El "gasolinazo" desautoriza a Evo
El anuncio de un alza del 83 por ciento en el precio de los combustibles fue un golpe para un pueblo ya acostumbrado a que el Estado se haga cargo de muchas de sus necesidades.
El problema para Evo Morales es que ahora las cuentas no le calzan. En 2010, Bolivia debió comprar petróleo y bencina -principalmente a Venezuela- por 666 millones de dólares, y el subsidio al combustible significó para el erario 380 millones de dólares. Para el año que viene, el Vicepresidente Álvaro García Linera hizo una proyección de compra de mil millones de dólares. Con esos números en mente y con la certeza de que los bolivianos lo apoyarían en cualquier decisión, Morales se animó a hacer el anuncio que resultó un verdadero búmeran para el gobierno. Nunca imaginó que sus más incondicionales partidarios, aquellos pobladores de El Alto, la ciudad contigua a La Paz, saldrían a la calle a protestar violentamente, ni que los mineros amenazarían con marchar hacia la capital. En menos de una semana tuvo que echar pie atrás, anular su "gasolinazo", anunciar que cualquier alza será consensuada con los sindicatos y otros sectores sociales involucrados y prometer un alza de salarios del 20 por ciento.
El aura de Evo se vio afectada. Se convirtió en una suerte de rehén de los movimientos sociales. Su autoridad se debilitó; el Presidente flaqueó ante el temor de que se reeditaran las protestas de 2003 y 2005, que botaron varios gobiernos. Evo, probablemente, nunca pensó que enfrentaría la furia de los sectores que lo encumbraron a la Presidencia, y por eso decidió que en vez del decreto, negociaría.
Lo ha dicho él y otros de su gabinete: es prioritario eliminar los subsidios, pero ahora están dispuestos a hacerlo en forma gradual. El tema de fondo en este problema es que la nacionalización de los hidrocarburos no le ha traído a Bolivia la bonanza económica esperada. Tampoco se ha logrado un aumento en la producción de gas y petróleo. De los 10.200 barriles diarios de hidrocarburos que se extraían hace dos años, en 2010 la producción cayó a 4.900 barriles por día. Los bolivianos consumen 60.000, por lo que deben importar la diferencia.
Para Evo y su entorno queda claro, ahora, que necesitan más inversiones en ese rubro, pero también se han dado cuenta de que no hay incentivos para que las empresas arriesguen su capital en Bolivia en prospecciones que no saben cómo les redituarán. El precio que paga Bolivia no es conveniente, pues las empresas reciben apenas 10 dólares por barril (venden a un precio congelado de 27 dólares, y la diferencia se va en impuestos). Evo ha dicho que se aumentará ese precio. El miércoles se anunció que el gobierno devolvería hasta el ciento por ciento de la inversión a las empresas petroleras que encuentren nuevos yacimientos.
En este panorama sombrío que enfrenta Evo Morales al inicio de 2011, es cuando levanta, como tantos gobiernos que lo precedieron, el tema de su aspiración marítima y de la posibilidad de acudir a La Haya, provocando la oportuna reacción de la Cancillería chilena que, con mesura y ponderación, pidió explicaciones, las cuales rápidamente bajaron la tensión entre ambos países.
Tras el alza del gas en Magallanes
En muchas ocasiones los países deben adoptar decisiones que no siempre son aceptadas o comprendidas por la población, pero que están basadas en sólidos argumentos técnicos. Para hacerlas viables se requiere respaldo político.
En Chile los actores políticos han demostrado a menudo una importante responsabilidad que no siempre se ha destacado como se debiera. Un ejemplo de ello es el amplio acuerdo que, en su momento, suscitaron los aumentos en las tarifas de agua potable para financiar el saneamiento de las aguas servidas. En este ámbito también se puede mencionar el alza en las tarifas eléctricas que la población y la industria tuvieron que soportar para hacer frente a la desaparición de la oferta de gas desde Argentina.
Sin embargo, hay momentos en que se produce una aguda discrepancia entre las decisiones que desde el punto de vista técnico son las más convenientes y la reacción del mundo político. Algo de ello es lo que se ha visto a propósito de los aumentos anunciados en las cuentas del gas para la Región de Magallanes. Siempre ha habido un trato preferencial para la zona en este aspecto, que puede defenderse desde el punto de vista de las características propias de la misma, en particular por su carácter de territorio extremo. No es esa la cuestión que está ahora en el debate, sino sólo si ella mantiene su relación con el resto del país. Las tarifas actuales de esa región están mucho más rezagadas que en el pasado. En efecto, si en los 90 y principios de 2000 el costo de una cuenta equivalente alcanzaba en esa región a un 15 o 20 por ciento del valor que se pagaba en el resto del país, el año pasado llegó sólo a 11 por ciento. El alza anunciada recupera la tendencia histórica.
Esas diferencias entre el precio de venta a los hogares e industrias de la región y el precio de mercado son financiadas por Enap y absorbidas, en la práctica, por todo el país. Esta realidad obviamente limita el desarrollo de esta empresa y también desincentiva otras inversiones que serían obligadas a vender parte de su producción a un precio menor. Pero también despierta una sensación de injusticia para los hogares de otras regiones, muchas veces de menores ingresos, que no reciben compensaciones similares. De ahí que cabe esperar responsabilidad de los actores políticos en el cuadro actual en que Enap no tiene reservas normales de gas sino hasta el 2013, y Metanex, asimismo, enfrenta serio peligro de cierre por la misma falta de gas. La decisión del Gobierno no es suprimir el tratamiento especial que reciben los magallánicos, sino recuperar la proporción de pago pasada.
Sin embargo, en este episodio ha quedado en evidencia el incipiente riesgo de una democracia en la cual los partidos no cumplen sus roles de moderación y conducción del debate político. Ha sorprendido, incluso, la dureza de los cuestionamientos formulados por los ex Presidentes Lagos y Frei a esta política. Es cierto que, en sus intervenciones iniciales, el ministro de Energía equivocó el tono del mensaje y que el Gobierno no le dio la trascendencia política adecuada a una medida que afecta justamente a una zona donde hay representantes independientes que pueden ayudarlo a sacar adelante sus proyectos de ley. Así, se ha evidenciado un déficit en la gestión política del Gobierno que ha facilitado la crítica.
Habrá ahora una interpelación al ministro de Energía, quien seguramente defenderá la decisión con un cúmulo de antecedentes técnicos que hacen recomendable la decisión, pero el Ejecutivo no puede olvidar que medidas como éstas, por muy sólidas que sean técnicamente, requieren de gestión y argumentación políticas. Estos atributos serán cada vez más relevantes en los tres años que restan de mandato para llevar a buen puerto las distintas reformas que se ha propuesto el Gobierno y, como sugiere este episodio, se necesitarán más que ideas técnicamente fundadas.
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