LA POLICÍA POLÍTICA VIGILA A LOS DIPUTADOS ALEMANES

Sólo el seguimiento a Die Linke (La Izquierda) cuesta 360.000 euros

Por Rafael Poch
Desde Berlín

El gobierno alemán se muestra dividido sobre el hecho de que la policía política vigile a los diputados del Bundestag. El semanario Der Spiegel reveló que 27 de los 72 diputados de Die Linke, más de una tercera parte de todo el grupo parlamentario, incluida la vicepresidenta del Bundestag, Petra Pau, son objeto de vigilancia. La ministra de justicia dice que es "insoportable" y su colega de desarrollo, también del partido liberal, le apoya, pero el ministro del interior y otros lo justifican.

Aunque conocida de antiguo y tolerada por los parlamentarios, en esta ocasión ha habido mayor reacción. Gregor Gysi, jefe del grupo parlamentario de Die Linke y uno de los vigilados, dice que, "el Bundestag debería controlar al servicio secreto, y no el servicio secreto al Bundestag" y ha escrito una carta a la canciller, al presidente federal y al presidente del Bundestag. Éste último ha expresado comprensión con los diputados afectados, y lo mismo han hecho algunos representantes notables de los verdes y del SPD, lo que es una novedad.

La policía política (BfV) dice que la vigilancia se limita a un seguimiento de sus actividades y declaraciones públicas, pero Gysi, dice que miente, porque la vigilancia incluye "métodos de servicios secretos". Muchos diputados creen que sus teléfonos y ordenadores están intervenidos, aunque no se diga.

La vigilancia parte del supuesto que los vigilados representan algún tipo de "peligro" al orden establecido, lo que merece que sean vigilados igual que los nazis, aunque la ambigua incompetencia del BfV en materia de nazis quedó expuesta en noviembre. Entonces se supo que el principal grupo terrorista del país en veinte años había matado a diez personas, cometido innumerables atracos y atentados con bomba, sin ni siquiera ser detectado, a pesar de estar su entorno infiltrado por informantes y agentes del propio BfV, o quizá precisamente por ello.

La sombra de aquel caso, cotejada con la vigilancia de diputados, es lo que ahora irrita. El BfV admite gastarse 360.000 euros al año en vigilar a Die Linke, una mezcla de socialdemócratas y postcomunistas de diversa índole. Son cien mil euros menos que lo que se dedica a la vigilancia del partido nazi, NPD. Para el BfV todos son "extremistas" y el hecho de que, por ejemplo, Petra Pau fuera elegida con el voto de la mitad del Bundestag para ocupar su cargo, es irrelevante al lado del imperativo policial de "protección de la constitución" que da nombre a la policía política.

En el fondo se trata de la reminiscencia de una rancia tradición nacional, que data de la autocracia prusiana, según la cual el Estado es una institución superior, y anterior, al derecho. También tiene que ver con el especial trato intimidatorio, que en la prensa y las instituciones merece el único partido político parlamentario que cuestiona aspectos centrales de establishment alemán, como el ajuste neoliberal, la utilización del ejército alemán en guerras iniciada en 1999 o la solidaridad activa con Palestina, asunto que merece crónicamente kafkianas acusaciones de antisemitismo de parte de los medios de comunicación.

Esta semana se supo también que desde 2008 la policía de Berlín ha reunido más de cuatro millones de datos de conexión de teléfono móvil, para confeccionar una lista de personas y direcciones que se encontraban cerca de los lugares donde se incendiaron coches. Este abuso, que está creando escuela, no consiguió identificar a ningún sospechoso de incendiar algunos de los quinientos coches que arden anualmente en Berlín.