La ley corta de salud no significa un camino abierto hacia un monopolio estatal en este importante tema de Estado, pero se podría pensar en la creación, remota o no, de un fondo público de salud basado en la actual estructura del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), cuyo director Camilo Cid, fue recibido hoy por la comisión del salud del Senado que revisa los alcances de la denominada «Ley Corta» impulsada por el Gobierno que busca viabilizar el pago de los dineros que Isapres cobraron en exceso y que la Corte Suprema les ordenó restituir a sus afiliados en noviembre pasado (adecuación a la tabla única de factores dictada a fines de 2019).

Cid ha negado que la ley corta imponga un «monopolio estatal» y ha dicho que los jóvenes están optando por el actual fondo público de salud que, si se aprueba la Ley corta, operaría con una modalidad nueva de seguros privados voluntarios para los beneficiarios.

Esta nueva modalidad de seguros privados, intermediados por el organismo público, les permitiría a los afiliados a FONASA a acceder voluntariamente a los prestadores privados -clínicas, centros médicos, laboratorios y otros- mediante el pago de una prima comunitaria adicional a 7% por persona. Además, se plantea que Fonasa licitaría estas coberturas en el mercado permitiendo competir a las compañías de seguro, no obstante, que la puesta en marcha será a través de un contrato directo.

Cid comentó en la Comisión del Senado que esta iniciativa tiene como objetivo «generar una alternativa a las personas para que tengan mayor protección financiera». «Lo que se crea es una Modalidad de Cobertura Complementaria que permite que los beneficiarios que están en Fonasa hoy día, que son cotizantes, o sea los mismos que acceden a la modalidad de libre elección, puedan acceder a una cobertura complementaria mayor.

Cid entregó algunos datos de la situación de salud chilena: Al 31 de marzo de 2023, Fonasa contaba con cerca de 16 millones de beneficiarios, lo que corresponde al 81% de la población total del país. De estos, más de 3 millones eran adultos mayores, lo que implica que el 90% de las personas mayores en todo Chile estaba sujeto al sistema público de salud. Además, el 85% de las mujeres en todo el territorio está en Fonasa.

Agregó que en este sentido, desde 2020 en adelante se ha visto incrementada la migración de personas desde isapres a Fonasa, y solo en el primer trimestre de este año el sistema público recibió 213.623 personas. Al revisar las características de la población que emigró desde alguna isapre a Fonasa entre enero de 2021 y diciembre 2022, la evidencia mostraba un total de 454.241 personas, de los cuales el 55% tenía entre 20 a 49 años.

«Se ha dicho que el proyecto conduce por la fuerza a un monopolio estatal, esto no es así, el proyecto no fomenta el cambio. El cambio que está ocurriendo en las personas está dentro de su libertad de elección, y no es que haya una gran avalancha, pero algunas personas están eligiendo Fonasa, dijo Cid.

Indicó además que «las personas que migran, sobre todo del sistema privado, tratan de seguir utilizando sus mismos prestadores. Lo que se produce, en realidad, es un cambio de administración de financiamiento: antes estaba en una isapre, ahora están en Fonasa, pero los prestadores que buscan son prácticamente los mismos». Agregó que «lo que se plantea es habilitar a Fonasa para poder, mediante licitaciones y convenios, establecer una relación con aseguramiento privado para permitir esta cobertura que viene a ser una cobertura de copago, porque la relación con los proveedores y con las redes se plantea en el proyecto de que continúe haciéndola Fonasa».