OPINIÓN POLÍTICA
LAS REFORMAS PROMETIDAS NO PODRÁN LLEVARSE ADELANTE EN LA FORMA PROMETIDA
Por Manuel Acuña Asenjo
El sistema constitucional posee una forma de gobierno
democrática representativa. Se construye sobre una periódica realización de
elecciones para determinar las autoridades que han de regir ese sistema de
dominación. La participación ciudadana en cada uno de esos eventos se convierte
en un acontecimiento de especial relevancia; y es que tiene por finalidad
legitimar la vigencia del propio sistema. Cuando así no ocurre, aquel se torna
tremendamente vulnerable.
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En las elecciones de diciembre pasado, no hubo una participación ciudadana que legitimara ipso facto, ipso jure, a la mayoría triunfante. Solamente un 40% de la población hábil para votar se hizo presente en tales elecciones, lo que puso de manifiesto la profunda desconfianza que siente gran parte de aquella en lo que se ha dado en llamar ‘clase política’ que, en estricta teoría, corresponde a lo que constituye la ‘escena política’ de la nación.
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Es cierto que el sector denominado ‘Nueva Mayoría’ sobrepasó ampliamente a su rival, la ‘Alianza Por Chile’, que sólo obtuvo un 38% de aquel 40% en tanto la candidata Michelle Bachelet recibió un 62%. Sin embargo, es necesario tener presente el fenómeno de la abstención, es decir, que el 60% de la población nacional había rechazado concurrir a votar, situación que permitió poner de manifiesto un hecho trascendental: el Gobierno recién electo gobernaría solamente con un apoyo ciudadano que no se elevaría más allá de un 24% de esa población nacional.
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En estricta verdad, un Gobierno de minoría como jamás se había visto desde el advenimiento de la democracia post dictatorial. Se puede decir, entonces, que Bachelet ganó, pero lo hizo en condiciones precarias. En condiciones de extrema debilidad. Lo que ponía, forzosamente, en difíciles condiciones su programa de gobierno.
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Y si ya antes de la justas electorales ese programa contaba con el beneplácito del empresariado nacional, que no veía en su contenido una amenaza real en contra de sus intereses, las condiciones de extrema debilidad en que la coalición triunfante se hacía cargo del gobierno de la nación brindaban a las clases dominantes condiciones extremadamente favorables para introducirle mayores talas y reajustes a las susodichas reformas; en buen chileno, el resultado electoral permitía al empresariado y sectores políticos que representan naturalmente esos intereses de clase, extraer, con extraordinaria facilidad, ‘las castañas con la mano del gato’.
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Agreguemos otra circunstancia: a poco andar, la nueva coalición gobernante comenzó a exhibir su verdadero rostro. No hay independencia del pacto respecto de los partidos políticos; por el contrario, se instala un comité político integrado por los máximos dirigentes de los partidos como organismo de consulta que se reúne una vez a la semana en La Moneda y gran parte de las reformas comienzan a ser examinadas por ‘Comités de Expertos’.
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El programa, por otra parte, se ha revelado como un resumen bastante distorsionado de las demandas populares, tremendamente ambiguo, la nueva forma de gobernar prometida durante la campaña electoral se muestra en toda su precariedad, y las promesas hechas al electorado se diluyen al compás de los acontecimientos.
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En las elecciones de diciembre pasado, no hubo una participación ciudadana que legitimara ipso facto, ipso jure, a la mayoría triunfante. Solamente un 40% de la población hábil para votar se hizo presente en tales elecciones, lo que puso de manifiesto la profunda desconfianza que siente gran parte de aquella en lo que se ha dado en llamar ‘clase política’ que, en estricta teoría, corresponde a lo que constituye la ‘escena política’ de la nación.
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Es cierto que el sector denominado ‘Nueva Mayoría’ sobrepasó ampliamente a su rival, la ‘Alianza Por Chile’, que sólo obtuvo un 38% de aquel 40% en tanto la candidata Michelle Bachelet recibió un 62%. Sin embargo, es necesario tener presente el fenómeno de la abstención, es decir, que el 60% de la población nacional había rechazado concurrir a votar, situación que permitió poner de manifiesto un hecho trascendental: el Gobierno recién electo gobernaría solamente con un apoyo ciudadano que no se elevaría más allá de un 24% de esa población nacional.
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En estricta verdad, un Gobierno de minoría como jamás se había visto desde el advenimiento de la democracia post dictatorial. Se puede decir, entonces, que Bachelet ganó, pero lo hizo en condiciones precarias. En condiciones de extrema debilidad. Lo que ponía, forzosamente, en difíciles condiciones su programa de gobierno.
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Y si ya antes de la justas electorales ese programa contaba con el beneplácito del empresariado nacional, que no veía en su contenido una amenaza real en contra de sus intereses, las condiciones de extrema debilidad en que la coalición triunfante se hacía cargo del gobierno de la nación brindaban a las clases dominantes condiciones extremadamente favorables para introducirle mayores talas y reajustes a las susodichas reformas; en buen chileno, el resultado electoral permitía al empresariado y sectores políticos que representan naturalmente esos intereses de clase, extraer, con extraordinaria facilidad, ‘las castañas con la mano del gato’.
