Página Editorial Latinoamericana

Diario El Universal de México
La inagotable transa educativa

Uno de cada cien planteles de primaria y secundaria en México está bajo sospecha de haber permitido que los alumnos copiaran durante la prueba ENLACE. El examen mide año con año el progreso académico de los estudiantes y, por tanto, el desempeño de los maestros, lo cual se refleja a su vez en “estímulos” económicos para los profesores.

Este año, 900 millones de pesos fueron asignados para 270 mil maestros como premio a la mejora en las evaluaciones de sus alumnos. Esa combinación ha propiciado que algunos profesores permitan a sus alumnos copiar con el fin de obtener buenos resultados. El 2010 no es el primer año en que esto sucede. Es posible hacerlo, y además no padecer consecuencias, porque la Secretaría de Educación Pública no ha podido quitar al poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) la prerrogativa de autorregularse, autoevaluarse y autofinanciarse.

Gracias a ese poder las arcas públicas siguen pagando salario para más de un millón de plazas que ni siquiera están censadas. Es decir, no sabemos si el número de maestros coincide con el número de plazas.

Desde luego, es inviable una solución que se vaya al extremo contrario, es decir, una autoridad educativa que ponga y quite profesores de forma unilateral. La solución es por tanto crear una instancia autónoma, técnica, que realice esa función al margen de los intereses de gobierno y sindicato. Para eso fue creado el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), un organismo nacido el sexenio pasado ex profeso para diagnosticar de manera objetiva los problemas de la educación en México.

El INEE, pese a no ser formalmente autónomo, ya ha demostrado su independencia y seriedad al criticar con datos duros tanto las ineficaces políticas educativas de los gobiernos como las rapacidades del sindicato. Si ya se cuenta con una institución de este calibre, legisladores y gobierno federal tendrían que dotarle de la autonomía y las facultades necesarias para definir mecanismos de ingreso y ascenso de los profesores. De otra manera el dinero público seguirá perdiéndose en triquiñuelas.

Varias acciones emprendidas a raíz de la “alianza” educativa entre el sindicato y el gobierno federal, como la carrera magisterial o la participación de los padres en la vida de las aulas, son loables. Sin embargo, si al final el sindicato magisterial tiene poder de veto sobre todo, el país nunca pasará de las buenas intenciones y los pactos vacíos.

Diario Prensa Libre de Guatemala
Un país en retroceso

Por Carolina Vásquez Araya

No sólo en las estadísticas necrológicas se revela el estado catastrófico de la Nación, sino también en los indicadores de desnutrición crónica de la niñez, en las cifras de personas víctimas de la trata, en las millonarias sumas de dinero escatimadas al fisco por empresarios tramposos y en la revelación de casos extremos de corrupción y lavado de dinero en los cuales se involucra a altos funcionarios del gobierno actual y de las anteriores administraciones.

Lo peor es que la ciudadanía ya no cree en las recetas. Si las próximas elecciones atraen algún interés de los electores, habrá que evaluar si se debe al pago del voto, al compromiso partidista, a la búsqueda de empleo o a la presión de los interesados en la victoria de algún candidato, porque éste favorece sus particulares intereses.

La conciencia de que el proceso electoral es el instrumento fundamental de la democracia ya ha pasado a la historia. También es cosa vieja y obsoleta la idea de transparencia en el sistema electoral, porque sus bases ya han sido manipLos escándalos de corrupción y nepotismos que están aconteciendo en el recién creado Registro Nacional de Personas (Renap) está rebasando los límites.

(El escándalo de Renap salió a la luz pública cuando se dio a conocer  que su director Mauricio Radford contrató como empleados a numerosos parientes para realizar el trabajo en esta entidad pública, olvidándose completamente de la transparencia, y llegando a vincular al serevicio hasta empresas familiares, lo que fue calificado de "inadmisible" por la opinión pública guatemalteca. Nota de KA).

