La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente solicitará en febrero la formalización de un grupo de personas civiles y militares por la responsabilidad en la fallida alerta de tsunami registrada en Chile el 27 de febrero de 2010 y que causó la muerte de 127 personas, según la cifra oficial entregada en mayo de ese año, pero que podría llegar hasta los 200 muertos si se agregan los desaparecidos que fueron estimados entonces en 56. Más de la mitad de los casos fatales ocurrieron en la Región chilena del Maule.
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Así lo informó la titular del organismo Solange Huerta, que está a cargo de las pesquisas, sin detallar quiénes serían los formalizados. Confirmó sin embargo que "se ha tomado la decisión de formalizar. En ese contexto la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que efectivamente hay responsabilidades que determinan un delito" que puede ser compartido o no. "Esa es la convicción nuestra a través de la investigación", sostuvo la fiscal Solange Huerta.
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Agregó que "como equipo de fiscales hemos definido un núcleo de personas que serán formalizadas y solicitaremos la audiencia en el mes de febrero, muy probablemente a finales" tras concluir sus estudios y el informe final de la PDI. Los detalles de la formalización "serán transmitidos en la audiencia respectiva", para allí conocer los antecedentes de quiénes serán formalizados y bajo qué cargos.
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Huerta dijo tener ya en su poder un informe de la Oficina Federal de Observación Meteorológica de EE UU que emitió en su momento una alerta urgente después del terremoto 8,8 grados Richter que sacudió Chile.
Además, se ha tomado declaración en calidad de imputados a los ex ministros Edmundo Pérez Yoma, Francisco Vidal, al ex subsecretario Patricio Rosende y a la ex directora de Onemi Carmen Fernández, y a personal del SHOA, como su director el coronel Mariano Rojas y al oficial a cargo de la unidad, el teniente Jorge Andina.
Aclaración de los hechos
La investigación que la fiscal Huerta lleva adelante intenta determinar la secuencia de los hechos tras el terremoto ocurrido el 27 de febrero y los motivos que llevaron a la autoridad a descartar la alerta de tsunami.
Según la Armada y el SHOA, emitieron la alerta a las 03:55 horas a un funcionario "no identificado" de la Onemi, a media hora de ocurrido el terremoto, alarma que reiteraron nuevamente a las 04:07 horas, pero asumieron que fueron "poco claros" en reiterarle a la Presidenta Michelle Bachelet -que llamó a las 05:15 horas- de si se mantenía o no la alerta.
Desde la Onemi, en tanto, su entonces directora Carmen Fernández aseguró en su momento que, tras su llegada al organismo, fue Johaziel Jamet, jefe del Centro de Alerta Temprana (CAT), quien le hizo ver que "el SHOA había descartado el tsunami porque el epicentro era en Tierra".
Fernández dijo haber escuchado por radio "fuerte y claro la frase 'se repite... se repite... descartada posibilidad de tsunami", asegurando posteriormente que "a lo menos tres veces el operador del Servicio Hidrográfico de la Armada dijo no hay probabilidad de tsunami".
Preguntas que siguen sin respuesta
Desde el día de la tragedia han quedado dando vueltas las pregunta claves de ¿quién fue el responsable directo de dejar a una población desprotegida por falta de información? ¿quién no cumplió con su trabajo? ¿qué funcionario o funcionaria no dio la alerta que correspondía dar en ese momento, considerando que estábamos frente a un terremoto de la escala Richter de entre 7,5 y 8,9 grados?
No se trata hoy de discutir horas y horas si el SHOA de la Armada dio o no una alerta oficial, aunque su papel en la madrugada del 27 de febrero ya ha sido seriamente cuestionado por inoperancia extrema. No hablemos tampoco de “protocolos técnicos” para tomar decisiones, como dijo la semana pasada la ex presidenta Michelle Bachelet, porque suena más bien a excesiva burocracia. No, no se trata de eso. Hay que establecer por qué no se dio la alarma para que la gente se fuera a las partes altas de las ciudades y evitara ser arrasadas por las olas de diez a quince metros que se llevaron todo lo que estaba por delante. En otras palabras: Lo importante es establecer el verdadero culpable, aquella persona que tenía que dar la alerta y no la dio, ya sea por inseguridad, por temor, por desconocimiento o por ineficacia.
