HISTORIA OCULTA DE PEÑAILILLO Y LOS G-90-KRADIARIO
OTRA VEZ EL LITIO HABRÍA SIDO UTILIZADO COMO NEGOCIO POLÍTICO
La red G-90, liderada por el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, se habría vinculado con Soquimich en un negocio que tenía pretensiones de ir más allá de la simple recaudación de fondos para la campaña
presidencial. Este negocio contenía la promesa de que dicha compañía, cuyo controlador es Julio Ponce Lerou, ex yerno del fallecido dictador Augusto Pinochet, aportara fondos de campaña a cambio de
asumir en un futuro la extracción del litio, lo que se esperaba que iba a ser gestionado durante el gobierno de Michelle Bachelet.
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Con esta versión difundida este jueves por El Mostrador, se confirmaría
que el escándalo de corrupción transversal en Chile habría llegado ya hace tiempo
al Palacio de La Moneda.
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En el 2014, en medio del destape del caso
Penta, llegó la primera alarma al Palacio de Gobierno en el sentido que la
investigación liderada por el fiscal Carlos Gajardo, que comenzó afectando muy
seriamente a miembros de la UDI y de la derecha en general, era solo la punta
del iceberg de una historia que a la larga terminaría afectando al oficialismo, como en parte ha ocurrido.
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La advertencia, que según diversas fuentes fue hecha por un
actor externo al gobierno, aterrizó en el comité político del Palacio que en ese
entonces lideraba el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, quien habría
optado por mantenerlo en reserva o en secreto, “especialmente de Michelle
Bachelet”, quien no llegó a saber los riesgos que se estaban corriendo, según
señalan las mismas fuentes contactadas por El Mostrador.
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La decisión del secretario de Estado no habría sido casual y
estaría directamente relacionada con las platas que SQM habría hecho llegar a
Peñailillo y su equipo más estrecho de la G-90, a través de una sociedad del
recaudador de la campaña bacheletista, Giorgio Martelli.
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En abril pasado y luego de que se hiciera público que
Peñaillillo había recibido millonarios pagos junto a varios de sus asesores de
confianza y parte de la G-90 en las filas de la Nueva Mayoría, se instalaron
intensos rumores que llegaron a La Moneda que apuntaban a que no todos los
dineros recaudados habrían ido a dar a la campaña presidencial de 2013, ya que
habían montos perdidos y “platas que no calzaban”.
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Las sospechas fueron creciendo en vista de la errática
reacción del entonces mano derecha de Bachelet, luego de conocerse su primera
boleta a la sociedad de Martelli, y de que se negara a transparentar cuántas
boletas tenía y, por un lapso muy largo, a hacer públicos los informes que
había realizado a la sociedad. Más aún: según señalan diversas fuentes, habría
operado en todo momento para evitar que escalara el tema, versión que va en la
línea de las declaraciones del ex director del Servicio de Impuestos Internos
(SII), Michel Jorratt, que apuntó a presiones desde Interior en el caso SQM
para trabar las acciones de la institución.
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Desde el gobierno se decidió tratar de comprobar la
veracidad de los rumores y chequear lo que se comentaba en privado en el
oficialismo. La tarea quedó en manos de varias figuras de la actual
administración, entre las que se contó la jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya
Uriarte y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, según El Mostrador.
Fuentes de Palacio y del gobierno confirman que
efectivamente se hizo este chequeo, a través del cual se habría comprobado que
Peñailillo y varios de su entorno de la G-90 tendrían un estándar de vida ajeno
y muy lejano a lo que corresponde a profesionales de su edad y con su
trayectoria. El informe “contiene muchos testimonios de personas que confirman
eso”, explicaron en La Moneda, mientras que otros agregan que “si el entorno,
su núcleo duro, tiene un alto nivel de vida, es porque su jefe (Peñailillo)
también lo tiene”.