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Agreguemos otra circunstancia: a poco andar, la nueva coalición gobernante comenzó a exhibir su verdadero rostro. No hay independencia del pacto respecto de los partidos políticos; por el contrario, se instala un comité político integrado por los máximos dirigentes de los partidos como organismo de consulta que se reúne una vez a la semana en La Moneda y gran parte de las reformas comienzan a ser examinadas por ‘Comités de Expertos’.
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El programa, por otra parte, se ha revelado como un resumen bastante distorsionado de las demandas populares, tremendamente ambiguo, la nueva forma de gobernar prometida durante la campaña electoral se muestra en toda su precariedad, y las promesas hechas al electorado se diluyen al compás de los acontecimientos.
La posibilidad de avanzar en el cumplimiento de las promesas
empeñadas se hace así cada vez más difícil. No basta, por ende, que un
enfebrecido diputado, como lo es Jaime Quintana, presidente del Partido Por la
Democracia PPD, pida pasar la ‘excavadora’ (o la ‘retroexcavadora’) por sobre
la normatividad del sistema pues no se llega a la luna sobre las ancas de un
caballo. Ni que otras personas se enfrasquen en discusiones acerca del
cumplimiento de las mismas, como ocurriese con el senador Guido Girardi luego
de oír las palabras de uno de sus colegas de tienda, el senador Felipe Harboe: “El gobierno de Michelle Bachelet es… [un gobierno] de
transición social, donde vamos a tener dos, o, eventualmente, tres reformas
importantes: la tributaria, la educacional y una reforma constitucional, que va
a quedar probablemente lanzada y en discusión”.
A mi juicio, será el futuro gobierno el que profundice esta transición social en la reforma a las AFP, a la salud y una reforma laboral. Para eso, esta coalición tiene que proyectarse en el tiempo . “La palabra empeñada es sagrada y por lo tanto tendremos nueva Constitución al final del Gobierno de la Presidenta Bachelet”, dijo Girardi.
A mi juicio, será el futuro gobierno el que profundice esta transición social en la reforma a las AFP, a la salud y una reforma laboral. Para eso, esta coalición tiene que proyectarse en el tiempo . “La palabra empeñada es sagrada y por lo tanto tendremos nueva Constitución al final del Gobierno de la Presidenta Bachelet”, dijo Girardi.
Sin embargo, aquello no ocurrirá. Aún cuando lo asegure un personero como lo es Rodrigo Peñailillo que representa la voz de la Primera
Mandataria. “El gobierno tiene un calendario muy claro y lo que hemos
dicho es que este año avanzamos con la reforma tributaria, la reforma
educacional en distintos niveles y con la reforma del sistema electoral
binominal” .
“El próximo año comenzamos con la otra reforma estructural
que es una nueva Constitución para Chile, nacida en democracia, como
corresponde a todo país que se siente orgulloso del proceso político que está
viviendo” .
Así, llegamos al núcleo del problema: las reformas
prometidas, a pesar de ser una copia desnaturalizada de las verdaderas demandas
ciudadanas, no podrán llevarse adelante en la forma prometida. No hay
posibilidad de hacerlo. La ciudadanía no ha respaldado al gobierno de Bachelet
porque no tiene confianza en los estamentos que dirigen la política nacional.
No hay confianza en la dirección de la nación, llámese ésta administración,
parlamento, justicia, municipalidad o contraloría.
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Quedan, por consiguiente, como simples aspiraciones las palabras del ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre quien, luego de podar sistemáticamente todas las demandas estudiantiles, sostenga hoy y ante el temor de fracasar en su gestión, en una alocución ante el Pleno del Comité Central del Partido Socialista, que la ciudadanía deberá salir a la calle a defender el proyecto gubernamental.
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Quedan, por consiguiente, como simples aspiraciones las palabras del ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre quien, luego de podar sistemáticamente todas las demandas estudiantiles, sostenga hoy y ante el temor de fracasar en su gestión, en una alocución ante el Pleno del Comité Central del Partido Socialista, que la ciudadanía deberá salir a la calle a defender el proyecto gubernamental.
Un gobierno débil, un gobierno sin apoyo ciudadano no puede llevar adelante transformaciones de magnitud. Mucho menos pensar, ingenuamente, como lo hace un analista, que bastan las mayorías parlamentarias para emprender el camino sin retorno de las transformaciones sociales:
“El futuro de las reformas se basa en comprender que las
mayorías son para usarlas, y que en el proceso hay ganadores y perdedores.
Llevar a cabo las reformas tal como se plantean en el programa de gobierno no
sólo es necesario para un país más justo, sino que necesario para cumplir con
lo prometido a la ciudadanía, la que hizo un gesto de confianza al votar por un
proyecto y no optar por otro” .
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