KRADIARIO

Agotadas las críticas destempladas al procedimiento investigativo:

EL PENTAGATE ENTRÓ EN PROCESO DE DESACELERACIÓN MEDIÁTICA

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El caso judicial comenzó hace más de un año con una denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII) por fraude al Fondo de Unidades Tributables (FUT).

Por Hernán Ávalos Narváez

Han cesado las críticas destempladas al procedimiento judicial efectuado en la arista política del Pentagate, mientras continúa bajo reserva la investigación efectuada por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, con una escasa cobertura periodística. Podría decirse que el bulllado caso judicial que involucra a este holding entró en un proceso de “desaceleración mediática”.

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Los representantes legales del conglomerado empresarial fueron denunciados por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por el delito de evasión tributaria mediante la presentación de boletas y facturas falsas, con las cuales pretendieron justificar aportes ilegales a las campañas de algunos políticos, en su mayoría de la derechista UDI.

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Así en dos oportunidades el Octavo Juzgado de Garantía ha ratificado las diligencias efectuadas por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, como son los allanamientos, los interrogatorios, los careos y demás procedimientos de la investigación penal contemplados en la ley.

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Primero fue el juez Sergio Córdova en la audiencia del 14 de octubre pasado quién negó conocimiento del expediente a la defensa de los controladores de Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Luego fue el juez Daniel Aravena quien en audiencia efectuada dos días después resolvió lo mismo respecto del ex gerente del Banco Penta Hugo Bravo.

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En ambas audiencias se les comunicó a Délano, Lavín y Bravo que estaban siendo investigados por los delitos denunciados por el SII y que cómo aún la investigación no está formalizada, resultaba improcedente que sus abogados tengan acceso al expediente reunido por los fiscales Gajardo y Norambuena. Sus respectivas defensas admitieron el revés y no recurrieron de apelación.

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La queja de Velasco fue improcedente

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Así quedó en evidencia la inconsistencia del reclamo profusamente difundido por el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, por el supuesto atropello a sus derechos, en el allanamiento de  su oficina en busca de documentación. En los hechos los fiscales solicitaron la orden al juez de garantía de turno, para que la policía incautara computadores, agendas, boletas, facturas, chequeras, entre otros papeles que puedan servir como evidencia.

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Ocurre que los fiscales tienen la responsabilidad de llevar adelante la acción penal con miras a un eventual juicio oral. Para ello cuentan con el auxilio de la policía y demás instituciones del Estado. Y tratándose de restricciones a los derechos de las personas, sus actuaciones deben ser autorizadas por el juez de garantía. Así resulta insensato decir que había que esperar el regreso de Velasco al país, para obtener eventuales pruebas en su contra.

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La arista política del caso Penta comenzó, oficialmente, el 8 de octubre último, con la denuncia criminal del SII ante la Fiscalía Oriente, por la presentación que hizo Penta entre los años tributarios 2009 a 2010 de 258 boletas y facturas falsas destinadas a financiar campañas políticas, mediante asesorías profesionales que nunca se realizaron, causando una evasión tributaria por un monto líquido de $615.745.000 en perjuicio del Estado. Sólo Penta Corredores de Bolsa, filial de Banco Penta presentó $2.000 millones en papeles falsos.

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En su denuncia a la justicia el SII tuvo especial cuidado en direccionar su acción en contra de “los representantes legales”, sin mencionarlos, pertenecientes a las sociedades Penta S.A., Inversiones Penta III Ltda., Inmobiliaria Duero Ltda., Inversiones Challico Ltda., Inversiones Santa Sarella Ltda., e Inversiones Perkita Ltda., todas integrantes del mismo conglomerado empresarial.

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Pero los implicados ya habían sido mencionados una semana antes, el 30 de septiembre último, por el reportaje de Ciper Chile titulado “Las Caja Negra de las Platas Políticas Que Sacude a la UDI”, como en otros que le sucedieron, ninguno de los cuales ha solicitado rectificación a la publicación, ni menos ha presentado querellada por injurias y calumnias con publicidad.

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Además de Velasco fueron mencionados por Ciper Chile obteniendo financiamiento ilegal de Penta para sus campañas políticas mediante la emisión de facturas falsas, la senadora Ena Von Baer, el senador Iván Moreira, el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquet, el diputado Antonio Kast, el ex diputado Alberto Cardemil, el ex candidato presidencial Laurence Golborne, la ex candidata presidencial Evelyn Matthei y el diputado y presidente de la UDI Ernesto Silva. Y el presidente de la Fundación Jaime Guzman, Jovino Novoa, sólo en la función de distribuir los dineros malhabidos.

