet, que tuvo en sus manos la posibilidad de reformar la Ley Antiterrorista y no lo hizo porque no le dio al proyecto las prioridades adecuadas o las urgencias necesarias para que la iniciativa fuera despachado con la rapidez necesaria.
El 13 de agosto de 2009, cuando Bachelet estaba aún en el poder, había 37 dirigentes políticos mapuches en prisión en distintos penales del sur de Chile. De ellos 28 eran procesados o estaban ya condenados por la ley antiterrorista (No.18.314.) -heredada de la dictadura de Pinochet-. 60 comuneros estaban en prisión o en libertad condicional por sentencia o medidas cautelares. Tres mapuches tuvieron que buscar refugio político en Argentina y Suiza. Hoy, 42 mapuches se encuentran en prisión preventiva desde hace dos años, porque así lo permite la Ley Antiterrorista.
Sin embargo, el padre Luis Manuel Rodríguez estima que la responsabilidad en este tema no es ni de la Concertación ni de la derecha, sino que es un problema histórico del estado chileno.
El problema actual es que el gobierno de Sebastián Piñera eligió el camino que cree ser el más corto, como reformar la Ley Antiterrorista, pero será difícil hacerlo bajo tanta presión, porque el remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad, especialmente para la seguridad nacional chilena en general.
En esta materia se habla del despacho de “una Ley corta” que consiste en aprobar sólo los puntos en lo que hay acuerdo. Así y todo, la discusión puede durar unos diez días, lo que es un tiempo muy largo si se piensa en la delicada situación de salud de algunos comuneros que llevan ya 66 días en huelga de hambre
El gobierno actuó muy lentamente y con atrasos y comenzó a abordar el tema en serio hace algunas semanas y no lo hizo hace dos meses cuando la huelga estaba recién comenzando.
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