Página Editorial Latinoamericana

Diario La Nación de Buenos Aires Argentina
Los Kirchner y el modelo Putin


Tomando lección del aparato empresarial ruso, los Kirchner se empeñan en proyectar su voluntad hacia el mundo de los negocios

La tendencia de los políticos a la acumulación ilimitada de poder no es una novedad en la Argentina. Sin embargo, durante los últimos años, esa propensión exhibe una modalidad inédita. Ya no se reduce al desborde cesarista del Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado, a las prácticas caudillescas y al empeño por controlar a la opinión pública. Desde que se instalaron en la residencia de Olivos, en 2003, Cristina y Néstor Kirchner se propusieron proyectar su voluntad hacia el mundo de los negocios mediante la construcción de su propio aparato empresarial.

En innumerables ocasiones, la influencia presidencial y ciertos mecanismos coercitivos del Estado se pusieron al servicio de la expansión de un grupo de compañías solidarias con la jefatura política de Kirchner. Los instrumentos para esta política han sido variados. En algunos casos, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se sirvió de argumentos antimonopólicos para orientar la venta de paquetes accionarios de empresas de servicios públicos hacia un comprador leal al Gobierno.

Otras veces se aplicó el torniquete tarifario para obligar a los inversores extranjeros a abandonar sus participaciones en empresas y, de ese modo, precipitar su transferencia a hombres de negocios allegados al poder.

La expansión de algunos empresarios al amparo del kirchnerismo, ya sea concesionarios de obras públicas como emprendedores vinculados a otros rubros tales como la energía o la industria del juego, es otro fenómeno impresionante.

El empeño oficial por poner a empresarios allegados al frente de grandes emprendimientos no siempre fue exitoso. Hasta ahora viene fracasando en Telecom, por ejemplo, donde la Casa Rosada no pudo ver convertidos en accionistas principales a empresarios cercanos al oficialismo. El límite lo impuso en este caso la Justicia Civil y Comercial y la Penal Económica, con sentencias que anularon las sucesivas decisiones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia destinadas a producir ese desembarco.

Este avance del oficialismo sobre las empresas ha puesto en la mira a los medios de comunicación. No debe llamar la atención que Electroingeniería haya realizado inversiones en licencias de radio, ni que Cristóbal López haya pretendido realizarlas, sin éxito, en canales de TV. Detrás de esos movimientos hay una lógica perversa: la vocación por sostener delante de la opinión pública a un poder que se muestra muy generoso en la concesión de sus negocios.

La promoción de actores económicos cuyo principal activo es la afinidad con el oficialismo, para sectores de la economía que son muy sensibles para la política, como la energía o los servicios públicos, se apoya en una concepción autoritaria de la vida pública. Para esta concepción, el liderazgo político debe desbordar las instituciones republicanas y darse instrumentos de dominación y financiamiento en la economía privada para, reforzado de ese modo su poder, ejercer con él un bloqueo en el juego democrático.

Esta forma de intervencionismo termina siendo más inconveniente que el de las economías planificadas desde el Estado. El estatismo tradicional establecía restricciones a la actividad privada en beneficio del sector público. Esta nueva modalidad de poder político-empresarial cercena la libertad de iniciativa de las empresas en beneficio de otras empresas.

Para describir este fenómeno no se puede hablar, entonces, de estatismo. Tampoco de capitalismo, ya que la libre competencia está distorsionada por la injerencia facciosa de los funcionarios a favor de unas iniciativas y en detrimento de otras. Por esta razón este sistema por el cual la política debe determinar la creación de riqueza y, a la vez, esa nueva riqueza debe intervenir en la política, se conoce como "capitalismo autoritario". No se trata de un experimento autóctono, sino que encuentra realizaciones muy acabadas en la escena internacional.

El aparato de poder empresarial montado por Vladimir Putin en Rusia es una exhibición de este sistema en gran escala. Igual que la apertura al capital privado que se viene realizando desde hace ya décadas en China, donde las empresas actúan en el marco de una rígida organización estadocéntrica. Ambas experiencias son la respuesta de esquemas totalitarios de poder a las limitaciones que encontraron en el último cuarto del siglo XX las economías planificadas del comunismo.

En América latina, de la alianza entre funcionarios públicos y empresarios privados alumbraron entramados de poder y negocios muy operativos, como el de la "boliburguesía", denominación que se le dio en Venezuela al grupo de hombres de negocios que acumulan su riqueza a la sombra del poder chavista.

