SURGEN PRIMERAS DISCREPANCIAS FRENTE A LA REFORMA DE LA REFORMA PROCESAL PENAL ANUNCIADA POR EL PRESIDENTE
El Presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros (izquierda), afirmó hoy jueves que el tema de modificar la Reforma Procesal Penal no es nuevo, y que hace un par de semanas se lo plantearon al Presidente de la República, por lo cual espera que no se trate de una medida de "emergencia", gatillada por el caso de Pablo Ávila, el asesino confeso del barrista de Colo Colo, Claudio Lincaqueo San Martín (28), y que en dos oportunidades fue dejado en libertad por los tribunales.
"El Presidente sabía, desde hace un par de semanas, que la Reforma Procesal Penal necesita un estudio y reformas, de tal manera que no pienso que haya sido ésta la situación", dijo.
El presidente de la Suprema, quien señaló que “las leyes no deben permanecer mucho tiempo sin revisión ni examen”, recordó que él forma parte de una Comisión Coordinadora de la Reforma Procesal Penal instituida por ley, que funciona en el Ministerio de Justicia y en sesiones anteriores los miembros de esa comisión ya trataron este tema.
En forma aclaratoria agregó Ballesteros que el anuncio de una reforma realizada ayer por el Presidente no representa una queja contra judicatura. "Si el señor Presidente de la República anunció una reforma a la Reforma Procesal Penal significa que lo que él encuentra que no está bien son las normas de la Reforma Procesal Penal, no la actuación de los jueces, de lo contrario les hubiera reclamado a ellos".
Alcances de la reforma
Ballesteros añadió que una reforma de este tipo no solamente significa reformar el sistema procesal penal, sino ver qué incidencia tienen las reformas que se propongan con los tratados y convenciones internacionales que Chile ha ratificado y que contienen principios inmersos en la reforma procesal penal.
El anuncio presidencial se refirió concretamente a un reestudio de la Reforma Procesal Penal vigente en el país desde hace 12 años que incluye el análisis de proyectos de ley, críticas realizadas por otros órganos del Estado y la visión de expertos en materia de seguridad.
El anuncio generó opiniones disímiles entre abogados especialistas y expertos. Según revelaron fuentes de La Moneda, los pilares de la iniciativa se centrarán en endurecer las normas para otorgar libertad, hacer apelables las decisiones de los jueces de garantía de excluir pruebas durante la preparación de los juicios, ampliar las facultades de la policía para detener y someter a los jueces de garantía a una fiscalización por parte de tribunales superiores.
En el gobierno se explicó que no se necesita una reforma estructural, sino más bien cambios a las normas que rigen el sistema. El ministro de Justicia, Teodoro Ribera (izquierda), dijo que “no queremos que exista impunidad respecto de personas que han cometido delitos”. Las alertas para concretar las modificaciones surgieron del análisis a los criterios usados por jueces de garantía para excluir pruebas en casos de alto impacto, sin posibilidad de apelación. Por ejemplo, el llamado caso bombas y la investigación del atentado explosivo cometido por Luciano Pitronello. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, agregó que “han pasado 10 años de nuestra reforma procesal penal y es obvio que ha quedando en evidencia que puede tener aspectos que hay que mejorar”.
Opinión de expertos
Raúl Tavolari, asesor primera reforma: “Es probable que a 12 años de vigencia, hoy día pudieran revisarse algunos de los criterios que se tuvieron en cuenta cuando el Código Procesal Penal se redactó, en la segunda mitad de los 90. Se reaccionaba frente a un sistema que durante el siglo XX había sido extremadamente poco garantista. Hoy, cuando el país está políticamente estabilizado se pueden limitar algunas de las garantías que a fines de los 90 se impusieron en el sistema penal. Si buscamos endurecer el sistema, eso va a repercutir en el ámbito carcelario y habrá que buscar medidas para enfrentarlo. Las políticas públicas suponen equilibrios”.
Carlos Peña, rector de la UDP: “El anuncio repentino de esta reforma es comprensible desde el punto de vista político, pero no desde el jurídico. La reforma fue un largo proceso, en el que participó casi toda la comunidad jurídica. Decidir modificarla ahora, dando como única razón la decisión (correcta además) de una jueza de garantía, no es suficiente. Es comprensible que algo así moleste al común de las personas, pero no que moleste a autoridades. ¿Se pretende acaso que la detención ilegítima dé origen a actuaciones válidas? En consecuencia, si algo hay que revisar en este caso, no son las reglas de la prisión preventiva, sino las de la detención”.
Jorge Bofill, consejero Colegio de Abogados: “El Código Procesal Penal ha sido modificado en reiteradas oportunidades desde el año 2000. La última vez, fue en virtud de lo que se denominó una ley de agenda corta que terminó prácticamente por eliminar todas las normas que establecían casos en que no procedía la prisión preventiva. En mi opinión, hay una sobrerreacción injustificada del gobierno a una resolución judicial. Aquí se está pensando en modificaciones frente a un caso que es excepcional (el del barrista). En más del 90% de los casos los jueces acceden a la prisión preventiva. Cuesta imaginar una modificación legal que no sea improcedente”.
Luis Bates, ex ministro de Justicia: “Hacer reformas a partir de temas puntuales no es muy sano ni buena política. Las reformas tienen que hacerse para que duren en el tiempo, hacerlas sobre contingencias específicas no es bueno. Todo sistema o institución, por cierto que es susceptible de mejorarse, pero eso tiene que pasar por la discusión en el Congreso. Lo que ha faltado, desde que se implementó la reforma, es una mayor educación cívica a la comunidad, en qué consiste la reforma y cuál es el quehacer de los jueces, cuáles son los distintos intervinientes fiscales, defensores magistrados y sus funciones y límites”.
Eliana Claro, Libertad & Desarrollo: “La Reforma Procesal Penal ha sido un gran avance en nuestro país; que ha aumentado fuertemente el número de condenados privados de libertad (que ascienden a 53.000 en la actualidad) y que ha presentado indicadores de eficiencia positivos y de disminuciones de tiempo (en los procesos penales). A pesar de que el caso del barrista puede presentarse como un caso marginal, nosotros creemos que existen áreas de la Reforma Procesal Penal donde se pueden realizar mejoras y que tienen que ver, principalmente, con aumentar la rendición de cuentas de los distintos actores (evaluación fiscales, policías y jueces)”.
Lucía Dammert, experta en seguridad: “Legislar por escándalo es una pésima idea. Tratar de avanzar en mejorar la calidad de las leyes es una cosa súper positiva y, evidentemente, 10 años después de la reforma puede haber cosas que se requieren modificar, pero hay que sentarse a mirar los datos que lo justifiquen. En este sentido, no me queda claro que aumentar los niveles de uso de prisión preventiva sea realmente una necesidad. La utilización de la prisión preventiva es alta en el país y no al contrario. Celebro que se mire el tema de la seguridad con rigurosidad, pero no me queda claro cuáles son esos espacios que requieren mejoras hoy”.
Miguel Otero, abogado y ex embajador: “Se requieren modificaciones precisas y claras para que no sea un debate que se eternice. El objetivo es la defensa de los ciudadanos. Hay que darle mayores atribuciones a Carabineros, porque lo que no se investiga en las primeras 48 horas de ocurrido el delito, prácticamente las evidencias desaparecen. La policía tiene la obligación de investigar, le han quitado responsabilidades (...). En el caso de confesiones de delitos, lo que se tiene que hacer es que Carabineros pueda detener como ocurre con un delito flagrante. Además, hay que revisar las facultades de los jueces de garantía que excluyen pruebas de los juicios”.
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