¿Quién manda en la salud en Chile?

Ofrecemos hoy  la segunda parte del aporte de Ciper Chile sobre la agenda de salud del gobierno chileno. Ayer nos concentramos en  Fonasa, en las deudas del Estado con los privados y en los verdaderos planes en el sector salud que tiene el nuevo gobierno, y hoy responderemos la pregunta de quién manda en la salud en Chile. Esta es la respuesta que nos da Ciper.


Por Marcela Ramos
CIPER CHILE

En el mundo de la salud es comentario obligado el protagonismo que ha adquirido el director de Fonasa. Al traspasarle Piñera el control de gran parte del manejo financiero del Ministerio de Salud le dio fuerza a la muñeca negociadora de Mikel Uriarte frente a los privados y aumentó su poder sobre los servicios públicos (mal que mal, es el que abre o cierra la llave). Como consecuencia de ello, el ministro Jaime Mañalich y sus subsecretarios se han concentrado en “lo sanitario”; y cada tanto se los menciona como candidatos a dejar sus cargos en un eventual cambio de gabinete.

Pero hay otro hecho en este cambio de roles y planes pilotos que ha pasado mucho más inadvertido: el peso del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet. En el gobierno confidencian que monitorea en forma constante lo que pasa en Salud y que su influencia es notoria en las decisiones del área.

Su interés no es nuevo. En 2008, el entonces director del Instituto Libertad y Desarrollo publicó un artículo en La Tercera. Allí señaló, a propósito de la vergonzosa inauguración del hospital de Curepto -con camas y pacientes prestados-, que “cada cierto tiempo la prensa nos informa de casos de negligencia, de incumplimiento de los compromisos del Auge y largos tiempos de espera”.

Según Larroulet, esto era consecuencia de que los hospitales públicos no poseían la institucionalidad adecuada. “No están los incentivos ni la organización adecuada para el buen servicio”, sentenció. Y propuso entonces tres políticas que podrían solucionar los problemas. La primera era permitirles a los ciudadanos que escogieran libremente dónde atenderse: hospital público o privado. Para ello se les entregaría, “a los sectores bajos y medios”, un bono de salud “que haga posible la libertad de elección”.

Su segunda propuesta fue “permitir la competencia” entre todas las instituciones de Salud. Así, “éstas se esfuerzan para atender mejor a los enfermos”. La tercera era cambiar la organización de los servicios públicos, transformando a los hospitales y consultorios “en empresas estatales con autonomía y flexibilidad”.

Larroulet imaginaba sociedades anónimas hospitalarias, constituidas “con participación minoritaria del Estado, dando una opción preferente a sus funcionarios y abiertas a la incorporación de entes privados interesados en asociarse”.

Ahora que Larroulet está en el motor principal del gobierno, muchos piensan que tiene en su mano la llave para aplicar sus recetas. Una fuente oficialista asegura que la agenda privatizadora de Libertad y Desarrollo pesa en Salud. Larroulet habría sugerido algunos de los puestos clave de esa cartera, incluyendo la subsecretaria Lilian Jadue y los principales asesores.

Otro factor que refuerza esa influencia es la composición de la comisión de expertos creada por Piñera para reformar la salud. Entre los doce convocados, casi la mitad están vinculados directamente a la salud privada: Fabio Valdés, director de la Clínica Dávila e íntimo amigo del Presidente; Rafael Caviedes, director ejecutivo de la Asociación de Isapres y director de la Asociación Latinoamericana de Salud Privada; Gonzalo Simón, gerente de estudios de la Asociación de Isapres; César Oyarzo, gerente general de Integramédica y Andrés Tagle, ex vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Isapres

-Siempre hay intereses detrás de estas comisiones, pero lo bueno es que aquí están explícitos –se consuela uno de los integrantes de esa comisión, quien dudó si valía la pena integrarse a ella.

En la Concertación analizan los pasos a seguir. Ex autoridades del ministerio se han agrupado para oponerse a lo que estiman un proceso privatizador en marcha. Pero el debate interno es ácido: un sector de la DC le echa la culpa al PS por parar las concesiones de hospitales que Lagos había comenzado y Bachelet tenía que inaugurar. Mientras allí se discute, los que saben de este negocio siguen moviendo sus fichas.

