KRADIARIO

OPINIÓN DEL EDITOR

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LA FÓRMULA "REPUBLICANA" QUE SE ESTARÍA NEGOCIANDO PARA NOMBRAR AL NUEVO CONTRALOR Y AL FISCAL NACIONAL

Por Walter Krohne

Un nuevo escándalo, o mejor dicho uno detrás de otro, es lo que aparece mostrando el Gobierno de Michelle Bachelet con el nombramiento de cargos claves dentro de la institucionalidad chilena y la vida republicana. El candidato a contralor general de la República, Enrique Petar Rajevic Mosler,  abogado cercano a la DC, está perdiendo la carrera para asumir uno de los puestos del Estado más importantes, porque el Gobierno lanzó su nombre sin "testear" antes si encontraría el apoyo necesario en el Senado, lo que hasta hoy aparece casi imposible.

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Esta situación expuso a La Moneda a un nuevo "papelón" porque ya han pasado seis meses desde que el anterior contralor Ramiro Mendoza dejó el cargo, y si bien hay una funcionaria subrogante, en la práctica Chile ha estado todo este tiempo sin un funcionario, oficialmente nombrado, encargado de aprobar las decisiones del Estado y lograr que las tareas se realicen con la máxima o total probidad.

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Ante el fracaso de hoy para conseguir los 22 votos que se necesitan en el Senado, la Presidenta Bachelet prorrogó en treinta días la elección del candidato. El presidente del Senado, Patricio Walker (DC) fue  quien encendió la luz roja al anunciar esta tarde  a todos los vientos que los votos no estaban para nombrar a Rajevic.  Así, la Mandataria decidió retirar la suma urgencia que tenía el nombramiento, cuyo plazo vencía el próximo jueves 8 de octubre.

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El hecho significa un nuevo y fuerte golpe para La Moneda, pero quien corre mayor peligro es el  ministro del Interior, Jorge Burgos, quien propuso  a Rajevic como el candidato de La Moneda e insistió ciegamente en su decisión, por la amistad que los une y la cercanía del candidato al PDC, donde milita el secretario de Estado.

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Sin embargo, con esta renovación de la urgencia el Senado tendrá 30 días más para que se concrete esta votación.

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Por otra parte, el jefe de bancada opositora de Renovación Nacional (RN), Baldo Prokurica ha pedido explicaciones a la mesa, respecto a porque se ha producido cambio en algo que había sido ya acordado y se había resuelto que la votación sería mañana miércoles.

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El senador agregó que el Gobierno no debe retirar la urgencia del nombramiento,  sino que derechamente retirar el nombre de Rajevic para que en definitiva el proceso comience de nuevo con un nombre que dé garantías de imparcialidad y que asegure que se ejercerá correctamente la función de contralor general de la República.

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Como ex director Jurídico del Consejo para la Transparencia, hombre cercano a la Democracia Cristiana y al actual ministro de Interior, Rajevic ha sido esbozado como la mejor opción de La Moneda, pese a las críticas y cuestionamientos por una demanda que fue entablada en su contra por el Consejo de Defensa del Estado debido a una beca de estudio que recibió y que cumplió 11 años después.

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Asimismo, se le criticó por la poca claridad con respecto al cumplimiento del compromiso con el Estado, ya que al haber ganado la beca debía responder a ciertos requerimientos como regresar a Chile al término del periodo, para integrarse a universidades, entidades de investigación, o a la administración pública, pero el abogado permaneció el doble de tiempo en el extranjero.

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Tras ser consultado en la Comisión de Constitución del Senado,  Rajevic señaló que ha cumplido con todo lo que se le ha pedido, pero es imposible terminar con un doctorado en tres años y medio. Asimismo señaló que desde el punto de vista reglamentario cumplió con todo lo exigido en la beca.

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Eso sí, no aclaró si finalmente pagó el dinero que debía devolverle al fisco, y lamentó que el Consejo de Defensa del Estado no haya llevado adelante la notificación para evitar cuestionamientos.

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Cabe recordar que de acuerdo a la Constitución, dicho nombramiento debe ser aprobado por los tres quintos de los senadores en ejercicio (22 votos si no existe algún senador con permiso constitucional).  El abogado Enrique Rajevic, actual asesor del Ministerio de Vivienda contaría hasta ahora con sólo 17 de los 22 votos necesarios para su ratificación.

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Entre los requisitos para ser nombrado Contralor se encuentra el tener a lo menos diez años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. El cargo tiene un período de duración de ocho años, sin posibilidad de ser designado para el período siguiente.

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Un punto importante que ha surgido en la discusión de hoy es que el nuevo contralor debería ser un personaje destacado que no registrara pertenencia alguna a un determinado partido político porque su tarea debe ser desarrollada bajo la más completa imparcialidad sin estar expuesto a  presiones partidarias.

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En ese sentido, debe existir una visión de Estado porque son cargos que tienen que ejercerse por el bien de todos y tienen que tener una neutralidad, respecto de lo que son sus comportamientos a futuro.

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Algunos sectores, tanto oficialistas como de la oposición, destacaron precisamente que es muy malo que se produzcan alineamientos de sectores políticos, si están a favor o en contra como bloque.

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Pero el colmo de los colmos son las versiones que circularon hoy en algunos medios, como Radio Biobío, sobre que en este período de treinta días de prorroga podría darse o surgir una fórmula negociada entre la Nueva Mayoría y la oposición para ponerse de acuerdo  en el nombre del candidato a Contralor, pero  agregando dentro de “la oferta” también el nombre de quien podría ser el próximo Fiscal Nacional. Es decir se trataría en la práctica de un “paquete” muy poco republicano en que los políticos se pondrían de acuerdo en la elección de los dos cargos más importantes para la institucionalidad del país que tienen que ver con la probidad y la seguridad de todos los chilenos.

Aquí el problema está en que uno de los que integran la quina para nuevo fiscal nacional es el del ex Fiscal de Rancagua, Luis Toledo,  que estuvo a cargo del caso Caval que involucró al hijo de la Presidenta Sebastián Dávalos y a su nuera Natalia Compagnon  en el marco de una controvertida compraventa de terrenos en Machalí que le prometía una suculenta ganancia. Las críticas ya están circulando antes de la elección final, porque han surgido voces opositoras que acusan, según The Clinic, que  el gobierno de la Presidenta Bachelet "conspiro" para incluir al fiscal Toledo en la quina. Esto, con la supuesta intención de "enterrar" definitivamente la investigación sobre el caso Caval.

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Es decir así se dan las cosas en esta nueva democracia: Primero un desórden y tradanza en el desarrollo de los procesos para lograr  los nombramientos y luego “la típica cocina” ya muy popular frente a numerosos otros acuerdos históricos en el Congreso Nacional, como ya se dio antes con la reforma tributaria y también en numerosos otros casos.