KRADIARIO

HACIA UNA CAMPAÑA DE RESPETO POR LA PROPIEDAD AJENA

EL ESTIGMA DEL DELITO DE ROBO

Los delitos contra la propiedad, y en particular el robo, constituyen la delincuencia real que causa inseguridad en la población chilena desde hace una década.  Los gobiernos  han impulsado leyes, programas y sistemas para su persecución penal.  Pero se necesita reforzar los valores,  para empezar a borrar este verdadero estigma de nuestro pueblo.

Por Hernán Ávalos Narváez

El decano de derecho de la UDP Juan Enrique Vargas señaló ante los ministros de la Corte Suprema durante su exposición para concursar al cargo de Fiscal Nacional del Ministerio Público,  que la sensación de impunidad ante la delincuencia que tiene la ciudadanía, “se explica por los delitos contra la propiedad (robos o asaltos) de carácter violento. Estos ilícitos son aproximadamente el 8% de las causas que ingresan al sistema. El problema (para la investigación) es que el 80% de estos no tiene imputado conocido”.

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Luego como se trata de elevar la eficiencia de la persecución penal, propuso mejorar la coordinación con Carabineros y la PDI y generar protocolos específicos de acción para levantar mejores evidencias que contribuyan a generar pruebas de los delitos,  individualizar a los  imputados y contribuir a crear convicción ante los jueces, de modo de obtener sentencias condenatorias y evitar archivar temporalmente las causas. Y por último sugirió una mayor preparación  de los casos llevados a juicios orales.

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Aceptando el diagnóstico de Vargas, habría que preguntarse ¿qué se está haciendo para prevenir y controlar los robos que constituyen la verdadera delincuencia causante del índice de inseguridad del 80% promedio en la ciudadanía durante los últimos 10 años? Las respuesta son aumento de la dotación de Carabineros para llegar a una cifra de 70.000 uniformados;  racionalización de funciones para disponer de más policías en los barrios más amagados por los antisociales y relanzamiento del Plan Cuadrante de Carabineros con la contratación de profesionales para potenciar la inteligencia policial.

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Otra iniciativa en desarrollo que tiene consonancia con el diagnóstico del abogado y académico de la UDP está a cargo del Ministerio de Interior,  el cual hacia finales del 2016 habrá ejecutado el Plan Comunal de Seguridad Pública, focalizando recursos en 74 comunas que concentran el 82% de las denuncias por delito de mayor connotación social y más del 72% de la población del país.  Los 9.000 millones de pesos de que está dotado están siendo asignados de acuerdo a las prioridades locales  y por lo general están referidos a iluminación de áreas oscuras, recuperación de espacios públicos, instalación de mobiliario urbano, juegos infantiles, casetas para guardias municipales, adquisición de vehículos y cámaras de tele vigilancia.

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En línea con el diagnóstico de mejorar la persecución criminal, el Gobierno de Bachelet   promulgó la ley que aumentó en 122 las plazas de fiscales del Ministerio Público, aumentó su presupuesto anual en 30.000 millones de pesos, fortaleciendo la institución con la creación del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, destinados justamente, a evitar que las denuncias por robos sean enviadas al archivo temporal, por ausencia de imputados y de ese modo contribuir a una justicia efectiva que es lo que está demando la ciudadanía.

Y de seguro hay otras iniciativas destinadas a mejorar el control de la delincuencia y en especial los delitos de robo que aquejan a la población de todo el espectro social.

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Por ejemplo, capturar los 56.000 prófugos de la justicia. Esta tarea es responsabilidad principal de la PDI. Y para que cumpla su misión con eficiencia, es preciso aumentar su dotación, la cual hoy representa el equivalente al 10% de los funcionarios de Carabineros, esto es, 7.000 funcionarios, entre detectives, peritos y empleados. Según indican por redes sociales, están sobrepasados por largas jornadas de trabajo, abrumados con la obligación de diligenciar numerosas órdenes de investigar emanadas de los tribunales, además de atender las variadas instrucciones de los fiscales. Por consiguiente, en general tienen escasos resultados, o éxitos investigativos esporádicos, principalmente de unidades especializadas dotadas de mayores recursos.

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Otra variable que necesita cambiar son los sistemas de evaluación de los actores de la persecución penal. Todos ellos son evaluados anualmente por sus pares más antiguos en comisiones ad hoc. Pero sus decisiones están influidas por los mandos superiores, por  vínculos de amistad o favoritismo.  No siempre por los resultados de la gestión profesional. Los fiscales son evaluados uno a uno por las causas terminadas o enviadas al archivo temporal; los detectives por el número de investigaciones con resultado en las que participan y los carabineros no tienen evaluaciones individuales de desempeño, sino grupales, por las unidades a las que pertenecen.

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Así todas las instituciones externas que han analizado tanto al Ministerio Público, a la PDI y Carabineros, como son la Facultad de Economía y Administración de la PUC, o la Fundación Paz Ciudadana, entre otras, han concluido con críticas al método empleado en sus evaluaciones, recomendando consideración preferencial el desempeño individual de sus funcionarios, por intermedio de comisiones anuales rotativas conformadas por sorteo entre superiores calificados, vinculando sus resultados a los ascensos en la carrera profesional y a los incentivos económicos. En  la actualidad, un funcionario mediocre puede vegetar en su institución.

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También en cultura y valores debieran planificarse iniciativas tendientes a desincentivar el robo y condenarlo a todo evento como un delito injustificable. Es curioso porque hay campañas de prevención contra accidentes de tránsito, contra la drogadicción, contra el sida, contra el alcoholismo, entre otras, pero nunca contra el  robo, que en sus distintas modalidades,  por lejos constituye el delito de mayor ocurrencia en el país. Tampoco se han diseñado afiches para colocar en las estaciones de trenes, buses, o recintos de alta concurrencia pública.  Por lo demás, el 7° mandamiento de la Iglesia Católica dispone  “no robar”  y  los sacerdotes podrían recordarlo en sus sermones, haciendo una contribución actualizada del respeto a la propiedad ajena.

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En este contexto hay que entender el reciente acuerdo de la Cámara de Diputados en primer trámite legislativo que crea el Archivo Policial Unificado y el Banco de ADN para convictos de robos con sentencias sobre cinco años de cárcel, puesto que ayudan a desincentivar los delitos contra la propiedad.  Igual propósito tiene el acuerdo para elevar las penas para la receptación (venta de bienes robados) y la eliminación de las atenuantes en los delitos contra la propiedad (robos y hurtos).  Sin embargo,  como efecto indeseado habría que esperar un aumento progresivo de la población penal.

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En el mismo proyecto de ley llamado “Agenda Corta Anti Delincuencia” y con  votación transversal, la Cámara aprobó aumentar las penas por atentados contra los funcionarios policiales y la modificación del control de identidad, otorgando a los policías facultades discrecionales para actuar en cualquier lugar y circunstancias.  Esto último resultó controvertido y podría ser modificado en el Senado,  pues restringe  el derecho a la libertad, eliminando del Código Procesal Penal el requisito para los carabineros y detectives de tener indicios de delito,  previo al control de identidad.

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Según el modelo económico social de mercado vigente,  para ser efectivas estas medidas en el mediano y largo plazo,  deben ir combinadas con reformas estructurales destinadas a mejorar la distribución del ingreso, e instaurar la educación gratuita y universal en todos los niveles de la enseñanza, con el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades para los jóvenes (los más expuestos a delinquir),  las cuales desincentivan particularmente los robos,  mejoran la calidad de vida,  contribuyen a una sociedad más equitativa y  en definitiva a la paz social.