Página Editorial Latinoamericana

Diario La Nación de Buenos Aires Argentina
Papel Prensa: El problema es que la gente no demanda a los medios kirchneristas

Por Roberto Cachanosky

Cuando uno lee el proyecto de ley para declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios por el que, se dice, se quiere abastecer en forma igualitaria la provisión de papel para los diarios, no encuentra ninguna razón de carácter económico para que el Estado intervenga en ese mercado.

En efecto, el papel para diarios es un commodity y, por lo tanto, el precio se determina en el mercado internacional y no en el mercado local. Inclusive hoy la importación de papel para diario es libre, no existen aranceles para importarlo de muchos países, como por ejemplo el cercano Chile y acceder a ese commodity es muy sencillo. Aún más, hay otra empresa local que puede fabricar papel que fue creada bajo un régimen de promoción para producir papel para diarios. Obviamente que si no lo hace debe ser porque no le resulta interesante desde el punto de vista de la rentabilidad. Si actualmente estuviera faltando papel para diarios, el precio estaría subiendo y dicha empresa encontraría económicamente atractiva su producción.

Pero aún si el Gobierno considerara que todo esto es poco para garantizar el abastecimiento de papel para diario, la mejor garantía para acceder al producto lo daría una ley que prohibiera el establecimiento de aranceles o de medidas paraarancelarias, burocráticas o de cualquier otro tipo que prohíban o limiten la importación de papel para periódicos.

Es más, dependiendo de la estructura de un diario, tal vez el costo del papel sobre el costo total de producción se ubique en torno al 20% del costo total, siendo el gasto en personal el costo más alto. Teniendo en cuenta que si bien el insumo papel puede considerarse como un insumo variable, la cantidad de papel consumido en forma mensual es más o menos constante, con lo cual el papel es un costo casi fijo dentro de la estructura de costos de un diarios. Con el argumento del Gobierno de que el papel debe ser de interés público y siendo que no es todo el costo de producción, ni el único insumo necesario, los periodistas que trabajan en los diarios deberían ser considerados de interés público, la tinta, los fotógrafos, los quioscos y todo lo que constituye la cadena de producción y distribución de un diario.

Tampoco se observan argumentos económicos para que, como dice el proyecto de ley, sea necesario establecer las condiciones tendientes a asegurar la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios con materia prima nacional. Justamente, al limitar el insumo papel a su condición de producción nacional se atenta contra la libertad de prensa, algo que el mencionado proyecto dice defender. Puesto en otros términos, si de defender la libertad de prensa se trata, nada mejor que asegurar la mayor competencia posible en la provisión de insumos para que cada uno pueda expresar libremente sus ideas.

Las intervenciones del Estado en diferentes mercados han generado desabastecimiento y subas de precios. Por ejemplo, el Estado intervino en el mercado energético y hoy estamos gastando miles de millones de dólares anuales para importar gas en forma licuada a un costo que es, por lo menos, seis veces más alto que el precio al que se permite vender en el mercado interno y, a pesar de ello, por citar un ejemplo, la provincia de Córdoba estuvo industrialmente paralizada por la falta de gas durante el mes de julio. Tenemos una crisis energética a pesar de los miles de millones de pesos que se gastan en mantener precariamente funcionando el sistema.

También en su momento se quiso tener carne barata para todos y el resultado final fue que nos consumimos buena parte del stock ganadero y hoy el precio de la carne es tanto o más caro que cuando se intervino el mercado con el mismo argumento de interés público por la carne.

Aerolíneas Argentinas es otro ejemplo de la teoría del interés público y hoy insume recursos de los contribuyentes por las pérdidas que tiene.

El fútbol para todos también tiene un costo para el contribuyente a pesar que Cristina Fernández sostuvo lo contrario cuando dio su discurso anunciado la estatización del fútbol.

El gobierno de los Kirchner ha creado su propio multimedio a su favor con Canal 7, Radio Nacional y una serie de medios impresos y otras radios que sobreviven gracias a la pauta oficial. Aparece aquí, entonces, otro problema típico del mercado. El consumidor, es decir la gente, no lee esos diarios, ni ve esos canales de televisión ni sintoniza las radios que cantan loas al oficialismo. ¿Qué significa esto? Que en rigor aquí no hay un problema de abastecimiento de papel para diarios y si lo hubiera se soluciona asegurando la importación de papel. El problema es un típico problema de mercado: la gente no demanda lo que dicen los medios oficialistas y prefiere ver, oír o leer otros medios, por lo tanto, el objetivo de regular el mercado de papel no parece pasar por una mayor democratización de la información, como dice el proyecto de ley, sino que claramente luce como un proyecto para que, si la gente no quiere mis medios, que no exista la competencia. O, si se prefiere, si la gente no quiere escuchar el mensaje pro gobierno, que no escuche ningún otro mensaje.

Lo que parece cegar al Gobierno no es sólo que los medios independientes lo critiquen sino que, encima, la gente no demande lo que dicen los medios adictos al kirchnerismo.

