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martes, 8 de mayo de 2012

PATRICIO ROSENDE: ESTAMOS FRENTE A UNA FORMALIZACIÓN A MEDIAS QUE SE CAERÁ POR COMPLETO

El oceanógrafo y académico Alfonso Campusano, entrevistado en Radio Bío Bío, criticó que la defensa y acusación judicial no es más que un oportunismo político. “Aquí se perdió la guerra y el general no figura como responsable”, aseguró el experto, aludiendo que todo apunta a la responsabilidad de Patricio Rosende y no a la ex Presidenta Michelle Bachelet.




El ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, se defendió de forma personal en el marco del caso por la fallida alerta de tsunami y manifestó que para él la formalización ha sido "a medias".

Rosende, la autoridad de mayor rango sometida a la formalización de los ocho imputados por el caso, respondió de la misma forma como lo hiciera ayer lunes la misma fiscal Solange Huerta al calificar de “un país a medias” tras referirse a la situación en los organismos de emergencia antes de la tragedia,  en el marco de una investigación que ella hizo durante dos años.

“Estamos frente a una formalización a medias y esa misma razón va a determinar a la larga que esta investigación se caiga por completo", dijo Rosende tras el segundo día de formalizaciones.

"Los elementos de la formalización no son completos, es muy raro que se formalice a organismos técnicos por entregar mal la información y simultáneamente se formalice a la autoridad política por seguir esa misma información, eso es contradictorio", añadió el subsecretario.

En la jornada  de hoy,  los abogados querellantes en el caso realizaron sus exposiciones, destacando el abogado querellante Raúl Meza, quien solicitó que se ordenara la prisión preventiva para todos los imputados por los errores en la alerta de tsunami del 27 febrero del 2010. Esta solicitud se contrapone a lo pedido por el Ministerio Público y los abogados Alfredo Morgado y Carlos Fairlie, quienes sólo estimaron la firma mensual y arraigo nacional para los acusados por cuasi delito de homicidio, debido a las 156 muertes y 25 desapariciones en la tragedia.

Los errores del SHOA


Durante la presente jornada, el fiscal adjunto Luis Tapia hizo una exposición sobre las irregularidades cometidas por los ex funcionarios del SHOA.

En esta ocasión se afirmó que el Servicio de la Armada no siguió el instructivo para decretar o cancelar alertas de maremotos. Los efectivos de turno tenían claros los criterios de ubicación, magnitud y profundidad del sismo, pero aún así tardaron en dar la alerta. Después tampoco respetaron las normas para levantarla.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) es el único organismo facultado por ley para emitir y levantar las alertas de maremoto en Chile. Y para esto debe seguir un instructivo nacional que fija criterios simples y claros. Sin embargo, el 27 de febrero de 2010 el SHOA falló en su misión y 156 personas murieron en el tsunami que siguió al terremoto de las 3:34 horas.

Tapia abordó los errores que se cometieron en el SHOA, explicando que los criterios para que el SHOA decrete alerta de tsunami son los siguientes:

- Epicentro en suelo marino o en tierra cercana al litoral.
- Magnitud igual o superior a los 7 grados Richter.
- Y profundidad menor a los 60 kilómetros.

En el caso del megasismo del 27/F, el epicentro se ubicó en el mar, a 40 kilómetros de Cobquecura; la magnitud inicial se calculó entre 8,3 y 8,5 grados Richter, que después aumentó definitivamente a 8,8, y la profundidad fue de 35 kilómetros.

El fiscal Tapia recalcó que estaban dados todos los criterios para decretar alerta de tsunami, pero el SHOA sólo lo hizo a las 4:05, es decir, más de media hora después de ocurrido el terremoto y luego de 20 minutos de que los efectivos de la Armada que estaban de turno se constituyeran en la sala del Servicio Nacional de Alerta de Maremotos (SNAM), que funciona en el Departamento de Oceanografía del SHOA, en Valparaíso. A esa hora, las primeras olas de tsunami ya estaban llegando a las costas chilenas.

