El juez español Baltasar Garzón (izquierda), quien persiguió infructuosamente al ex dictador chileno Augusto Pinochet en los años 1998 y 1999 en Londres para procesarlo por violaciones graves contra los derechos humanos, asumió hoy en Madrid “todas y cada una de las decisiones que fueron tomadas reflexivamente” al finalizar el proceso en su contra en el denominado caso Gürtel.
En este juicio fue acusado de intervenir comunicaciones entre imputado y abogado en febrero de 2009, cuyo fin era desentrañar una presunta red de corrupción vinculada al Partido Popular de España y encabezada por el empresario Francisco Correa, cuyo apellido, traducido al alemán (gürtel es cinturón o correa), da nombre al caso, que fue destapado por el diario español El País.
¿De qué se le acusa?
El 24 de febrero de 2010 la Sala Penal del Supremo, por unanimidad, abrió la causa por presuntos delitos de prevaricación y e interceptación ilegal de comunicaciones contra Garzón por autorizar las escuchas de las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados en el caso Gürtel con sus abogados defensores.
El proceso arranca con una querella formulada por el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, que representó al empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados. Con posterioridad se agregaron al caso los abogados José Antonio Choclán y Gonzalo Rodríguez-Mourullo en nombre de Francisco Correa y Pablo Crespo, ya que también fueron escuchados.
La Sala destaca que la "importante decisión" de intervenir las comunicaciones entre un preso y sus abogados se basó en la "hipótesis" de que los letrados pudieran hacer de enlace con la organización delictiva, pero Garzón habría autorizado unas escuchas "indiscriminadas".
La Fiscalía pidió hoy la absolución del juez. El fiscal Antolín Herrero, representante del Ministerio Público, aseguró que Garzón tomó una medida "ajustada al fin buscado en la investigación", en el contexto de un "caso extraordinario".
Los abogados de la acusación acusaron a Garzón de haber hecho algo "monstruoso"
En el informe de conclusiones presentado por la Fiscalía, Herrero resaltó que el juez no vulneró el derecho de defensa cuando intervino las comunicaciones en la cárcel. "No ha habido indefensión material", detalló, tras lo cual se refirió a las acusaciones y lamentó que tengan "dudas sobre el estado de derecho en nuestro país".
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