El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma Correa (UDI), expresó su preocupación y la de su sector por las 31 medidas que, en abril, el Gobierno y el Congreso Nacional acordaron tramitar en un «fast track» legislativo para hacer frente a la crisis de seguridad del país, 12 de las cuales corresponden a proyectos comprometidos por el Ejecutivo.

El dirigente gremialista coincidió ayer domingo con el Presidente Gabriel Boric en el marco de la conmemoración del 21 de mayo en Iquique, Región de Tarapacá… «¿y, los proyectos cuándo», preguntó Coloma, y sólo se escuchó silencio. «Le planteé al presidente de la República mi profunda preocupación por el avance de las 31 medidas legislativas de la agenda priorizada, porque para mí, lejos el principal problema de Chile sigue siendo la seguridad».

«Pero de los 12 proyectos que el Gobierno comprometió a enviar, hasta ahora no se ha enviado ninguno», lamentó.

Recordó, en ese marco, «que a la agenda le pusimos plazo, algunos a 75 días y ya quedan 35 días, otros a 150 días, va quedando menos y otros hasta fin de año, entonces es fundamental apurar el tranco».

Desde el oficialismo respondió el senador comunista Daniel Núñez, quien dijo que «entendemos que hay un acuerdo y respetamos lo que está ahí conversado, pero eso no quiere decir que haya que sacar los proyectos en 24 horas al estilo de lo que ocurrió con la Ley Naín-Retamal».

«Creo que hay mucha ansiedad y desde ese punto de vista no hay contradicciones en hacer una labor legislativa eficiente, pero a la vez rigurosa», apuntó Nuñez sin mostrar mayor preocupación por las víctimas de la violencia activa. Además, en diversos sectores políticos se ha dicho que no se trata de apurar la cosas para terminar haciéndolo mal, sino que al menos presentar algo, alguna idea o algo así, pero en este punto de gravedad para Chile y los chilenos el «gobierno se cerró o está en cero proyecto», a pesar de que la lista de atentados con muertos y heridos sube y sube de semana a semana.

En ese sentido, «nosotros no nos vamos a dejar presionar por estas polémicas artificiales», subrayó Nuñez, asegurando además que «en ningún caso es que los problemas de seguridad del país no estén siendo atendidos o haya falta de preocupación por parte del Gobierno».

¿Y que pasó este lunes, sin ir más lejos?

El Ministerio del Interior se vio obligado a presentar una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por la colocación de un artefacto explosivo en las rejas de la Fundación Paz Ciudadana, en la comuna de Providencia.

La acción judicial, presentada ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, se enmarca en la ley de control de armas y artefactos explosivos.

«Como Gobierno condenamos todo tipo de acto que atente contra la vida e integridad de las personas y perseguiremos estos delitos asociados con el máximo rigor que la legislación permite», indicó Interior en un comunicado.

La ministra vocera, Camila Vallejo, afirmó igualmente que el hecho es «bastante grave, (dado que) los antecedentes confirman que era efectivamente una bomba, por suerte no detonó, no hay heridos, no hay consecuencias graves; pero la situación podría haber sido distinta».

«Necesitamos llegar a las últimas consecuencias para determinar quién estuvo detrás de la colocación de un artefacto de esa envergadura», advirtió la secretaria de Estado. Sibn embargo, nada dijo sobre los proyectos de ley que acordó el Ejecutivo con el Congreso.

Para esto en Paz Ciudadana hemos desarrollado un proceso conducente al levantamiento de propuestas concretas y abordables por quien ostente el cargo de fiscal nacional en los próximos 8 años. Este trabajo consideró diferentes metodologías y fuentes para el levantamiento de información, entre ellas un taller de expertos y expertas – cuyas conclusiones se presentan en la tercera parte de este documento-, los resultados preliminares del estudio denominado “¿Qué condiciona el éxito de la investigación penal?” actualmente ejecutado en convenio con el Ministerio Público, los resultados del estudio de disturbios y delitos en el contexto del estallido social desarrollado en convenio con la Defensoría Penal Pública, las propuesta de la mesa por la seguridad del 2018 y las diversas mesas de reforma policial pre y post estallido social en que Paz Ciudadana ha participado.

De acuerdo con un estudio realizado en 2022 por Paz Ciudadana, en el 32% de los hogares chilenos algún miembro fue o ha sido víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses, prácticamente 1 de cada 3 familias; cifra que no representa un cambio estadísticamente significativo respecto a la medición del año 2021 y que se mantiene dentro de las tres más bajas de los últimos 20 años.

Las personas que se clasifican en un nivel de temor alto, por su parte, suben 7,6 puntos porcentuales, alcanzando un 28% a nivel nacional, la cifra más alta en los 22 años que ha registrado el instrumento, afectando especialmente a las mujeres (35,4%) y a la zona norte de nuestro país (31,7%).

En línea con el alto nivel de temor, un 59% de los encuestados declara haber reforzado la seguridad de su casa, un 71% que ha dejado de salir a ciertas horas y un 75% que ha dejado de ir a ciertos lugares para prevenir ser víctima de la delincuencia, acciones que restringen las libertades individuales y las posibilidades de usar los espacios públicos.