Pero el SHOA no sólo se equivocó al decretar tan tardíamente la alerta de tsunami. En las horas siguientes, los efectivos de la Armada cometieron errores al recopilar y analizar la información, lo que llevó a las autoridades reunidas en la Onemi a minimizar el peligro de maremoto y confundir a la población. Sin embargo, el segundo error más grave del SHOA en esa fatídica madrugada fue la cancelación de la alerta de tsunami, para lo cual tampoco cumplió con el instructivo nacional.

De acuerdo a esta norma, el SHOA sólo puede cancelar esta alerta si:

- Los mareógrafos marcan anomalías del océano menores a un metro.
- Recibe un boletín oficial del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PWTC por sus siglas en inglés) que la cancela.

El fiscal Tapia dijo que las estaciones de marea más cercanas al epicentro habían quedado inutilizadas por el tsunami, por lo cual el SHOA no podía guiarse por ellas, y que el PWTC no levantó oficialmente la alerta de maremoto. De hecho, este centro ubicado en Hawaii envió tres advertencias de un tsunami destructivo en las costas de Chile, Perú y Ecuador.

Aún así, recalcó el fiscal Tapia, el SHOA levantó la alerta de tsunami a las 4:49, a la misma hora en que recibía la segunda advertencia del PWTC. La primera se envió a las 3:48 y la tercera a las 5:49. Recién a las 8:52 horas el SHOA repuso la alerta de tsunami, pero ya era demasiado tarde. En Juan Fernández, la ola más destructiva había llegado a las 4:25 horas, mientras que entre las 4 y 5 horas el litoral en las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío fue azotado un maremoto que dejó 156 muertos y 25 desaparecidos.

Por los errores cometidos en el SHOA fueron formalizados el director del servicio, capitán Mariano Rojas Bustos; el jefe de turno, capitán Andrés Enríquez Olavarría, y el oficial de guardia en el SNAM, teniente Mario Andina Medina. Los tres fueron dados de baja de la Armada tras un sumario. Rojas tomó la decisión de levantar la alerta de tsunami, tras recibir el “asesoramiento” de Enríquez y Andina.

Junto a los tres ex marinos también fueron formalizados el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende Lynch; la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, y el jefe de turno de Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, Carlos Aranda Zapata. A todos se les imputó el cuasidelito de homicidio.

La Presidenta Bachelet

Las declaraciones del ex ministro del Interior del último Gobierno de la Concertación, Edmundo Pérez Yoma, acusando  que "frente a las declaraciones de algunos diputados de derecha sobre imaginarias responsabilidades políticas y penales de la ex Presidenta Michelle Bachelet sobre su actuación el día 27 de febrero de 2010, éstas no son sino un intento desesperado por menoscabar su figura en vista de su arrolladora popularidad".

Estas palabras originaron una inmediata reacción del portavoz del Gobierno Andrés Chadwick, quien declaró que "me parece súper injusto lo que dice el ex ministro (…) No hemos emitido nunca un comentario que diga relación con la ex Presidenta".
 
El oceanógrafo y académico  Alfonso Campusano, entrevistado en  Radio Bío Bío,  criticó que la defensa y acusación judicial no es más que un oportunismo político. “Aquí se perdió la guerra y el general no figura como responsable”, aseguró el experto, aludiendo que todo apunta a la responsabilidad de Patricio Rosende y no a la ex Presidenta Michelle Bachelet.

Agregó que era impresentable que los directores de los organismos de emergencia del estado sean designados por motivaciones políticas y no técnicas. “No puede ser que los últimos directores de la Onemi fuesen médicos, periodistas o ingenieros, es decir, formados en áreas que nada tienen que ver con las emergencias o prevenciones”, indicó.

Campusano fue categórico en señalar que, si bien el SHOA tuvo cierto grado de responsabilidad, en la que han trabajado técnica y estructuralmente, el gran culpable es la Onemi.

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