Por Ernesto Carmona
ARGENPRESS
Platovsky calificó el cierre como un cambio del formato de papel a digital, pero el periódico ya tuvo una antigua versión Internet diferente al contenido del papel, PrimeraLínea.cl, que fue cerrada el 31 de enero del 2003, después que el directorio despidió a su fundador-director, el periodista Juan Pablo Cárdenas, con el consiguiente despido de todo el personal periodístico, en un cierre ordenado por el gobierno de Ricardo Lagos. El cambio de la actual La Nación a digital se concretará en diciembre.
“Obviamente vamos a ajustar a la empresa al nuevo proyecto y eso puede significar una reducción de trabajadores; eso está claro, pero también los trabajadores que se puedan reciclar hacia el diario electrónico, lo vamos a hacer”, dijo Platovsky a Radio Bío Bío. Añadió que a fines de octubre, una sesión del directorio definirá la fecha exacta del cierre.
Desasosiego de 320 trabajadores
La presidenta del Sindicato del Área Periodística de La Nación, Nancy Arancibia, denunció que en la práctica se cierra el diario fundado hace 93 años, pero además pone término a su aporte al debate público, “porque el diario en papel entrega mayor profundidad y reflexión”.
En un comunicado emitido, el sindicato reclamó que “desde marzo del 2010 [mes en que asumió Piñera], los trabajadores del diario La Nación hemos sido testigo de la falta de transparencia sobre los cambios y el destino que se le dará al medio de comunicación. Falta de transparencia que también atañe a la ciudadanía, a la cual se debe un medio de comunicación con 70% de propiedad pública”.
Según el sindicato, “el argumento para esta decisión es la drástica disminución de los ingresos que provocará la aprobación del proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso para fomentar la creación de nuevas empresas, iniciativa que en su artículo cuarto, declara la gratuidad de las publicaciones comerciales (para todo tipo de firmas) en el Diario Oficial, disminuyendo más del 70% de los ingresos de la Empresa”. Sin embargo, desde antes que asumiera el gobierno de Piñera, el senador UDI Hernán Larraín -también cónyuge de la ministra de Vivienda, Magdalena Matte- advirtió que La Nación no tendría otro destino que el cierre. Hoy Larraín integra el directorio de la empresa.
El Diario Oficial, que publica leyes, decretos, escrituras y toda clase de textos legales, contribuye al financiamiento del matutino, pero la Empresa Periodística La Nación S.A. controla un patrimonio declarado en casi 25 millones de dólares con otros negocios lucrativos, como la subsidiaria Empresa Periodística La Voz S.A., infraestructura de vanguardia que imprime diarios y revistas incluso de la competencia. Controla también la lucrativa Base de Datos del Diario Oficial S.A., fuente monopólica y obligada de consulta sobre escrituras legales, constituciones de empresas y toda clase de documentos jurídicos afines, y coloca sus productos en kioscos y librerías de todo el país a través de su filial Distribuidora Vía Directa S.A.
El directorio de la empresa madre está integrado por Daniel Platovsky Turek, Presidente; y los directores (as) Cristina Bitar Maluk, dirigenta de la campaña de Piñera; Hernán Larraín Matte, senador por la UDI; Gonzalo Müller Osorio, Luis Eduardo Thayer Morel, Enrique Alcalde Undurraga, Raimundo Valenzuela de la Fuente y Francisco Feres Nazarala, gerente general. Estos nombres se repiten en los directorios de las sociedad anónimas subsidiarias. El Diario Oficial es un negocio aparte, jurídicamente separado de La Nación.
Totalitarismo mediocrático
Los privados que participan en el negocio periodístico-impresor de La Nación surgieron entre el personal de confianza del gobierno que manejó el diario desde el retiro pactado de Pinochet, aliados con gente de derecha. Estos inversionistas están encabezados por Raimundo Valenzuela, que primero fue empleado del diario y ahora se encuentra entre los copropietarios asociados al Estado.
