COLUMNA DE OPINIÓN DEL EDITOR
CON LA HUELGA DEL REGISTRO CIVIL EL GOBIERNO HA MOSTRADO TODA SU INEFICIENCIA POLÍTICA Y OPERATIVA
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El conflicto del Registro Civil no tiene ni pies ni cabeza. El ministro Juan Antonio Gómez, hoy al frente de la cartera de defensa y antes en la de justicia, prometió entregarle un bono a los trabajadores. Es decir hubo un compromiso formal de un secretario de Estado que hoy no ha dado la cara y que la Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, trató hoy y con razón, de cobarde y de haberse escondido, metiendo su cabeza en la arena como las avestruces y no reconocer su promesa.
Nadie en el Gobierno quiere asumir responsabilidades dejando a un servicio público tan importante, como es el Registro Civil, prácticamente en el aire para que por su cuenta busque un nuevo camino en sus reivindicaciones económicas. En otras palabras lo han dejado a su propia suerte sin tenderle a este gremio una "mano amiga, franca y no embustera". Los huelguistas han dado hoy un mensaje en el sentido que ellos están dispuestos a reanudar sus labores, pero antes, pidieron, debe establecerse una mesa de diálogo entre el Gobierno y los trabajadores. Así de simple, pero la actual ministra de justicia Javiera Blanco no lo ha hecho, no se ha abierto al diálogo y no se conoce tampoco que clase de objetivos políticos persigue frente a este conflicto.
Todo es contradictorio y muy confuso porque por una parte el Gobierno ha insistido en que el diálogo será la característica del denominado "segundo tiempo", lamentablemente está haciendo todo lo contrario. Todos pensaban que el Gobierno de Michelle Bachelet iba a ser cercano a los trabajadores y/o asalariados, sin embargo no ha sido este el caso, porque por un lado desea impulsar una reforma laboral que incluya el derecho a huelga sin reemplazos en el sector privado, pero por otro, en el conflicto del Registro Civil ha presionado con fuerza para que el trabajo sea asumido allí por otras reparticiones, mencionándose, por ejemplo, al personal del Ministerio del Interior.
El diputado socialista y ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, como siempre tratando de arreglar los conflictos a su manera y con expresiones que se apartan de la realidad misma de los hechos, calificó al gobierno de "ingenuo" y a los dirigentes del gremio de "intransigentes".
"Alguien tiene que ceder", dijo, y parece que no cabe duda en este momento que será el propio gobierno el que deberá dar este paso, ya que la promesa con los funcionarios provino precisamente de un ministro de Estado del gobierno de Michelle Bachelet. El no cumplimiento de un compromiso origina solamente mayor desconfianza en la política y anula la poca credibilidad que aún se respira en el sector público.
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Para rebajar el potencial del conflicto, el Gobierno lo ha calificado de ilegal dando como explicación que los empleados del Estado no pueden ir a una huelga. Sin embargo, si fuera esto tan categórico, ¿por qué entonces no se tomaron las medidas necesarias desde el primer día de la huelga? ¿no tuvieron la valentía o decisión para hacerlo o qué es? Contrariamente amenazó a los trabajadores con la aplicación de la Ley Interior del Estado advertencia que hizo el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, pero que tampoco se ha llevado a la práctica.
Ocurre que en Chile no se ha revisado el régimen laboral en el sector estatal, porque la modernización del Estado está prácticamente estancada o al menos, en este sentido, muy atrasada. No existe una claridad legal, porque a pesar de las prohibiciones, los paros en el sector público son frecuentes y gozan de impunidad, como se ha podido comprobar en el caso del Registro Civil.
Expresiones van y vienen como voladores de luces. Se ha criticado en Nueva Mayoría “la intervención de la
ANEF con un paro de 24 horas, calificado de "no afortunado". Y ahora... ¿qué harán? A su vez en el Gobierno descalificaron una intervención del ministro de Hacienda quien podría dar luces sobre cuánto y que se puede hacer para resolver este conflicto, aunque sea parcialmente. Pero no, porque entretanto el ministro del Interior Jorge Burgos, afirmó que la solución no es abrir la billetera....entonces ¿que hay que hacer? Burgos declaró que es bastante duro, pero debe haber entendimiento de que no podemos decir a todo que sí. Esto lo pagan los ciudadanos”.... pero acaso ¿no fue un ministro de Bachelet el que prometió y no cumplió? ¿en que quedamos?
El vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), Norberto Díaz, señaló que el origen de la huelga tienen que ver con los
malos salarios que tienen los trabajadores del Registro Civil y sólo se han ido
mejorando con las protestas de los trabajadores. Es decir, las protestas son el "combustible" que puede echar a "andar el carro". ¿Cómo es esto posible cuando estamos escuchando frecuentemente que hay que luchar contra la desigualdad?
Para sectores, como la CUT por ejemplo, el único responsable de esta huelga es el Gobierno y no los
trabajadores, porque el Estado tiene que cumplir las normas laborales, tiene que
dar empleo decente, tiene que terminar con los contratos a honorarios, tiene que
dar estabilidad”, según dijo Díaz. "Es una picantería mostrar que la presidenta del sindicato gana mucha plata, eso es una picantería
en un régimen democrático y así respondió el Gobierno”; agregó el dirigente. “Si se llegó a un paro de 30 días es porque el Gobierno optó
por el camino de aplastar a los dirigentes, de atacarlos, amenazarlos y eso no
corresponde en un régimen democrático”. Y en este aspecto la CUT tiene razón.
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