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JUSTICIA ARGENTINA ORDENÓ DETENCIÓN DE 20 IMPUTADOS POR CRÍMENES COMETIDOS DURANTE EL FRANQUISMO
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| La jueza María Servini de Cubría |
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La magistrada argentina María Servini de Cubría, titular del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, encomendó a la
Interpol el arresto preventivo de los imputados con fines de extradición para
ser interrogados, según indica el Centro de Información Judicial (CIJ).
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A Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975
y 1976 y que había ocupado previamente altos cargos de responsabilidad en el
régimen franquista, se le piden responsabilidades por la muerte en la ciudad
vasca de Vitoria (norte) en marzo de 1976 de cinco trabajadores por una carga
policial.
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A Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto
Ruiz Gallardón, quien encabezó la cartera de la Vivienda en 1973 y fue ministro
secretario general del Movimiento (1974-75), por su responsabilidad en la pena
de muerte del anarquista Salvador Puig Antich, el último ajusticiado a garrote
vil en España (1974).
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La detención de Fernando Suárez, ministro de Trabajo y
vicepresidente del gobierno en 1975, fue solicitada por su presunta
responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por el
régimen franquista en septiembre de 1975 (dos miembros de ETA y tres del FRAP
-Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico-).
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Figuran también Antonio Carro Martínez, ministro de la
Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975)
y vicepresidente (1974-1975); Antonio Barrera, ministro de Hacienda
(1973-1974), ya fallecido; José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de
Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977)
y vicepresidente del Gobierno (1976-77).
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Además, están imputados el excapitán de la antigua Policía
Armada Jesús Quintana Saracíbar y siete expolicías: Jesús González Reglero,
Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús
Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés, y Atilano del Valle Oter.
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Los últimos reclamados por la Justicia argentina son Carlos
Rey González, quien fuera miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador
Puig Antich, los antiguos jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas
Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer.
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La jueza federal argentina lleva adelante la causa abierta
en Buenos Aires por crímenes cometidos durante la Guerra Civil Española y el
franquismo, en virtud del principio de Justicia universal, a la que se han
sumado víctimas tanto en España como en Argentina.
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En declaraciones a Efe, la querellante Adriana Fernández
dijo estar "orgullosa, como nieta de republicanos y como argentina, de que
acá pueda haber justicia para las víctimas de España, porque lamentablemente
allá no hay justicia para estos casos".
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"Muchas víctimas de la última parte del franquismo
están viendo su sueño de justicia realizado hoy", agregó Fernández.
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El abogado de la querella Máximo Castex mostró también a Efe
su satisfacción por una orden judicial que, a su juicio, "da una respuesta
positiva al pedido de las víctimas".
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Castex se mostró confiado en que los imputados deban
comparecer ante la Justicia española por las peticiones de extradición, tal y
como ocurrió previamente con el exinspector Antonio González Pacheco, alias
Billy el Niño, y el excapitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas Aguilar,
acusados de torturas.
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Ambas órdenes de extradición fueron denegadas por la
Audiencia Nacional española por considerar que los crímenes de los que se
acusaba a González Pacheco y Muñecas Aguilar habían prescrito y no eran
constitutivos de genocidio.
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La querella que originó esa investigación, presentada en
abril de 2010 por "delitos de genocidio y/o de lesa humanidad",
abarca desde el 17 de julio de 1936, fecha del levantamiento militar con que
comienza la Guerra Civil española, hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las
primeras elecciones democráticas en España tras la dictadura.
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