Con este cierre, el mercado de diarios queda absolutamente dominado por dos personas en Chile, Agustín Edwards (grupo El Mercurio) y Alvaro Saieh (grupo Copesa-La Tercera). Edwards tiene 25 diarios a lo largo del territorio y 36 estaciones de radio, mientras Saieh controla -con Copesa- la competencia del mismo signo ideológico, posee los diarios nacionales La Tercera y La Cuarta, más otras publicaciones como revista Qué Pasa. Acaba de adquirir en 2,5 millones de dólares el canal de televisión 22 -justo antes que llegue la TV digital-, controla el 20% del cable VTR y posee la red de supermercados Almac y el banco CorpBanca, etcétera. Esta semana fue nombrado por Piñera como su representante en el consejo de la Universidad de Chile y antes fue propietario de la universidad privada Andrés Bello.
En la radiodifusión domina el grupo Prisa, del diario El País de España, con las 14 emisoras más rentables, el mexicano González posee dos canales de TV abierta, Times Warner CNN adquirió en agosto el Canal Chilevisión, de Piñera, y también este año la Pontificia Universidad Católico le vendió 2/3 del Canal 13 al grupo Luksic, controlador de la gran minería del cobre, el Banco de Chile y otros grandes negocios. El mexicano-estadounidense Ángel Remigio González, magnate mediáticos dominante en Centroamérica, aunque reside en Miami, se expandió a Argentina con Canal 9 y en Chile posee dos estaciones de TV abierta… aunque el capital extranjero podría tener sólo uno, según la ley. Megavisión Canal 9 pertenece a los herederos del millonario Ricardo Claro y la “televisión de todos los chilenos”, TVN, opera como si fuera privada, con avisos y la misma línea editorial que el resto, mientras la maneja un cuoteo político entre la Concertación, que gobernó 20 años, y la extrema derecha, donde el control lo tuvieron siempre la UDI y RN desde antes de la asunción de Piñera. En definitiva, en Chile hoy no existe pluralismo informativo ni libertades de expresión y opinión.
(Agregado de Krohne Archiv)
Mientras en la calle decenas de periodistas protestaban por el inminente cierre de La Nación, en el primer piso del edificio de Agustinas 1269 se inició ayer a las 9.15 de la mañana la junta extraordinaria de accionistas que zanjó el futuro del diario.
En una tensa reunión, se aprobó el nuevo modelo de negocio de la sociedad que implica el fin de la edición impresa y un cambio al formato online, lo que se concretará a fines de diciembre.
El proyecto fue visado por el abogado Carlos Zepeda, representante del Fisco, que posee el 69% de las acciones, pero contó con el rechazo de los privados, agrupados en la sociedad Colliguay, dueña del 29% de las acciones y formada por Enrique Alcalde, Raimundo Valenzuela y Luis Thayer.
Quienes conocieron el contenido de la reunión señalan que ésta partió tensa: Sebastián Oddó, abogado de los privados, pidió que no se realice la junta, argumentando a que el presidente del directorio, Daniel Platovsky, no estaba facultado para convocarla. Ante ello, Platovsky miró a Zepeda, quien entregó argumentos legales para sostener que sí se podía continuar con el encuentro.
Sin embargo, los representantes del gobierno no pudieron exponer en Power Point la propuesta debido a una supuesta "falla técnica". Ante eso, el gerente general, Francisco Feres, leyó un documento de una carilla y media explicando la supuesta inviabilidad económica del diario, aseguran que con la trasformación se ahorrarían 2.500 millones.
Seguidamente, Zepeda también expuso los argumentos financieros, centrándose en dos antecedentes: 1. la reforma legal que elimina la publicación de las prendas en el Diario Oficial significa que La Nación dejará de percibir mil millones de pesos el próximo año, y 2. el proyecto que quita la obligación de publicar las constituciones de sociedad significará 4.500 millones menos de utilidades.
Las cifras no son irrelevantes, considerando que las millonarias pérdidas que arrastra La Nación, empresa que sólo se mantiene por los ingresos del Diario Oficial.
Este punto provocó otra impugnación de los privados. "La votación no compete a la junta, porque los actos administrativos son competencia del directorio", planteó Oddó.
En el gobierno, sin embargo, sostienen que el modelo de negocio no es un tema de administración, porque está en juego el futuro de la empresa.
Tras el episodio, el abogado de los privados aseguró que evaluarán recurrir a tribunales en caso del que se insista con el nuevo proyecto. "Si el gobierno lo lleva a cabo, pasando a llevar el estado de derecho, existen las herramientas para que los privados acudan a los tribunales de justicia", dijo Oddó a La Tercera.