A comienzos de mayo el Grupo Said, controlador de Parque Arauco y la embotelladora Andina, anunció la compra de Integramédica, una red de trece centros que en 2009 tuvo ingresos por 120 millones de dólares y que se presenta como “el principal prestador de salud ambulatoria del país” en las páginas económicas de los diarios. Para adquirir Integramédica, los Said se asociaron con el fondo de inversión Linzor Capital.

El mismo equipo adquirió a fines de 2007 la isapre ING, la cual, ahora como Cruz Blanca, dio vida a un holding que hoy está compuesto por la isapre, la red de centros Integramédica y otras tres clínicas privadas. El domingo 5 de septiembre, en El Mercurio, los rostros de este negocio ahondaron en sus planes futuros. “Lo esperable es que la industria como tal se duplique de aquí a un período de 10 años. Eso abre un enorme campo de oportunidades para seguir creciendo”, afirmó Tim Purcell, fundador de Linzor Capital, director de Celulosa Arauco y Cruz del Sur. De acuerdo a revista Qué Pasa es conocido en el mundo de los negocios como un “cazador de oportunidades”, un talento que varios ejercitan en estos días para maximizar los beneficios que se esperan en el mercado de la salud.

El error de las listas de espera

A fines de julio, el Presidente Piñera hizo un anuncio espectacular: en sólo 70 días su gobierno había logrado reducir a la mitad las listas de espera Auge. Sin invertir más recursos ni realizar operativos especiales, su administración había avanzado en sólo dos meses más que la Concertación en los cuatro años del Auge.

“De las 360 mil personas que teníamos (en listas de espera) el 21 de Mayo, 180 mil han sido atendidas en estos 70 días y las listas de espera se han reducido a la mitad, es decir, a 180 mil personas. Y esa es una muy buena noticia”, se felicitó el Presidente. Estaba en La Moneda, rodeado por los 12 profesionales del Panel de Expertos en Salud convocados para abordar temas de fondo: proponer las bases para una gran reforma a la Salud y hacerse cargo de los efectos del fallo del Tribunal Constitucional entre los afiliados a las isapres, entre otros puntos.

Tras la noticia, llovieron las acusaciones. Vivianne Bachelet, vocera del Frente Amplio de Defensa de la Salud Pública, señaló que el anuncio era tramposo, pues tras la reducción no había acciones médicas sino informáticas.

A los pocos días el Presidente reconoció que sí, que había existido una depuración. Pero afirmó que se trataba de 40 mil casos, un porcentaje menor, que no opacaba el logro. De acuerdo a los antecedentes recogidos por CIPER, al Presidente le faltó aclarar otro error de su anuncio: en la lista de espera Auge no se suman personas sino garantías. Esto quiere decir que, si hubo una disminución del 50%, no significa, como se dijo, que 180 mil personas fueron atendidas y de alguna manera sacadas del sistema. Sino que X personas (no sabemos cuántas), beneficiarias de 180 mil “garantías de oportunidad”, fueron atendidas. Ahora, es muy probable que esas personas hayan salido de una lista para ingresar a otra, pues una misma enfermedad puede generar varias garantías. El sistema es una trenza y cada problema de salud tiene sus etapas y tiempos de atención.

El Presidente tampoco explicó de dónde sacó los 360 mil casos que fijó el 21 de Mayo. “Esa cifra viene de la investigación que hizo el gobierno y ellos determinaron que había 360 mil”, justifica Mikel Uriarte, director de Fonasa, institución que administra el sistema informático del Auge.

Días después del discurso ante el Congreso, El Mercurio informó que los casos atrasados sumaban 272.278. Luego, el 9 de julio, La Nación publicó que, al mes de junio, los retrasos eran 246.724. Es decir, en un mes, las garantías retrasadas ya habían disminuido en 100 mil.

¿Puede explicar cómo lo lograron?, consultó CIPER a Uriarte.

-Las primeras bajas que existieron fueron 40 mil por temas estadísticos, personas que estaban muertas, gente que se fue a la libre elección. Después se disminuyeron 120 mil reales. Al final los servicios empezaron como locos a hacer las cataratas, lo que tenían pendiente, y ya estamos en 180 mil.

-El milagro de las cataratas podría llamarse…

-No, además hubo otras cosas, que son muy sencillas.

Lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta cuántos son los retrasos reales en las garantías del Auge. Ni el Presidente ni el director de Fonasa ni los encargados del sistema informático del Auge, el SIGGES. Por varias razones: porque el sistema tiene inconsistencias; porque el Ministerio no puede hacer un seguimiento al detalle de las atenciones por nombre o RUT del paciente; y porque hay enormes diferencias informáticas entre los hospitales y los consultorios, encargados de ingresar los datos al sistema.