Lo sucedido con el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, con el retiro del grupo garante, integrado por el Procurador de los Derechos Humanos, el cardenal, el rector de la Usac (Universidad de San Carlos) y el representante de la Alianza Evangélica, constituye una señal que debería encender todos los sistemas de alarma.

El Gobierno, o mejor dicho, el presidente de la República y su esposa, ha demostrado que el tema de seguridad no es prioritario para su administración. Que la vida de la ciudadanía le importa muy poco. Que su única preocupación es hacer lo necesario para garantizarse la continuidad de su mandato, lo cual significaría para Guatemala la continuidad del caos actual.

Al final de cuentas, el país está a la deriva mientras su capitán celebra sus pírricas victorias ajeno al inminente naufragio. No importa cuántos asesores internacionales contrate para elevar sus niveles de popularidad, nada impedirá que sea medido por sus pobres resultados. Si aún le queda un resto de sentido común, es hora de que lo use.


Diario El Tiempo de Bogotá Colombia
Ilusiones que matan

Por Mauricio Vargas

Es una historia conocida. El Presidente de la República (el de ahora, los de antes) entreabre las puertas de un eventual diálogo con las Farc y, casi de inmediato, el grupo guerrillero multiplica sus ataques y embosca, mata y remata a decenas de uniformados. Lo acabamos de vivir. En su discurso de posesión, Juan Manuel Santos sostuvo que las puertas del diálogo no estaban cerradas. En los días siguientes, las Farc -que no habían podido despedir a Álvaro Uribe a sangre y fuego, como hubiesen querido- aprovecharon los cambios en la cúpula y las distracciones que esto genera mientras dura el proceso de acomodo de los nuevos comandantes, y desataron una ofensiva sangrienta.

Cuatro semanas después de iniciar la escalada, volaron un convoy de la Policía en Caquetá, dispararon contra los agentes y remataron de manera cobarde a varios heridos que aún respiraban. El saldo: 14 policías muertos y cinco más heridos. No quiere decir esto que las Farc estén tan fuertes como antes. En otras épocas, en temporada de cambio de gobierno, había docenas de ataques similares al de Caquetá, en una misma semana. Ahí puede verse el terreno ganado. Pero el hecho demuestra que las Farc, acorraladas y con mucha menos influencia territorial que hace ocho años, conservan la capacidad de dar un golpe sanguinario y atroz cada cierto tiempo.

La senadora Piedad Córdoba, que le cogió la caña al presidente Santos en el tema del diálogo y de inmediato planteó un Plan de Desarrollo para la Paz, no condenó el espantoso asalto en Caquetá. Hasta el domingo por la mañana, ni una palabra había sobre el asunto en su página web. Eso sí, en la misma página virtual de la dirigente liberal estaba debidamente desplegada la propuesta de la senadora para el diálogo y, cómo no, la carta de las Farc a Unasur, en la que piden que sus voceros sean escuchados en ese foro regional para exponer allí "su visión del conflicto colombiano". La muerte de los 14 policías y el dolor de sus familias no merecieron de la senadora ni una sola línea. Nada de qué sorprenderse.

El Polo Democrático, en cambio, condenó sin ambages el ataque, por boca de su presidenta, Clara López. Esto es quizás lo único realmente novedoso. Lo demás, repito, es historia conocida. Pero y si lo es, ¿por qué no dejar de jugarles el juego a Alfonso Cano y a sus secuaces? Nada de entreabrir puertas al diálogo, por muy bien recibida que, en un principio, sea la declaración.

En ese sentido, camina en la dirección correcta la propuesta del presidente Santos y de su ministro del Interior, Germán Vargas, para que quede prohibida por ley cualquier posibilidad de abrir, con la excusa del diálogo, zonas de despeje o de distensión en el futuro.

