Costa Rica prohíbe la minería de oro a cielo abierto

Costa Rica se convirtió esta semana en el primer país de América Latina en prohibir la minería de oro a cielo abierto y el uso de sustancias tóxicas en minería.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica, aprobó unánimemente el martes 9 de Noviembre 2010, la prohibición de la minería de oro a cielo abierto, el uso de cianuro y mercurio.

49 legisladores votaron a favor del proyecto, ninguno en contra. La sesión legislativa contó con la presencia de decenas de ambientalistas y de líderes de comunidades afectadas por la minería y no se registró oposición, a pesar de la presión y constantes reuniones de dirigentes del Colegio de Geólogos de Costa Rica y de empresarios miembros de la Cámara de Minería de este país.

El XVI Informe Estado de la Nación, presentado el martes anterior, llamaba la atención por las innumerables gestiones de empresas mineras para operar concesiones en parques nacionales y áreas de protección.

Sin embargo, la nueva legislación pone fin a todos los trámites pendientes de proyectos en espera. Además, supone un avance sustancial desde el punto de vista socioambiental, ya que implica el cierre de los proyectos que se vienen impulsando en la cordillera de Talamanca, Golfito, San Ramón, Puntarenas, Abangares, así como otros de Infinito Gold en el norte de Costa Rica.

La nueva Ley prohíbe la exploración y explotación en áreas protegidas como parques nacionales, la zona de Osa, en el sur del país, así como en la cuenca del Golfo de Nicoya. Además, da un plazo de ocho años para que los mineros artesanales y coligalleros de Abangares, Guanacaste, sigan utilizando los químicos prohibidos en los próximos ocho años. Además se está estableciendo una reserva para que la actividad minera subterránea sea únicamente artesanal de las comunidades locales.

Según la organización alemana Rettet den Regenwald e.V (Salva la Selva) el triunfo es un resultado de la ardua labor de los movimientos sociales y grupos ambientales, que a través de años de intensas movilizaciones, protestas y presión social consiguieron que Gobierno y Asamblea Legislativa ponga freno a este tipo de minería destructiva y contaminante.

Sin embargo la ley no se aplica de forma retroactiva. Esto significa que continua en pie el proyecto minero de Crucitas de San Carlos, al norte del país, uno de los que dio pie a las movilizaciones y campañas masivas en Costa Rica. En los próximos días, un Tribunal debe responder a una demanda interpuesta por los defensores del medio ambiente por irregularidades en la concesión de los permisos, y el gobierno debe resolver si se deroga el decreto de utilidad pública y conveniencia nacional otorgado a este proyecto minero.

Respecto al proyecto de Crucitas de San Carlos, Alajuela, la transnacional canadiense Infinito Gold pretende construir un proyecto de explotación de oro a cielo abierto, pero en estos momentos se encuentra paralizado por la justicia por las irregularidades en la obtención de los permisos. Se cuestiona el decreto de interés público y Conveniencia Nacional  de este proyecto firmado por el ex mandatario Oscar Arias Sánchez y ratificado por la actual presidenta de Costa Rica. Este decreto excluye Crucitas de la nueva legislación. Ambientalistas exigen que el gobierno sea consecuente y aproveche este momento para derogar dicho decreto definitivamente.