La Cámara de Diputados aprobó ayer en tercer trámite legislativo por 97 votos a favor el proyecto de ley conocido como "No más Dicom" que modificó el sistema de información comercial, iniciativa que quedará en condiciones de convertirse en ley tras su promulgación por parte del Presidente de la República.
Sin embargo, el instrumento para regular los abusos que comete Dicom fue criticado hoy por el secretario general de la Cámara de Comercio de Santiago, Cristián García-Huidobro, por cuanto -a su juicio- afectará directamente a los pequeños empresarios, en cuanto a que la iniciativa elimina registros de deudas menores a 2,5 millones de pesos.
“La pyme comercializadora de automóviles usados o la señora que tiene un par de departamentos de cuya renta vive. Esas personas para poder arrendar o vender con facilidades de pago a plazo necesitan saber imperiosamente los antecedentes comerciales de la persona que está pidiendo arrendar el departamento o comprar el auto a plazo (…) con este sistema, esas personas quedan a ciegas, no saben cómo obtener antecedentes de aquéllos con quien está intentando hacer un negocio”, sostuvo en entrevista con Radio Cooperativa.
Algunos economistas que valoran en líneas generales la aprobación de la ley Dicom advirtieron, sin embargo, que ésta puede tener un efecto negativo sobre el mercado crediticio, elevando su costo. Uno de ellos, el investigador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, Daniel Montalva, dijo que el borrarse los registros “pueden aumentar el riesgo y las tasas (de interés) afectando el crédito (...). Si tengo una deuda de $ 2,5 millones en cada uno de los cuatro sistemas que recopilan antecedentes financieros y borro esos registros, entonces no se conocerá que el total de la deuda son $ 10 millones, lo que eleva el riesgo".
Esta tesis fue reafirmada por el director ejecutivo de Econsult, José Ramón Valente, ya que "mientras más información exista, más favorecidos están los buenos pagadores”, dijo. Cuando uno borra información de los malos pagadores, quien da el crédito, lo hace sobre promedios y no puede distinguir entre buenos y malos pagadores, perjudicando a la gente de esfuerzo". También considera una mala señal que quien no paga quede sin penalidad.
Por su parte, el diputado del PPD, Felipe Harboe, señaló que “esta ley vuelve al sentido original del Dicom, que nació para evaluar el riesgo de crédito pero por la avaricia de algunos, con el paso del tiempo se transformó en un verdadero certificado de conducta”, agregando que “tener Dicom era peor que tener antecedentes penales”.
Algunos economistas que valoran en líneas generales la aprobación de la ley Dicom advirtieron, sin embargo, que ésta puede tener un efecto negativo sobre el mercado crediticio, elevando su costo. Uno de ellos, el investigador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, Daniel Montalva, dijo que el borrarse los registros “pueden aumentar el riesgo y las tasas (de interés) afectando el crédito (...). Si tengo una deuda de $ 2,5 millones en cada uno de los cuatro sistemas que recopilan antecedentes financieros y borro esos registros, entonces no se conocerá que el total de la deuda son $ 10 millones, lo que eleva el riesgo".
Esta tesis fue reafirmada por el director ejecutivo de Econsult, José Ramón Valente, ya que "mientras más información exista, más favorecidos están los buenos pagadores”, dijo. Cuando uno borra información de los malos pagadores, quien da el crédito, lo hace sobre promedios y no puede distinguir entre buenos y malos pagadores, perjudicando a la gente de esfuerzo". También considera una mala señal que quien no paga quede sin penalidad.
Por su parte, el diputado del PPD, Felipe Harboe, señaló que “esta ley vuelve al sentido original del Dicom, que nació para evaluar el riesgo de crédito pero por la avaricia de algunos, con el paso del tiempo se transformó en un verdadero certificado de conducta”, agregando que “tener Dicom era peor que tener antecedentes penales”.
Según el parlamentario, la normativa sirve para “terminar con la discriminación en educación, salud y trabajo que sufrían muchas personas a las que, por tener deudas, no se les otorgaban beneficios, o no se los empleaba, creando un círculo vicioso”.
“No era comprensible que cuando alguien, por ejemplo, hacía un emprendimiento y se caía, se lo pateara en el suelo”, concluyó.
La iniciativa, liderada por el diputado Felipe Harboe, eliminará además del sistema a quienes presenten retrasos por tag o registren reprogramaciones.
La Ley beneficiará a cuatro millones de deudores, cuyos nombres se encuentran registrados en bancos de datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial, que hoy pueden ser consultados por cualquier empresa o particular.
La iniciativa busca que los datos recopilados sólo sirvan para evaluar el riesgo crediticio de un usuario y no para otros fines como, por ejemplo, encontrar empleo, atenciones de urgencia en clínicas u hospitales, matriculas en establecimientos de educación o para ejercer un cargo público.
"Los abusos de Dicom llegan a su fin. El sistema nació para evaluar el riesgo pero la ambición desmedida lo convirtió en un certificado de buena conducta. En Chile, un criminal puede borrar sus antecedentes después de 10 años de cumplida su pena, pero un deudor no puede hacerlo", indicó Harboe.
Además, se estipuló como norma transitoria eliminar del registro a quienes debían hasta $2.500.000 al 31 de diciembre de 2011. Harboe cree que 1.200.000 más serán beneficiados con este "perdonazo bicentenario". El proyecto también retira de este listado a 1.200.000 personas que han repactado deudas, porque adquirieron otra nueva y ya pagaron los costos de ampliar los plazos. Así, el numero de beneficiarios superaría los dos millones de personas, cifra a la que se suman todos los deudores del dispositivo tag de carreteras concesionadas que también saldrán del registro.
La fecha de promulgación y posterior publicación para que sea ley dependen del Ejecutivo. Es por ello que Harboe hizo un llamado a apurar este trámite y espera ser invitado a La Moneda. "Espero que el Presidente le dé máxima celeridad para que esté vigente antes de marzo porque es el mes de mayor movilidad laboral", dice.
Harboe señala que más de un millón de personas han reclamado por discriminación laboral debido a que cuentan con antecedentes financieros.
Todos los datos comerciales pueden ser entregados sólo a bancos, casas comerciales o cualquier otro evaluador de crédito.
También se le entregan facultades a la Superintendencia de Salud para que prohíba la utilización de estos datos ante una atención de urgencia.
Las empresas sólo podrán usar los datos para los fines que fueron recolectados. Es decir, si se entregan los antecedentes para un crédito, la empresa no puede enviarle ofertas, y menos ceder los datos a terceros.
Los bancos de datos tendrán la obligación de contar con registros donde consigne quién consultó el dato, qué naturaleza, cuándo, a qué hora y quién lo entregó. Tienen un plazo de seis meses desde la publicación de la ley para crear este registro.
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