Diario La Razón de La Paz Bolivia
El caso Fancesa

La recuperación a favor del Gobierno Departamental de Chuquisaca de las acciones en Fancesa que tenía la cementera Soboce y que antes pertenecían a la Prefectura de Chuquisaca, desató un verdadero revuelo en el país. Se tocaron intereses de uno de los empresarios bolivianos más importantes, Samuel Doria Medina, pero también de extranjeros que tienen participación en la firma (Leer nota de Krohne Archiv sobre este tema publicada ayer).

La exitosa fórmula mixta de administración empresarial a cargo de dos entidades públicas con una compañía privada, era un ejemplo a nivel de Latinoamérica. La Alcaldía de Sucre y la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca compartían el directorio con Soboce en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa). Pero, esto cambiará debido a la medida asumida el 1 de septiembre por el gobierno de Evo Morales.

La Sociedad Boliviana de Cemento, hasta ese momento, vino contribuyendo al crecimiento sostenido de la fábrica sucrense.

Con Soboce como copropietaria de Fancesa, ésta multiplicó por 10 sus ganancias económicas en los últimos años. Esto significa que la empresa mantuvo altos niveles de rendimiento desde 1999, cuando el grupo paceño compró el 33,34% de las acciones en 26 millones de dólares. Hoy, se estima que ese paquete accionario podría tener un valor mucho mayor, aunque el Decreto Supremo 0616, con el que el Gobierno traspasó los títulos privados a favor del Gobierno Departamental de Chuquisaca, establece que una empresa independiente se encargará de justipreciarlo, antes de proceder al pago.

El 6 de agosto de este año, el presidente Evo Morales invitó a los empresarios nacionales a invertir en el país; pero, con medidas como la aplicada en el caso de Soboce, se crea un nuevo ambiente de incertidumbre. El pretexto es recuperar lo que fue del Estado y lograr más de 4,5 millones de dólares anuales para Chuquisaca, acusando en el camino a Doria Medina de tráfico de influencias en el gobierno de Jaime Paz Zamora.

Según la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Cámara Nacional de Comercio, la medida generará incertidumbre jurídica y alejará del país a posibles inversionistas nacionales y extranjeros. No es la primera vez que el gobierno del mandatario Morales provoca este tipo de reacciones y, en ese sentido, lo conveniente sería cuidar que las políticas estatales vayan de la mano con la iniciativa privada. Aunque se diga que el resto de las inversiones con esfuerzo privado se respetarán.

Una empresa, como lo es Fancesa, debe tener un manejo empresarial y no político, pues esto podría resultar nefasto para la principal industria de Chuquisaca en un mercado cada vez más competitivo. ¿No era mejor tratar de recomprar las acciones de Soboce ofreciéndole a ésta la posibilidad de negociar? ¿Por qué optar, siempre, por la vía de la reversión forzosa?

Diario El Universal de México
¿Fin de los monopolios?

En su Tercer Informe de Gobierno, el presidente Felipe Calderón generó altas expectativas por los cambios de fondo que proponía, entre ellos, la desarticulación de los monopolios que tanto dañan la economía del país. Nada cambió en ese sentido durante el siguiente año. Ahora, en su Cuarto Informe de Gobierno, el mandatario pasó por fin del discurso a la propuesta con la apertura del sector de las telecomunicaciones, quizá el más necesitado de competencia.

El Presidente tiene a su favor una coyuntura que le permite emprender esta tarea de la manera más tersa posible, con la digitalización. ¿Qué es eso? Se trata de una transformación tecnológica que permite la mejora en la calidad de la imagen y del sonido, el aumento de la oferta de canales de televisión, alta definición y otras características. La digitalización ha hecho posible en otros países la multiplicación de empresas participantes, lo que a la postre beneficia a los consumidores.

Hasta la fecha, en México unos pocos tienen el control de la telefonía mientras otros el de la televisión, y todos ellos pugnan por el mercado de la comunicación de datos. Hacer que esos nichos converjan es lo que se llama triple play. Bajo ese esquema, cualquiera con una concesión para el uso de telefonía puede dedicarse a hacer televisión, en tanto, quien antes sólo incursionaba en el internet ahora puede hacerlo en telefonía o televisión y viceversa. Esto hace que las empresas monopólicas de un área se encuentren de golpe en un mercado amplísimo donde su negocio original termina siendo una pequeña parte de todo el negocio de las telecomunicaciones.

Gracias a esta oportunidad tecnológica, el Estado se encuentra ante una formidable posición para combatir los monopolios a la buena, es decir, creciendo el pastel para que nadie se quede sin la oportunidad de ganar. Los dos grandes actores en televisión y telefonía, quienes concentran, cada uno en su respectivo ramo, más del 80% del marcado, competirá ahora dentro de una misma arena económica. Sin embargo, el segundo posee más recursos que el primero, de tal manera que sin la intervención del Estado la carrera entre ambos sería inequitativa.

Para evitar que siempre prevalezca el más acaudalado, el Presidente ha expedido un decreto para que los participantes de cada sector tengan un acceso similar al mercado. En otras palabras, para hacer competitiva la telefonía o la televisión, el gobierno federal debe poner ventajas a los pequeños empresarios y limitaciones a los dominantes.

Sólo de esa manera se garantizarán las condiciones óptimas para hacer de las Telecomunicaciones uno de los motores del desarrollo del país.