El ex ministro de defensa, Jaime Ravinet, dijo en su oportunidad que “la ONEMI era la responsable de dar la alarma de tsunami, con o sin SHOA. De acuerdo con sus instructivos, cualquier terremoto de 7,5 grados en la escala Richter implica decretarla".
En la noche del terremoto y maremoto llegaron a la oficina de la ONEMI en Santiago numerosas autoridades de Gobierno, encabezadas por la ex Presidenta Bachelet, además del Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División Cristián Le Dantec Gallardo, que pudieron darse cuenta de inmediato de la situación, con un Chile incomunicado y en medio de una tragedia de proporciones.
En la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados se responsabilizó a la ex jefa de la ONEMI, Carmen Fernández, de las negligencias ocurridas en la noche del terremoto y maremoto.
Sin embargo, como lo mencionamos, en la ONEMI había en ese momento, cuando se debería haber tomado la decisión clave, otros altos funcionarios del Estado chileno y de rango muy superior a Fernández, como la misma Presidenta, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, el ministro de Obras Públicas, Sergio Bittar, el ministro de defensa, Francisco Vidal o el subsecretario del Interior, Patricio Rosende. Sin embargo, al parecer y por lo que se conoce, ninguno de ellos tomó tampoco la decisión en reemplazo de Fernández.
¿Por qué nadie lo hizo?
Según los archivos de Krohne Archiv, el presidente Ricardo Lagos, el 12 de marzo de 2002 creó el "Plan de Protección Civil” y derogó el “Plan Nacional de Emergencia” aprobado en 1977 por la dictadura militar. Todo esto lo hizo derogando el decreto 155 de 1977 y dictando el decreto 156 de 2002. Los firmantes fueron Lagos, como Presidente, José Miguel Insulza, como ministro del Interior y Michelle Bachelet, como ministra de defensa.
Esta nueva norma quitó el papel central que debían cumplir las Fuerzas Armadas en casos de catástrofes, que contemplaba además, si fuese necesario, la designación de una autoridad militar como Jefe de Zona de Catástrofe.
La nueva norma vigente el día del terremoto indicaba que las FF AA debían integrarse a las tareas en situación de catástrofe como un sector más de la sociedad. En el fondo todo quedó a cargo de un Sistema Nacional de Protección Civil, que es precisamente lo que falló el 27 de febrero pasado.
Para peor, días antes del terremoto y maremoto, el Ministerio de Defensa, encabezado por Francisco Vidal, emitió un decreto que subordinaba a las Fuerzas Armadas al mando de la ONEMI en casos de emergencias, lo que reveló la poca valorización del papel de éstas, que posteriormente fueron precisamente ellas las que salvaron una situación grave de pillaje en la región del Bío Bío.
“Ese decreto no fue conocido por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y yo recién tomé conocimiento de él cuando asumí mi cargo de ministro de defensa (el 11 de marzo de 2010). Le propuse al ministro del Interior anular el decreto y lo hicimos inmediatamente”, declaró Ravinet en una entrevista.
Cuando se le preguntó en el diario “El Mercurio” de ¿cómo evaluaba el papel de la Presidenta tras la catástrofe, al revisar el video de la ONEMI?
Ravinet respondió: “Yo creo que más que un tema personal, lo que uno tiene que analizar aquí es una falla sistemática. Yo lo diría de esta manera: el terremoto y el tsunami nos quedaron grandes. Resulta que el sistema de prevención de emergencia, de alertas tempranas y de reacción, colapsaron”.
