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lunes, 10 de noviembre de 2014

OPINIÓN
LA UNIDAD SOCIAL Y POLÍTICA DEL PUEBLO

Por Camilo Escalona

En el Pleno del Partido Socialista el último sábado, el senador y Presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker,  hizo un paralelo conceptual entre el Acuerdo suscrito por los Partidos agrupados en el conglomerado Nueva Mayoría para sustentar el actual gobierno, y el planteamiento acerca de la unidad social y política del pueblo que, a fines de los años sesenta, hiciera el líder demócrata-cristiano que compitiera por alcanzar la Presidencia de la República, Radomiro Tomic.

Al hacerlo reiteró enfáticamente la idea que la actual administración es “nuestro” gobierno, desestimando con ello, las dudas legítimas o las interpretaciones interesadas surgidas en los últimos días, a propósito de las agudas divergencias surgidas públicamente en el bloque de la Nueva Mayoría.

Se confirma así la estabilidad del conglomerado gubernamental, lo que descarta aquellos negros augurios que estaban a la espera de una crisis mayor, que deviniera en un conflicto de graves proporciones y funestas repercusiones en el ejercicio de gobernar el país.

En la derecha se quedaron con las ganas de presenciar una agria y muy desafortunada división en el bloque de gobierno.

De modo especial, recojo la idea que la existencia del conglomerado Nueva Mayoría es una expresión concreta del planteamiento de Tomic, de la unidad social y política del pueblo. Miradas las cosas desde esa perspectiva, se trata de un buen avance hacia una etapa que permita la concreción de las reformas en contra de la desigualdad en un nuevo gobierno.

De esa forma, se va superando el criterio que el actual ejercicio de compartir la tarea de gobernar tiene  “fecha de vencimiento”.

Un pensamiento político que se apoye en la formulación creada por Tomic, necesariamente se proyectará con una mayor perspectiva en el tiempo, de manera que desde el trabajo conjunto y la reflexión colectiva se superen desavenencias injustificadas o artificiales, y se generen los criterios requeridos para abrir paso a las reformas estructurales comprometidas con el país, y se afiancen las condiciones para avanzar hacia un nuevo periodo presidencial. Chile lo necesita.

No cabe duda que la amplitud y el alcance de las reformas que se despliegan en el país exigen de un tiempo político necesario para realizarse; es decir, que  no se imponen mediante un simple acto de voluntad. Su debate y aprobación parlamentaria, su implementación en la gestión administrativa del gobierno, su despliegue y consolidación en la existencia cotidiana del país.

Pensemos sólo en el hecho de cuánto tiempo demandará la concreción de la des municipalización de la educación para advertir que las reformas son enormes anhelos y requerimientos societales, pero que por lo mismo no se hacen de la noche a la mañana, en un único acto y simultáneamente.

Esta dimensión es la que no se debe perder de vista para robustecer los esfuerzos políticos encaminados a proyectar la Nueva Mayoría en un nuevo gobierno. Esta es la lealtad que su tarea requiere, mirar a largo plazo y salir de las querellas que lo han afectado.

Las reformas maduran en la conciencia social pero no se hacen realidad por acción espontánea; por supuesto que no se concretan por la iniciativa de las fuerzas ciegas del mercado. Se plasman a través de una acción política que las concreta en la realidad del país.

Las reformas estructurales que se han situado en la agenda nacional surgen y crecen de realidades de enorme profundidad, son procesos complejos por la heterogeneidad de las fuerzas e intereses que se congregan en torno a ellas, se abren paso de manera tumultuosa y conllevan contradicciones de que no pueden ser resueltas de forma fácil, exclusivamente por los movimientos sociales involucrados, sus demandas exigen la presencia coherente de las fuerzas políticas que son aquellas que tienen la responsabilidad de conducir el Estado.

De modo especial, cuando se trata de un Estado democrático en que es la voluntad ciudadana quien elige soberanamente a las autoridades que ejercen el poder Ejecutivo y Legislativo de la nación.

Es por ello que sostener el proceso de reformas hace indispensable que no se generen pugnas secundarias o incomprensiones evitables por asuntos de diseño o polémicas motivadas por el interés de perfilamiento de cada cual.

Las reformas estructurales son una tarea política en que los Partidos tienen la gran posibilidad de reencantar y dignificar su trabajo uniendo y consolidando las mayorías necesarias para avanzar hacia un nuevo Chile, aquel en que sea posible reducir y derrotar la desigualdad que hoy afecta tan severamente a la comunidad nacional.

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