KRADIARIO

TERRORISMO

BUSCAN ACLARAR SI LOS ASALTANTES DEL CUARTEL DE LA PDI SALIERON O NO DE LA UNIVERSIDAD ACADAMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, llamó a la ciudadanía a “colaborar” para que los autores del atentado ocurrido este lunes contra un cuartel de la PDI en la comuna metropolitana de Providencia, “sean identificadas lo antes posible”.

“Nosotros no queremos impunidad frente a este  hecho y por eso hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado y ocuparemos todas las herramientas legales que se necesiten para que estas personas cumplan las máximas condenas posibles ante el poder judicial”, señaló el secretario de Estado.

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“Aquí lo importante es que ningún chileno, ninguna persona se puede sentir con la libertad de atacar un centro policial como lo que vimos ayer, hecho condenable, hecho que requiere de las máximas sanciones y por eso nosotros hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado”, añadió Peñailillo.

“Hemos invocado una ley muy dura, una ley que lo antes posible va a permitir tener a estas personas en manos de la justicia, y lo que llamamos es a la colaboración de las policías y al trabajo que está haciendo la policía en este momento que es un trabajo sin parar desde el día de ayer y que va a seguir así hasta encontrar a los responsables de este hecho”, agregó. Sin embargo algunos opinólogos señalaron que la ley y su aplicación era una cosa, pero otra muy distinta eran las acciones que se emprendan para poder ubicar y detener a los autores y llevarlos a la justicia. Mientras no se logre esto el avance puede ser poco o nada, porque sería el mismo resultado que el Gobierno ha tenido frente a los atentados con bombas.

Según los antecedentes recopilados de testigos, el atentado fue realizado por 8 desconocidos, causando daños en un vehículo institucional y en otro particular de uno de los funcionarios. Dos a tres funcionarios policiales resultaron con lesiones leves.

Los encapuchados habrían lanzado cinco bombas molotov, que causaron los daños materiales. 

Hecho premeditado

Por otra parte, el jefe nacional de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), prefecto Sergio Claramunt, afirmó en El Diario de Cooperativa que el ataque con bombas molotov al cuartel de la BH ubicado en Condell, en Providencia, fue un hecho premeditado y que se evaluarán las medidas de seguridad del recinto.

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Claramunt defendió el actuar del personal ante el hecho, que utilizó escopetas antidisturbios, y descartó que se haya disparado hacia la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, desde donde habrían salido los atacantes.

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"Se repele este acto en forma racional y proporcional al ataque que ellos nos efectuaron. El ataque fue por el frente a esta unidad policial, por calle Condell, y la dirección fue de norte a sur, nunca se ingresó de frente a la universidad. No se disparó hacia el interior de la universidad o si no habría otro tipo de evidencias al interior de la universidad", afirmó.

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Añadió que los peritos "ingresaron a la universidad en forma voluntaria, se autorizó el ingreso y se levantaron varias evidencias que estarían relacionadas con este hecho. Entre ellos acelerantes, los trajes que estas personas utilizaron y se están periciando durante todas estas horas".

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El prefecto de la PDI sostuvo que "las medidas de seguridad después de ocurrido este acto puntual tiene que reevaluarse, ver si colocaremos más seguridad".

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"La seguridad al interior de nuestros recinto está, éste es un hecho puntual, que se actúa de forma sorpresiva, es un hecho premeditado. Esto no nos amedrentará en relación a nuestro desarrollo, darle seguridad a nuestra gente", declaró.

Presentan querella

Esta mañana se presentó una querella por abogados de la Indentencia de Santiago  para buscar sancionar a los responsables del ataque con bombas mólotov a la Brigada de Homicidios de la PDI, ocurrido ayer.

La querella recurre a la Ley de Seguridad del Estado y no a la ley Antiterrorista. Según explicó hoy el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, la decisión se motiva porque la primera resultaría "más efectiva" que la segunda a la hora de buscar responsables.

Uno de los problemas que acusa el gobierno es que la ley antiterrorista implica probar un elemento "subjetivo", como es el "infundir temor en la población".

Luego de la reunión, el fiscal Alberto Ayala señaló que "no creo que debamos entrar en un debate de cuál legislación es más importante, si se invoca o no la Ley Antiterrorista, lo que interesa es cuál es el instrumento más práctico, y esos instrumentos no están" en la actual legislación.

El intendente metropolitano señaló que es de gran preocupación en el gobierno  "el nivel de planificación de organización y de crueldad. Le pusieron candado a la puerta del cuartel y estaban vestidos a casi a usanza de la misma PDI".

Ante esto, señaló que "todo el foco de atención está en perseguirlos, identificarlos, detenerlos y juzgarlos, que es lo que la ciudadanía espera".

Por su parte, el fiscal Ayala señaló que la causa "ya fue remitida a la fiscalía Ñuñoa-Providencia", que es la repartición que debe conocer los hechos por la jurisdicción territorial. Además declaró que en estos momentos "lo que más nos interesa es determinar quiénes fueron, de dónde salieron, si salieron o no de la universidad, porque hoy día no tenemos antecedentes concretos para determinar si son o no de esa universidad".

  

La querella

Según detallaron desde la Intendencia, la querella presentada hoy apela a la Ley de Seguridad del Estado, pero además contempla otros tres delitos:

*Ley de seguridad del Estado: Se invocó al artículo 6º, porque hay una grave alteración al orden público y porque tiene una alta pena, que va desde los 541 días a 5 años.

*Porte de artefacto incendiario: Además se apela a este delito, que contempla sanciones desde los 3 años y un día a 10 años.

*Delito de incendio: 3 años y un día a 10 años.

*Delito de lesiones a funcionarios policiales: 61 a 540 días.