KRADIARIO

Columna del Periodista Fernández

Y A LO MEJOR SERÍA BUENO…

Por Enrique Fernández
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Lo dijo el vocero de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Milton Juica. Quizás…  en una de ésas… “a lo mejor sería bueno estudiar una nueva Constitución”.
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¿Y por qué no?

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Total, un 71% de la población piensa lo mismo, según una reciente encuesta de la consultora Cadem, aunque la mayoría reconoce que no ha leído la Constitución. Casi nadie sabe, por cierto, que el artículo 24 entrega al Estado el dominio exclusivo de las minas de cobre y los demás yacimientos de carbón, plata, oro u otros minerales. Y sin embargo existen grandes minas cupríferas en manos privadas, en abierta violación al acuerdo constitucional aprobado por unanimidad en el Parlamento el domingo 11 de julio de 1971.
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A partir de ese día Chile nacionalizó el cobre. Después la historia siguió un curso distinto y desde 1981, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, volvieron los capitales ingleses, norteamericanos, japoneses y de otras nacionalidades a explotar las riquezas básicas del país. La Constitución nuevamente se modificó en 1989 y en el año 2005, bajo el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos.
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Pero el artículo 24 mantiene el espíritu de aquel domingo de 1971 cuando el presidente Allende nacionalizó el cobre por la vía de una reforma constitucional. ¿Qué dice ese artículo?

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“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas”.
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¿Por qué entonces hay grandes inversionistas privados en la minería del cobre y otros metales? ¿Es o no una infracción a la norma constitucional? Si usted se lo pregunta a un político oficialista u opositor, le dirá que esos capitalistas obtuvieron un permiso o “concesión” para explotar el cobre –y también el litio-, pero no se preocupe porque el dueño de los yacimientos… es el Estado. Es decir, los propietarios de esa riqueza somos todos nosotros, aunque los que se benefician de ella son empresas transnacionales.
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Si  hay quienes conocen o debieran conocer como nadie la Constitución o Carta Fundamental, que es la madre de todas las leyes de la República, ésos son los jueces de la Corte Suprema, máximo tribunal del país. La misma corte que rechazó 10.000 recursos de amparo en favor de otros tantos detenidos en tiempos de la dictadura (1973-1990). Más de un millar de esos prisioneros figuran hasta hoy en las listas de los desaparecidos.

Es el mismo tribunal que en 1973 respaldó el golpe de Estado contra el Presidente Salvador Allende y rechazó, cinco años después, la extradición a Estados Unidos del general Manuel Contreras, jefe de la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional). Contreras fue acusado entonces de planear “por órdenes superiores” el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, que murió el 21 de septiembre de 1976 junto a su secretaria Ronnie Moffit, cuando una bomba estalló bajo su automóvil en pleno centro de Washington.
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Pero los jueces de la Corte Suprema hoy no son los de antes. Incluso están dispuestos a considerar el reemplazo de la Constitución de Pinochet por una nueva Carta. Así lo señaló el ministro Milton Juica después de un encuentro que los magistrados celebraron con la Presidenta Michelle Bachelet.
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“En las conversaciones que tuvimos con la Presidenta ningún ministro mostró una oposición a estudiar una nueva Constitución", dijo el representante de la Corte. Nótese que habló de “una nueva Constitución” y no de una reforma a la Constitución actual. En otras palabras, se mostró más avanzado que muchos dirigentes políticos, incluido el ex presidente Sebastián Piñera que prefiere una “reforma” y no una estructura totalmente nueva.

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“Estamos pasando a épocas complejas, desde el punto de vista institucional, y a lo mejor sería bueno estudiar una nueva Constitución", insistió el juez, que por segunda vez se refirió a una Constitución “nueva” y no a una reforma.

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Y a lo mejor sería bueno…

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Después de todo no siempre estamos a las puertas de tan histórico acontecimiento. En toda su historia Chile ha tenido sólo tres grandes constituciones: la de 1833, cuando nacía la República, la de 1925 y la de 1980, que nació de un dudoso plebiscito cuando la dictadura había destruido los registros electorales.

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De modo que ahora habrá que informarse, para saber qué es lo que los poderes públicos quieren. ¿Seguirá vigente el artículo 24? ¿Y si se mantiene, lo aplicarán las autoridades para volver a nacionalizar el cobre como alguna vez lo plantearon los estudiantes en las movilizaciones del año 2011?

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A lo mejor… quizás… en una de ésas.