En septiembre de 2007, la Cámara de Diputados creó una Comisión Especial Investigadora para indagar sobre las causas de retrasos e incumplimientos en el Auge. Una de sus “áreas de trabajo” fueron las serias deficiencias del SIGGES, pues costó caro (5 mil 600 millones de pesos) y no funciona bien. Como el Transantiago.

Según se explica en el informe ejecutivo de la Comisión Investigadora, “no existen mecanismos de control que permitan asegurarse que los funcionarios del sistema digiten la información y el registro de las atenciones”. Luego se concluye: “FONASA se ha demostrado incapacitado para operar el sistema informático diseñado por Entel. Esto trae como consecuencia que todo el registro del Plan GES y su fiscalización no es confiable, poniendo en peligro la reforma completa”.

Un año después del informe de la Comisión de la Cámara, la Contraloría realizó una investigación en Fonasa. El objetivo era evaluar el funcionamiento integral del servicio y rápidamente se les apareció el SIGGES. Tras dos años de investigación, a comienzos de 2010, Hernán Monasterio (PS), ex director de Fonasa, fue sancionado por no haber puesto término al contrato con Entel, pese a las evidentes fallas del sistema.

Camas millonarias

Por Lissette Fossa

“Todos vamos a tener que hacer el esfuerzo de llevar los precios de las prestaciones privadas a los aranceles de Fonasa”, decía en marzo el empresario Andrés Navarro, al anunciar que la Clínica Las Condes, de la cual es socio, participaría en la licitación de camas que el gobierno haría para suplir los espacios que se perdieron producto del terremoto. Finalmente la oferta de dicho centro asistencial privado para camas UTI fue la más cara: $963.707 por día.

Si bien la Clínica Las Condes es la más cara y exclusiva del mercado, la experiencia abre dudas sobre cuán conveniente resulta la anunciada alianza público-privada para satisfacer las demandas que los servicios estatales no pueden cubrir. Los gremios de la salud exigen abrir más camas en los hospitales, pero el modelo apunta a complementarlo con una mayor participación de los establecimientos privados.

El Ministerio de Salud se ha centrado en la respuesta inmediata, que consiste en facilitar la compra de días camas a entes privados, un proceso iniciado en los últimos años de gobierno de la Concertación. Se argumenta que la nueva versión ha abaratado costos, pues se ha eliminado la incertidumbre del costo final de las prestaciones logrando buenos precios de camas integrales (que incluyen medicamentos y exámenes). Sin embargo, el precio pactado con muchas de las clínicas puede llevar a pagar el doble o el triple de lo presupuestado inicialmente.

Ya en 2005 y 2007 Fonasa había licitado ciertas prestaciones médicas, éstas últimas con otro tipo de cama integral. El convenio fijaba precios de referencia, como una cama UCI adulto en $165.610 y una cama básica adulto en $26.000. La adjudicación de 2007 bordeaba esas cifras, siendo la más costosa una cama UCI para adultos: $345.000. Desde 2009, los pacientes eran derivados por la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) del ministerio, que privilegiaba las camas disponibles en el sistema público y luego en el privado, desde la más económica hasta la más cara.

Sin embargo, en abril de este año, el nuevo equipo ministerial decidió realizar una nueva licitación, con camas integrales que incluían más atenciones. A pesar de las expectativas, sólo se logró licitar 708 camas.

El análisis de los datos recopilados por CIPER muestra que el valor licitado es alto: las camas más demandadas, UCI y UTI adulto, presentan un valor promedio de la licitación de $1.048.000 y $720.000 respectivamente. En el caso de la cama básica, el valor promedio es de $313.000. Entre los oferentes más caros en camas UCI en regiones se encuentra la Clínica Universitaria de Concepción, con $1.500.000, mientras que en Santiago, las más caras son la Clínica Santa María, Clínica Alemana y Clínica Las Condes, que sobrepasan el millón de pesos por día cama UCI.

La licitación supone que se fije un precio promedio por todo lo que incluye la cama integral, es decir, el servicio es el mismo en todas las instituciones, pero debido a que el riesgo de los pacientes es alto, varias clínicas fijaron el precio en el valor más alto que podría costar el día cama, aunque esos exámenes o medicamentos pueden no realizarse.