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En Chile se están registrando algunas situaciones que son poco deseables y escasamente constructivas para el nuevo impulso valórico y de transparencia que se desea lograr entre los chilenos del siglo 21.
Parece que el gobierno en su afán de terminar con la criminalidad, que nos ha enrejado a todos, cae a veces en situaciones un poco "siniestras" a las que no estábamos acostumbrados o que ya habíamos olvidado en parte, tras conocerlas en los tiempos de la dictadura militar.
Hechos que han llamado la atención en las últimas semanas están directamente vinculados al combate de la delincuencia o a acciones supuestamente ligadas al terrorismo, como se clasifica, por ejemplo, el bullado caso Bombas. Cuando conocemos la denuncia de un detenido que dice que funcionarios de la PDI habrían querido comprarlo para que sirviera de informante o denunciante, porque era necesario tener pruebas concretas para acusar a un grupo de 15 personas de terroristas, el comportamiento policial pierde substancia y deja mucho que desear.
No se trata de buscar a cualquier precio pruebas concretas para acusar a alguien o a un grupo de personas de cometer actos de terrorismo o de asociación ilícita, sino más bien habría que conocer con mucha claridad si dichas personas cometieron acciones terroristas reales, en las cuales existió una intencionalidad u objetivo terrorista y no se trate sólo de actos anarquistas como parece ser el caso que se está investigando actualmente en Santiago. Los 15 imputados, que ingresaron a la cárcel por haber colocado unas 20 bombas en distintos lugares de Santiago, cometieron efectivamente un delito grave pero estarían lejos de pertenecer a una banda terrorista con ramificaciones también en el exterior, como se dice.
Sin embargo, aunque el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quiso desviar el tema sobre el supuesto “denunciante a sueldo” , no lo consiguió porque en ningún caso demostró que la oferta denunciada por el ex Mapu Juan Linares Ulloa, de 37 años, no hubiese existido. El no puede estar al tanto de todo y saber lo que pueden ofrecer o no ofrecer los detectives para obtener información.
Si fueran terroristas, como dicen algunos funcionarios del Gobierno, la Corte de Apelaciones, en una sala integrada por tres ministros, no hubiese revocado esta semana por unanimidad la prisión preventiva de dos de los imputados: Pablo Morales, sindicado como líder de una supuesta "organización terrorista”, según la denuncia, y Vinicio Aguilera, presunto financista de los atentados. Ambos quedaron con arresto domiciliario.
Los imputados están ya ocho meses en prisión y siguen en la llamada “prisión preventiva”, donde pueden permanecer sin juicio un tiempo indeterminado, ya que son acusados de violar la Ley Antiterrorista, que también se les ha aplicado a los mapuches en el sur de Chile. Es el terror dentro del terror, porque se está actuando al mismo ritmo que lo ha hecho Estados Unidos en Guantánamo, donde se han cometido las atrocidades más grande en lo que respecta a los derechos humanos y todo bajo el escudo del terrorismo internacional.
Algo similar ocurrió en Chile el año pasado con el joven paquistaní Saif Khan, quien era investigado por un supuesto porte de trazas de explosivos en el interior del Consulado de Estados Unidos en Santiago. Varios meses estuvo entrando y saliendo de la cárcel de alta seguridad tras ser calificado de “peligroso terrorista” por los informantes de la representación diplomática y los agentes chilenos de seguridad. Como la denuncia provenía de una oficina estadounidense, parece que el nerviosismo fue mayor entre las autoridades chilenas. Sin embargo, ni un sólo organismo policial del gobierno pudo probarle al palestino ni el más mínimo delito, hasta que el 2 de diciembre de 2010 el caso fue oficialmente cerrado por falta de todo tipo de pruebas.
Para algunos resulta incomprensible también la situación del ex Fiscal jefe de la zona Sur, Alejandro Peña, que estuvo a cargo de la investigación del caso Bombas como funcionario del Ministerio Público y tras terminársele el contrato allí se le ofreció un nuevo cargo en el Ministerio del Interior. Esto está indicando que existía ya un antes y un después en la relación entre Peña y Rodrigo Hinzpeter, quien es el nuevo patrón del fiscal en La Moneda. Esta vinculación permite preguntarse dónde pueden haber quedado las normas éticas en este asunto, porque si Peña, en el Ministerio Público, en su calidad de fiscal no tuvo la suficiente independencia para investigar los casos en los que estaba involucrado el Gobierno como demandante, su desenvolvimiento habría significado una ruptura flagrante de la estricta autonomía que debe existir entre un poder y otro en Chile.
En estas y otras "irregularidades", que para el Gobierno no lo son, como en el caso bombas o con los mapuches que siguen en huelga de hambre, habría que corregir la estrategia oficialista o como lo acaba de sugerir el ex vicario de la Pastoral Social de la Iglesia, el párroco Alfonso Baeza, habría que pedirle perdón a los imputados por haberlos calificado de terroristas sin haberlos juzgado, y de haber hecho un montaje fuerte "para justificar todas las medidas" carcelarias a las que están sujetos.
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