Preguntas que siguen sin respuesta
No se trata hoy de discutir horas y horas si el SHOA de la Armada dio o no una alerta oficial, aunque su papel en la madrugada del 27 de febrero ya ha sido seriamente cuestionado por inoperancia extrema. No hablemos tampoco de “protocolos técnicos” para tomar decisiones, como dijo la semana pasada la ex presidenta Michelle Bachelet, porque suena más bien a excesiva burocracia. No, no se trata de eso. Hay que establecer por qué no se dio la alarma para que la gente se fuera a las partes altas de las ciudades y evitara ser arrasadas por las olas de diez a quince metros que se llevaron todo lo que estaba por delante. En otras palabras: Lo importante es establecer el verdadero culpable, aquella persona que tenía que dar la alerta y no la dio, ya sea por inseguridad, por temor, por desconocimiento o por ineficacia.
El ex ministro de defensa, Jaime Ravinet, dijo en su oportunidad que “la ONEMI era la responsable de dar la alarma de tsunami, con o sin SHOA. De acuerdo con sus instructivos, cualquier terremoto de 7,5 grados en la escala Richter implica decretarla".
En la noche del terremoto y maremoto llegaron a la oficina de la ONEMI en Santiago numerosas autoridades de Gobierno, encabezadas por la ex Presidenta Bachelet, además del Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División Cristián Le Dantec Gallardo, que pudieron darse cuenta de inmediato de la situación, con un Chile incomunicado y en medio de una tragedia de proporciones.
En la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados se responsabilizó a la ex jefa de la ONEMI, Carmen Fernández, de las negligencias ocurridas en la noche del terremoto y maremoto.
Sin embargo, como lo mencionamos, en la ONEMI había en ese momento, cuando se debería haber tomado la decisión clave, otros altos funcionarios del Estado chileno y de rango muy superior a Fernández, como la misma Presidenta, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, el ministro de Obras Públicas, Sergio Bittar, el ministro de defensa, Francisco Vidal o el subsecretario del Interior, Patricio Rosende. Sin embargo, al parecer y por lo que se conoce, ninguno de ellos tomó tampoco la decisión en reemplazo de Fernández.
¿Por qué nadie lo hizo?
Esta nueva norma quitó el papel central que debían cumplir las Fuerzas Armadas en casos de catástrofes, que contemplaba además, si fuese necesario, la designación de una autoridad militar como Jefe de Zona de Catástrofe.
La nueva norma vigente el día del terremoto indicaba que las FF AA debían integrarse a las tareas en situación de catástrofe como un sector más de la sociedad. En el fondo todo quedó a cargo de un Sistema Nacional de Protección Civil, que es precisamente lo que falló el 27 de febrero pasado.
Para peor, días antes del terremoto y maremoto, el Ministerio de Defensa, encabezado por Francisco Vidal, emitió un decreto que subordinaba a las Fuerzas Armadas al mando de la ONEMI en casos de emergencias, lo que reveló la poca valorización del papel de éstas, que posteriormente fueron precisamente ellas las que salvaron una situación grave de pillaje en la región del Bío Bío.
“Ese decreto no fue conocido por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y yo recién tomé conocimiento de él cuando asumí mi cargo de ministro de defensa (el 11 de marzo de 2010). Le propuse al ministro del Interior anular el decreto y lo hicimos inmediatamente”, declaró Ravinet en una entrevista.
Cuando se le preguntó en el diario “El Mercurio” de ¿cómo evaluaba el papel de la Presidenta tras la catástrofe, al revisar el video de la ONEMI?
Ravinet respondió: “Yo creo que más que un tema personal, lo que uno tiene que analizar aquí es una falla sistemática. Yo lo diría de esta manera: el terremoto y el tsunami nos quedaron grandes. Resulta que el sistema de prevención de emergencia, de alertas tempranas y de reacción, colapsaron”.
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