La verdad, condición previa al
perdón
Por Abraham Santibáñez
El aniversario del golpe militar de 1973 ha permitido
conocer más información que nunca acerca de lo ocurrido en esa fecha. Pese a
ello, en medio del despliegue de invocaciones a pedir perdón, falta conocer
más, en especial acerca del destino de los cientos de desaparecidos que siguen
sin aparecer.
Pedir perdón es, sin duda, un paso significativo. Pero el
gran peligro es banalizar un gesto que debe ser profundo y que, creemos muchos,
debe basarse en un reconocimiento de la culpa, ya sea por acción u omisión.
Para ofrecer disculpas se requiere de ciertas precisiones como las que ha hecho
la Corte Suprema. Aunque hay quienes quisieran más, el gesto ya está hecho.
Fue la falta de acucia de los supremos de 1973 y de los
años siguientes la que estuvo a punto de dejar impunes los crímenes y permitió
que vía “traslado de televisores” se borraran sistemáticamente las huellas de
muchos crímenes.
En este panorama complejo, el Presidente Piñera asumió
intempestivamente la misión de encarar al poder judicial y a la prensa.
Coincidió con la asociación de magistrados en pedir un pronunciamiento de la
Corte Suprema. No se sabe si fue su emplazamiento el que convenció a los
jueces, o estos decidieron reaccionar por su cuenta ante la declaración de los
funcionarios. Queda pendiente, sin embargo, el otro desafío del mandatario: el
periodismo y los medios.
Como hemos hecho notar, de parte de los periodistas, a
través de nuestro Colegio profesional ya se han asumido responsabilidades,
tanto al pedir perdón como al enjuiciar éticamente las complicidades.
Falta analizar críticamente la responsabilidad de los
medios. Y en esta materia hay que cuidar los detalles y los matices.
Generalizar, como se ha hecho al proclamar que “todos somos responsables” sin
hacer distinción alguna, pasa por alto los riesgos y peligros que muchos
corrieron al irritar a la dictadura.
En estos días, cuando precisamente se han recordado los
27 años del asesinato de José Carrasco (junto con el de otros militantes de
izquierda tras el atentado contra Pinochet), resulta extremadamente injusto
colocar a todos los comunicadores en el saco de los “cómplices pasivos”. Los
periodistas fuimos exonerados, expulsados del país, relegados, amenazados y
censurados. Es un hecho que no se puede “empatar” con otras opciones.
Si al cabo de cuarenta años finalmente hay coincidencia
generalizada en denunciar el golpe militar, ello nos obliga más que nunca
empeñarnos en aclarar los muchos hoyos negros que restan.
Sólo entonces podremos pensar en dar vuelta esta página
de la historia.
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