Entre nosotros esta contaminación entre poder político y actividad empresarial que alientan los Kirchner tiene sus propios antecedentes. Uno de ellos está saliendo a luz en estos días, de manera no del todo esperada: es la derivación del capital acumulado por organizaciones guerrilleras, como Montoneros, a compañías de mercado como las que comandaba David Graiver. Es verdad, existe una diferencia marcada entre esta nefasta experiencia histórica y el actual armado de compañías oficialistas: en aquel caso los fondos provenían del secuestro y asesinato de personas; en cambio ahora derivan de la concesión incruenta de negocios por parte del Estado.

Para la construcción de una sociedad abierta y democrática, el contubernio entre poder público y aparato empresarial no puede ser menos recomendable. Con la excusa de muletillas ideológicas -la creación de la burguesía nacional, el objetivo de la autonomía energética o la nacionalización de empresas estratégicas, entre otras-, se desalienta la creatividad y la competencia. El mérito es sustituido por el contacto político, de modo tal que los empresarios terminan convertidos en lobbi stas. La degradación a la que inducen estas desviaciones es conocida entre nosotros: la política y el mercado se convierten en una ciénaga de servilismo y corrupción.

Diario La Tercera de Santiago de Chile
Huelga mapuche: Una sombra para el legado de la Concertación

Por Patricio Navia


El conflicto mapuche ya ha opacado las celebraciones del Bicentenario y puede convertirse en un dolor de cabeza permanente para el gobierno de Sebastián Piñera. Pero también amenaza con ser una dañina sombra para el legado de la Concertación.

Es verdad que la exclusión del pueblo mapuche no es un resultado de las políticas de los gobiernos de esa coalición. Pero también es cierto que la Concertación no puede sumar a sus muchos logros el haber solucionado el problema de exclusión que afecta a un número desproporcionadamente alto de representantes de los pueblos originarios. Ya que la Concertación nunca pareció dimensionar adecuadamente el problema, ofreció soluciones insuficientes que tendían a reducir el problema a una cuestión de tierras.

Pero el uso de la ley antiterrorista contra activistas mapuches sí es un patrimonio de los gobiernos de la Concertación. En forma valiente, la presidenta del PPD, Carolina Tohá, hizo un mea culpa, presumiblemente a nombre de su partido. Pero en tanto los ex presidentes que autorizaron -explícita o tácitamente- las políticas que aplicaron la ley antiterrorista no se pronuncien, las palabras de la ex diputada seguirán siendo insuficientes.

Los ex jefes de Estado concertacionistas han guardado un inaceptable silencio respecto a las responsabilidades que les cabe a sus gobiernos. Si la eventual formación de la mesa de diálogo supone reconocimientos de todos los sectores, el silencio de la más probable candidata presidencial de la Concertación en 2013 (Bachelet) ha sido especialmente poco conducente a buscar soluciones a la crisis actual.

A mediados de la década del noventa, en una gira presidencial a Estados Unidos, al ser consultado si el conflicto indígena de Chiapas podía también aparecer en Chile, Eduardo Frei descartó que Chile tuviera ese tipo de problemas. En su primera gira presidencial a Europa, en mayo de 2006, Bachelet fue respetuosamente invitada por el escritor José Saramago a mirar a los mapuches. Pero la minimización del conflicto mapuche por parte de los gobiernos de la Concertación contribuyó a empeorar la crisis.

Porque su responsabilidad es evidente, la Concertación no saldrá inmune de esta crisis. Pero el Presidente Piñera fue electo para solucionar problemas que la Concertación no supo enfrentar.

El compartir los costos pudiera unir a la Alianza y a la Concertación en buscar una solución. Ya que la legitimidad futura de los dos principales líderes políticos, Piñera y Bachelet, está bajo amenaza, hay incentivos para colaborar. Un primer paso sería que la más probable candidata presidencial de la Concertación reemplace a los cuatro diputados en huelga de hambre como la voz de esa coalición en forjar un diálogo que permita una solución a la crisis actual.

Como el gobierno de la Alianza y la Concertación están en este barco, cuya estabilidad está amenazada por el conflicto mapuche, parece razonable esperar que los líderes de ambas coaliciones disciplinen a sus militantes y busquen una salida en conjunto. Los costos de no hacerlo son demasiado altos para toda la clase política.