La tesis de los accionistas minoritarios es que el proyecto debe aprobarse en el directorio, donde tienen derecho a veto por las acciones preferentes que tienen. Este privilegio, en cambio, no tiene relevancia en las decisiones de la junta de acciones.
La eventual arremetida judicial se suma a las acciones legales que estudian los trabajadores de la empresa.
Los empleados evalúan interponer una demanda por perjuicio del accionista mayor en contra del menor. El sindicato N° 1 posee 40 acciones de la empresa (cerca del 1%).
El presidente de este sindicato, Víctor Pérez -quien también estuvo presente en la junta-, dijo que "si esto llega a implementarse, 600 familias se quedarán cesantes".
En La Moneda, en tanto, la vocera Ena von Baer aseguró que "la voluntad del gobierno es mantener el diario siempre respetando los derechos de los trabajadores".
La bancada de diputados PS planteó que con esto se está "empequeñeciendo" la libertad de expresión.
Mientras en la calle decenas de periodistas protestaban por el inminente cierre de La Nación, en el primer piso del edificio de Agustinas 1269 se inició ayer a las 9.15 de la mañana la junta extraordinaria de accionistas que zanjó el futuro del diario.
En una tensa reunión, se aprobó el nuevo modelo de negocio de la sociedad que implica el fin de la edición impresa y un cambio al formato online, lo que se concretará a fines de diciembre.
El proyecto fue visado por el abogado Carlos Zepeda, representante del Fisco, que posee el 69% de las acciones, pero contó con el rechazo de los privados, agrupados en la sociedad Colliguay, dueña del 29% de las acciones y formada por Enrique Alcalde, Raimundo Valenzuela y Luis Thayer.
Quienes conocieron el contenido de la reunión señalan que ésta partió tensa: Sebastián Oddó, abogado de los privados, pidió que no se realice la junta, argumentando a que el presidente del directorio, Daniel Platovsky, no estaba facultado para convocarla. Ante ello, Platovsky miró a Zepeda, quien entregó argumentos legales para sostener que sí se podía continuar con el encuentro.
Sin embargo, los representantes del gobierno no pudieron exponer en Power Point la propuesta debido a una supuesta "falla técnica". Ante eso, el gerente general, Francisco Feres, leyó un documento de una carilla y media explicando la supuesta inviabilidad económica del diario, aseguran que con la trasformación se ahorrarían 2.500 millones.
Seguidamente, Zepeda también expuso los argumentos financieros, centrándose en dos antecedentes: 1. la reforma legal que elimina la publicación de las prendas en el Diario Oficial significa que La Nación dejará de percibir mil millones de pesos el próximo año, y 2. el proyecto que quita la obligación de publicar las constituciones de sociedad significará 4.500 millones menos de utilidades.
Las cifras no son irrelevantes, considerando que las millonarias pérdidas que arrastra La Nación, empresa que sólo se mantiene por los ingresos del Diario Oficial.
Este punto provocó otra impugnación de los privados. "La votación no compete a la junta, porque los actos administrativos son competencia del directorio", planteó Oddó.
En el gobierno, sin embargo, sostienen que el modelo de negocio no es un tema de administración, porque está en juego el futuro de la empresa.
Tras el episodio, el abogado de los privados aseguró que evaluarán recurrir a tribunales en caso del que se insista con el nuevo proyecto. "Si el gobierno lo lleva a cabo, pasando a llevar el estado de derecho, existen las herramientas para que los privados acudan a los tribunales de justicia", dijo Oddó a La Tercera.
La tesis de los accionistas minoritarios es que el proyecto debe aprobarse en el directorio, donde tienen derecho a veto por las acciones preferentes que tienen. Este privilegio, en cambio, no tiene relevancia en las decisiones de la junta de acciones.
La eventual arremetida judicial se suma a las acciones legales que estudian los trabajadores de la empresa.
Los empleados evalúan interponer una demanda por perjuicio del accionista mayor en contra del menor. El sindicato N° 1 posee 40 acciones de la empresa (cerca del 1%).
El presidente de este sindicato, Víctor Pérez -quien también estuvo presente en la junta-, dijo que "si esto llega a implementarse, 600 familias se quedarán cesantes".
En La Moneda, en tanto, la vocera Ena von Baer aseguró que "la voluntad del gobierno es mantener el diario siempre respetando los derechos de los trabajadores".
La bancada de diputados PS planteó que con esto se está "empequeñeciendo" la libertad de expresión.
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