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Luego que su nombre fuese involucrado, Andrés Velasco demoró dos semanas en explicar en público y ante la prensa que, efectivamente, había ofrecido asesorías profesionales a Penta. No dio detalles a la opinión pública. Pero al igual que los restantes políticos mencionados deberá explicar ante los fiscales y,  eventualmente, probar en el juicio oral, la cantidad de $20 millones que recibió en pago por esas asesorías, a quiénes se las ofreció, sobre qué materias versaron, los días y horas dedicadas a ese trabajo para el cual habría sido contratado.

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Lo curioso fue que Andrés Velasco después de ser precandidato presidencial del conglomerado de centroizquierda Nueva Mayoría que ganó las últimas elecciones con Michelle Bachelet, formó tienda aparte como abanderado del movimiento del centro político Fuerza Pública, con un discurso sobre la transparencia en la función política. Pero a poco de aparecer involucrado en el caso Penta, condujo su referente hacia la derecha y formó alianza con el movimiento Amplitud, desgajado del derechista partido Renovación Nacional.

El caso Penta comenzó hace 12 meses

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El caso Penta comenzó un año antes en la investigación por fraude al Fondo de Utilidades Tributables (FUT). El  22 de octubre de 2013 el SII detectó devoluciones indebidas de impuestos entre los años 2007 y 2010 que beneficiaron a 122 contribuyentes y sociedades comerciales con un perjuicio para el Estado por $2.546 millones. Luego presentó una querella criminal contra el contador Sergio Enrique Pérez, el ex fiscalizador del SII Eduardo Álvarez Díaz, otros siete contribuyentes que prestaron sus identidades y de quienes resulten responsables.

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Avanzada la investigación penal, el 25 de julio de 2014, el SII amplió la querella a otras 76 personas y sociedades comerciales. Entre ellas la ex funcionaria del SII Mitzi Carrasco Rioseco, el abogado Roberto Freeman Cáceres y los contadores Hernán Díaz Bahamondes y Eduardo Tillería Hinojosa.

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Los implicados en el fraude fueron formalizados de la investigación y en su mayoría están con la medida cautelar de prisión preventiva. Arriesgan penas de entre tres y 15 años de presidio.

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Prosiguiendo con la investigación cuatro días después, el 29 de julio pasado, el SII presentó una denuncia criminal ante la fiscalía en contra del ex director del Banco Penta Hugo Bravo López, por haber obtenido devoluciones ilegales de impuestos por intermedio de las sociedades Inversiones Challico Ltda. e Inversiones Santa Sarella Ltda. El perjuicio contra el Estado fue calculado en $260 millones entre los años tributarios 2007 y 2013. Bravo había renunciado al banco sólo seis días antes de que fuese denunciado a la justicia.

En sus declaraciones Bravo ofreció cooperar con la investigación para aminorar su eventual responsabilidad penal y reveló procedimientos dolosos realizados en las sociedades en que tuvo participación, para obtener devoluciones indebidas o burlar los impuestos. Así el  26 de agosto último el SII dedujo una denuncia criminal ante la Fiscalía Oriente, en contra de los socios controladores  del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

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En la especie la acusación contra Délano y Lavín, fue por utilizar boletas de honorarios falsas presentadas por sus cónyuges, para disminuir la base imponible del impuesto a la renta en las sociedades comerciales Penta III Ltda. y Los Estancieros Ltda., las cuales ellos representan, causando un perjuicio al Estado por $400 millones. La presentación del SII involucra a los gerentes Marcos Castro Sanguinetti, Samuel Irarrázaval Larraín y al propio Bravo López.

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El 29 de agosto pasado Délano, Lavín y sus cónyuges fueron interrogados en calidad de imputados por los fiscales Gajardo y Norambuena en dependencias de la Fiscalía Oriente, por el caso de las boletas falsas. En los días siguientes participaron en similares diligencias los tres gerentes imputados y la investigación derivó en la realización de complejas pericias documentales y contables. El procedimiento siguiente debería ser la audiencia en la cual los imputados son informados de la formalización de la investigación, luego de la cual sus abogados defensores tendrán acceso al expediente reunido por la Fiscalía Oriente con las diligencias efectuadas hasta ese momento.

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La arista política tiene un desarrollo investigativo reciente y como involucra parlamentarios, tendrá la complejidad de los juicios previos para quitarles el fuero de que gozan, antes de ser interrogados por los fiscales.

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