También ayuda el haber logrado que tanto Hugo Chávez como Lula da Silva hayan reconocido, a la hora de entrevistarse con Santos, que estos son asuntos de la política interna colombiana y que ningún gobierno extranjero debe meterse en ellos. A menos que el gobierno colombiano los llame, claro, que es lo que nunca hay que volver a hacer, salvo en la eventualidad, todavía remota, de que las Farc decidan seguir el camino que el M-19 recorrió en 1989 y 1990, cuando pidió diálogo, pero de entrada reconoció que la lucha armada no tenía futuro y que lo que deseaba esa agrupación era dejar las armas y dedicarse a hacer política por la vía pacífica.

Hasta que eso ocurra, nada de entreabrir las puertas del diálogo porque, como ya se ha visto durante décadas, lo único que se consigue con ello es que las Farc, empeñadas en demostrar fortaleza, maten y rematen con la crueldad y sevicia que las caracterizan. Si cada vez que asoma el diálogo, las Farc multiplican sus sanguinarios ataques, lo mejor es cerrar de un portazo la puerta del diálogo. Hasta que, de verdad, tenga sentido reabrirla.

Diario Prensa Libre de Guatemala

Medios y democracia

Por Ileana Alamilla

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales realizó un seminario para contribuir al debate y reflexión respecto del ejercicio de la libertad de expresión y su íntima vinculación con la democracia, en cuya construcción juegan un papel importante los medios de comunicación y en donde la discusión pluralista, participativa y transparente se constituye en un elemento indispensable.

La temática del evento fue incluyente, se habló además sobre los medios públicos, el periodismo de investigación, los derechos culturales e identidades étnicas, así como de la necesidad de la auditoría social, los derechos de la mujer y sobre aspectos legislativos. Hubo participación diversa, se discutieron posturas divergentes, se tomó en cuenta la pertinencia cultural y la equidad de género, todo en un marco de respeto y cordialidad.

El periodismo ha sido encumbrado, aplaudido, temido o criticado, según sea el momento y los actores que participan en el escenario. Para unos, los periodistas somos un mal necesario; para otros, son los megáfonos de los que no pueden expresarse o la imagen de los invisibles. Muchos lo consideran como un verdadero poder y otros su canal de expresión y acceso a su mundo, ya sea grande o diminuto. Los políticos y las autoridades quieren tenerlo de su lado, como un espejito mágico, para que les responda quién es el más popular.

Su razón de ser trascendental radica en la función social que desempeña y que se considera como el pulso de la realidad social. El periodismo es una ciencia y un arte. Su ejercicio, por lo tanto, requiere estudios y conocimientos, pero también talento y, sobre todo, ética y honestidad, valores concomitantes a todo medio, periodista o comunicador. Convierte en profesión un derecho humano internacionalmente reconocido y engloba procesos de interacción social a través de símbolos y sistemas de mensajes que se producen como parte de la actividad humana.

Algunos analistas y estudios sobre medios aseguran que la ciudadanía ha perdido la credibilidad en la Prensa. Así se demostró en la cobertura parciales de las guerras o porque no se reflejan sus realidades en los contenidos periodísticos. Otros los acusan de manipular sus puntos de vista. Hay quienes han intentado lincharlos. La sociedad civil reclama, los gobernantes incriminan y señalan, los políticos quieren cooptar, presionar o pagar y, por lo general, se culpa a la Prensa de lo que ocurre.

La libertad de prensa es una corresponsabilidad de la sociedad, de los medios y del gobierno; se ve coartada por la censura, la autocensura o criterio editorial; por la publicidad, por lo intereses del crimen organizado o de la narcoactividad; por algunos caudillos, por autoridades de distinto nivel y por funcionarios que pretenden poner límites que la Ley no contempla, pero que muchas veces son más efectivos que los derechos protegidos.

Las libertades y la democracia sin igualdad de oportunidades y sin equidad de género, con justicia que se aplica con doble rasero, son irreales. Las tienen quienes pueden ejercerlas.

Es deseable buscar un pacto social de comunicación entre el Estado, los medios y la sociedad, para hacer prevalecer el derecho de libertad de expresión, de prensa y de opinión sin exclusiones, para la concreción de acuerdos de participación ciudadana, que instale el equilibrio y la equidad en los medios.