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viernes, 27 de septiembre de 2013

27-9-2013-KRADIARIO-EDICIÓN N° 871

MANUEL CONTRERAS Y COMPAÑÍA PRESENTARON RECURSO DE AMPARO CONTRA DECISIÓN DE PIÑERA DE CERRAR EL PENAL ESPECIAL CORDILLERA
Acusan a Piñera de
practicar la tortura sicológica

La Corporación 11 de Septiembre interpuso este viernes un recurso de protección ante Tribunales con el objetivo de paralizar el cierre del Penal Cordillera, ordenado por el Presidente Piñera.

La acción judicial fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago por el abogado René López Farías en representación de Manuel Contreras, ex jefe de la DINA; el ex director de la CNI Odlanier Mena, el ex brigadier del Ejército Pedro Espinoza (subjefe de la DINA) y los ex agentes Marcelo Moren Brito y David Miranda.

López Farías llegó esta mañana desafiante a Cordillera para reunirse con Manuel Contreras: "Mis empleadores están muy bien, con el ánimo muy en alto, como buenos soldados chilenos"; "vengo a pagar el arriendo para que no los echen", fueron algunas de sus frases.

A la salida manifestó su rechazo a la decisión de Piñera, quien ordenó el traslado de los 10 internos que hoy están en Peñalolén hacia Punta Peuco.

"El Presidente ha estado jugando con la gente que está cumpliendo sus condenas aquí en este penal, como dice la ley", dijo el abogado, que afirmó haber incluido "dentro del mismo recurso" una "denuncia que nadie se esperaba", pero que él consideró "pertinente".

"El Presidente Sebastián Piñera ha torturado sicológicamente a los presos que están en estos momentos cumpliendo su condena tranquilamente aquí en Cordillera", sostuvo López.

La Sala de Cuentas de la Corte de Apelaciones debe estudiar la admisibilidad de la acción cautelar y, de acogerla, pedirá a La Moneda que en un plazo de cinco días entregue los argumentos que consideró Sebastián Piñera para ordenar el cierre.

El tribunal también deberá discutir una orden de no innovar; es decir, una petición de que se paralice esa misma decisión hasta que se revise el recurso.

En paralelo a esto, el abogado Jorge Balmaceda anunció que interpondrá otro recurso en representación de los otros cinco internos de Cordillera, que buscan también paralizar su traslado hacia el recinto penitenciario de Punta Peuco, en Tiltil, informó Cooperativa.

El recurso presentado por el abogado López Farías contiene una declaración de los presos Contreras, Mena, Espinoza, Moren y Miranda, en la que éstos se consideran a sí mismos mártires.

"Nunca escogimos estar en el Penal Cordillera, ustedes nos llevaron ahí. Ya que nuestro traslado es un hecho anunciado por el Presidente Sebastián Piñera de forma oficial a través de los medios de información, esto sólo acelera nuestra muerte, a la cual no le tememos, pues Dios nos juzgará como corresponde, ya que nuestras conciencias están en paz de lo que hicimos por liberar a Chile y también de lo que no hicimos", dicen los criminales de lesa humanidad.

"Somos mártires de la libertad de Chile. Gracias a nuestro actuar se dice en Chile y en el extranjero 'las instituciones funcionan', y nosotros las respetamos. Ustedes, los que deciden, pueden llevarnos donde quieran. Porque nuestro espíritu es inquebrantable, obedeceremos", declaran los represores.

El Presidente Piñera precisó ayer que la decisión se tomó considerando tres principios: "la igualdad ante la ley, la seguridad de los internos y el normal y más eficiente funcionamiento de Gendarmería".

Cabe destacar que el recinto penitenciario ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas debido a la serie de entrevistas televisivas que concedió Contreras, en el marco de los 40 años del golpe de Estado.

Luego que el ex director de la DINA y general en retiro, Manuel Contreras, señalara en las entrevistas que detenidos desaparecidos estaban todos enterrados en el Cementerio General, el ministro en visita Mario Carroza lo sometió a un nuevo proceso esta semana por el homicidio calificado del dirigente del MIR Bautista van Schouwen y su guardaespaldas Patricio Munita.

El hecho se registró el 13 de diciembre de 1973 y el magistrado estableció como responsable a Contreras junto al ex agente Marcelo Moren Brito, señalando que fueron detenidos en esa época luego de que se habían refugiado en la congregación de los Capuchinos, en calle Catedral en el centro de Santiago.

Luego de esto, señaló el ministro Carroza, fueron llevados a un centro de reclusión que no está determinado para luego ser asesinados acribillados e inhumados en el Patio 29 del Cementerio General en dos tumbas.
Pero, según lo que se estableció en la investigación, los familiares de Patricio Munita lo lograron sacar de ese lugar y sepultarlo en el Cementerio Católico, mientras que los ex agentes de la DINA cremaron e incineraron a Van Schouwen en un lugar indeterminado, cuestión que ratifica y transforma en inédito en una investigación judicial en el último tiempo en materia de DD.HH.

De esta manera, el ministro Carroza notificó a Contreras y Moren Brito en el Penal Cordillera, justo en el momento en que el Gobierno comenzaba a evaluar el cierre de este penal junto con Punta Peuco luego de las declaraciones del ex director de la DINA.

Otro proceso esta semana contra Cheyre

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de La Serena, Jaime Franco, acogió a trámite una querella en contra del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre y otros dos militares, por un presunto secuestro y tortura de menores de edad durante el régimen militar.
La familia de las hermanas Natacha, Yelena y Marianela Monroy Rodríguez, presentó el pasado 10 de septiembre la demanda en la que se acusa a Cheyre de haber dirigido en octubre de 1973 el allanamiento de su casa y la detención de su madre Elena Rodríguez, militante socialista, y las tres niñas, en ese entonces de uno, tres y doce años de edad.
"Él (Cheyre) derrumbó la puerta a patadas. Iba con Ojeda y Polanco, otros dos subtenientes y varios otros militares que entraron y destruyeron todo, todo lo que a nosotros nos había costado", dijo Rodríguez.
Según las investigaciones, el ex jefe castrense volvió posteriormente hasta la casa de Rodríguez hasta donde habían sido devueltas las niñas, las que volvió a detener y las trasladó hasta la cárcel de Mujeres de esa ciudad, donde permanecieron hasta abril de 1975.
El juez Franco ya dio las órdenes para que se les tome una declaración a los denunciantes y se realicen peritajes psicológicos.
Cheyre asumió la presidencia del Servicio Electoral (Servel), pero tuvo que renunciar en agosto, aunque no al directorio del organismo, al reflotar las acusaciones que lo vinculan a otro controvertido hecho ocurrido también en La Serena, donde tenía su cuartel un regimiento del Ejército.
En aquella época, Cheyre entregó a unas monjas a Ernesto Lejderman, que tenía dos años, después de que un pelotón de soldados asesinara a los padres del niño, el argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María Rosario Ávalos.
Cheyre ya dijo en su momento que se limitó a entregar el bebé a las monjas por orden superior y que hasta 1998 no supo la verdad de lo ocurrido.

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