KRADIARIO

LA NOCHE FATÍDICA EN LA ONEMI

El juez Daniel Urrutia rechazó hoy la prisión preventiva para las ocho autoridades vinculadas e imputadas por cuasidelito de homicidio por su participación en el Caso Tsunami, durante la madrugada del 27 de febrero de 2010, decretando a cambio arraigo nacional, pero descartando la firma mensual.

Así no podrán salir del país los imputados por cuasidelito de homicidio en esta investigación. Ellos son el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández Gibbs, el jefe de turno de la Onemi el 27-F, Osvaldo Malfanti Torres y el jefe de turno del Centro de Alerta Temprana (CAT) Johaziel Jamett Paz. Entre los funcionarios del SHOA imputados figuran el ex director Mariano Rojas Bustos, el jefe de turno al 27/F Andrés Enríquez Olavarría y el oficial de guardia Mario Andina Medina.

También en el grupo de formalizados figuran Carlos Aranda Zapata, jefe de turno del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile la noche del terremoto.

El magistrado aseguró en forma tajante que una prisión preventiva para este caso "no tiene ningún fundamento" y argumentó que la firma mensual -otra de las cautelares que se barajaba- no se justificaba porque no cumple ninguna función.

Aunque el abogado Raúl Meza no planteó la incidencia de incompetencia del tribunal civil, para llevar el caso a la justicia militar, el juez Urrutia defendió en su exposición final que el tribunal es "absolutamente competente" para seguir llevando esta emblemática causa.

Asimismo, estableció en 7 meses el periodo de investigación del caso.

El juez Urrutia también señaló que todos los antecedentes entregados en estos 4 días de audiencias llevan a configurar la existencia del ilícito de cuasidelito de homicidio y se acreditó la participación de los imputados en el hecho.

Este jueves se desarrolló la cuarta audiencia de formalización en contra de ex autoridades por cuasidelito de homicidio de 156 víctimas y la desaparición de 25 personas, tras la fallida alerta de tsunami la madrugada del 27 de febrero de 2010.

Luego de recibir las impresiones de cada parte, el juez Daniel Urrutia dictó la resolución cautelar.

Tras la resolución del magistrado hubo diversas reacciones, expresando su abierta disconformidad el abogado querellante Raúl Meza quien había pedido la prisión preventiva para las ex autoridades formalizadas por cuasi delito de homicidio. Dijo que el arraigo nacional no se condice con la gravedad de los delitos imputados. Según Radio Bío Bío el abogado comentó que "es más grave robarse un televisor que 156 muertes". No descartó apelar a la medida cautelar.

La defensa de Rosende

Considerando que Patricio Rosende, al llegar a la ONEMI en la noche del tsunami en su calidad de subsecretario del Interior, se convirtió en la máxima autoridad presente en el organismo, se ha insistido mucho en conocer todos los detalles de su actuación.

Por esta razón, el abogado de Rosende, Samuel Donoso, ha insistido en que cuando el ex personero llamó esa madrugada a la calma a la población diciendo -en una entrevista televisiva- que se había descartado “todo riesgo de tsunami en las costas”, realizó el anuncio “con los antecedentes técnicos que le habían enviado (desde el Shoa)”. En esta línea, planteó que “había dos organismos especializados, el Shoa y la Onemi, y no la Subsecretaría del Interior, menos el subsecretario”.

Mientras tanto la defensa del ex jefe del SHOA de la Armada, comandante Mariano Rojas, apuntó a sus asesores directos dentro de la repartición como responsables de la entrega de “información errónea”. Según la versión de su abogado Felipe Fuentes, tanto el jefe de turno, teniente Mario Andina, como el jefe de Oceanografía, capitán Andrés Enríquez, eran los responsables de recabar los antecedentes e interpretar las condiciones marítimas para informar a las autoridades.

La oceanógrafa externa del Shoa, Cecilia Zelaya, la fiscalía estimó que no tiene responsabilidad en los hechos, ya que advirtió sobre la ocurrencia de un tsunami y no fue tomada en cuenta. En contraposición, la abogada Paula Vial, quien representa a uno de los ex marinos del Shoa, cuestionó el que Zelaya no esté formalizada.

Hoy, en el VII Juzgado de Garantía de Santiago, se escuchararon los descargos de la defensa del miembro del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, Carlos Aranda, seguido por las réplicas de la Fiscalía y los abogados querellantes.