Reformar una ley para terminar huelga de hambre, no es la solución más acertada en el tema mapuche

Por Walter Krohne

Lo que no me queda claro en el proyecto de reforma de la ley antiterrorista es el momento elegido para hacer los cambios necesarios a fin de lograr que los 32 mapuches en huelga de hambre depongan su actitud.

Es un momento de urgencia, no cabe duda, pero la interrogante es si es conveniente hacer una reforma tan importante bajo la presión de quienes se niegan a ingerir alimentos hasta que no se les aclare que tipo de leyes se les aplicará en el momento que sean condenados.

Hay que dejar en claro que los delitos cometidos por estos mapuches están clasificados como actos de terrorismo, como son el incendio de casas, de predios o de vehículos. Lo que parece no corresponder es el hecho de que los imputados estén siendo juzgados por tribunales militares que significan penas mucho más enérgicas que las que aplica la justicia civil basándose en el Código Penal y no en el militar.


El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció el envío de un proyecto de Ley al Congreso para reformar la Justicia Militar esperándose en el futuro que esta se ocupe exclusivamente de los casos ocurridos dentro de los cuarteles y entre militares.

El subsecretario de la misma cartera, Rodrigo Ulloa, habló temprano en la mañana diciendo que hoy era un día clave porque se iban a realizar una serie de diligencias para acelerar el proyecto, sin especificar cuáles serían los pasos a seguir.

"El proyecto de ley es para reformar y acotar el funcionamiento de la justicia militar en nuestro país, porque es verdad que tenemos un sistema en que la justicia militar a veces actúa con mayor amplitud que la propia de un sistema democrático, y es una reforma que ya estaba consignada en nuestro programa de gobierno, vamos a proceder enviando este proyecto de ley con urgencia", dijo Hinzpeter.

Sin embargo, aquí se está trabajando contra el tiempo, porque los huelguistas de hambre no están en buenas condiciones de salud después de 57 días de ayuno. Esto significa que se corre el riesgo serio de que uno o más puedan morir, lo que sería para el gobierno un grave retroceso estratégico y político que podría borrar todo lo bueno y eficiente que ha sido en el caso de los mineros de San José en Atacama.

El problema mapuche debería haberse enfrentado hace casi dos meses, cuando se inició esta huelga, además que reformar la ley antiterrorista en estos momentos no parece ser la solución de un problema, que ha sido de toda la vida bicentenaria de Chile.

Los mapuches quieren fundamentalmente que se les reconozca como una nación distinta a la chilena. Ellos no quieren o no les interesa ser chilenos, quieren resolver sus asuntos dentro de un ente en el cual puedan tomar decisiones propias y no recibir permanentemente instrucciones sobre lo que deben y no deben hacer desde el Palacio de La Moneda en Santiago de Chile.

Habría que pensar a futuro quizá en un estado multinacional, para lo cual se requeriría una nueva Constitución que permita reconocer ciertos enclaves o regiones autónomas.

Aunque el problema mapuche tiene más de veinte décadas, pareciera que recién comienza y son muy pocos los que tienen las ideas claras para enfrentarlo como corresponde. Los mapuches han sido maltratados toda la vida. Le han robado sus pertenencias y sus tierras.

Un millón de hectáreas han perdido como consecuencia de engaños y de políticas o promesas que nunca se han cumplido. Los organismos oficiales indígenas no han funcionado adecuadamente, han sido poco eficientes y sus fondos han  desaparecidos por quedar bajo el control de funcionarios corruptos.

Esto tiene que tener un fin y es la celebración del bicentenario el momento más adecuado para comprometerse a un nuevo comienzo, a una nueva relación con este pueblo histórico. Y ojo, mucho ojo, porque puede comenzar a pasar lo mismo, pero en otra forma, más lentamente y con menos violencia, con los pascuenses en pleno Océano Pacífico.