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Esta investigación habría ido más allá, dejando en evidencia
que no calzarían las platas entregadas por Martelli con el nivel de gastos de
Peñaillilo y su círculo más estrecho. Lo que se reflejaría, por ejemplo, en la
compra en noviembre de 2012, en medio de la precampaña presidencial, de un
terreno en Peñalolén por casi 380 millones de pesos, que involucró al ex
ministro como codeudor y a dos cercanos de su grupo, el ex asesor de Interior,
Flavio Candia y el administrador de La Moneda, Cristián Riquelme. Este terreno estaba pensado para instalar una central de la red estratégica G-90.
Paralelamente, empezó a crecer otra sospecha en el corazón
de la administración bacheletista en torno a la forma en que el ex secretario
de Estado instaló a varios de sus más cercanos en puestos claves de gobierno.
Es así como los radares apuntaron al ministerio de Minería, liderado por Aurora
Williams, cuyo jefe de gabinete es Adolfo Galindo, parte de los G-90 y uno de
los hombres de confianza de Peñailillo.
A mediados de 2014, la Presidenta Michelle Bachelet creó la
Comisión Nacional del Litio, con el fin de proponer una política nacional al
respecto. Dos años antes la fallida licitación del litio impulsada por el
gobierno de Sebastián Piñera, -que terminó con la salida del subsecretario de
Minería, Pablo Wagner, actualmente formalizado por el caso SQM- abrió la puerta
a revisar el futuro de las reservas de este mineral, considerado estratégico.
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El ex político y hoy comunicador estratégico Enrique Correa, histórico asesor de SQM, ha mantenido
permanente contacto con Peñailillo. De hecho lo ha estado asesorando en los
posibles escenarios políticos y jurídicos que podría enfrentar el ex jefe de
gabinete. Lo mismo habría pasado con el ex jefe de la Secretaría de
Comunicaciones (Secom), Juan Carvajal y actual consultor senior de la empresa
de Correa. Entre sus aliados, el ex secretario de Estado también cuenta con el
ex ministro y militante del PPD Sergio Bitar, que ha salido a defenderlo
públicamente, a diferencia de gran parte de sus correligionarios. Bitar, que
apadrinaba a los G-90, tiene una conocida relación de amistad con el ex gerente
de SQM, Patricio Contesse, considerado el hombre clave en el caso que involucra
a la minera no metálica y hoy con arresto domiciliario.
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La Comisión, compuesta por 20 integrantes y liderada por la
ministra de Minería, Aurora Williams, entregó su informe final en enero pasado,
concluyendo en la necesidad de crear una empresa estatal o mixta para
explotarlo, y reafirmando su carácter estratégico.
La postura de la titular de la cartera, que no participó
activamente en los encuentros, iba en otra dirección, ya que dijo públicamente
que el carácter estratégico del litio ha significado un desarrollo poco
adecuado para Chile y que era necesario concesionarlo.
RN Y UDI piden comisión investigadora
RN Y UDI piden comisión investigadora
Los Jefes de Bancada de Renovación Nacional y de la UDI, Alejandro Santana y María José Hoffmann respectivamente, anunciaron hoy que solicitarán el próximo martes a la Cámara de Diputados, la creación de una Comisión Investigadora, que indague las eventuales vinculaciones del ex Ministro de Interior Rodrigo Peñailillo con Soquimich, para financiar una precampaña Presidencial, de la actual Presidenta Michelle Bachelet.
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Los legisladores señalaron que se debe investigar la relación entre la situación de la empresa SQM y las acciones de presión y ocultamiento que habría realizado el ex Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo para impedir que se conociera el rol de dicha empresa en la precampaña Presidencial de Michelle Bachelet y la labor de sus asesores en el Ministerio de Minería en beneficio de los intereses de Ponce Lerou.
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Para el Jefe de Bancada de Renovación Nacional, diputado Alejandro Santana, “es fundamental esta solicitud, dado que hemos conocido permanentes acusaciones del ex director del SII, del ex sub director Jurídico del SII, y también del Ministro Insunza, donde han planteado que también han existido presiones ilegítimas, que sería bueno aclarar, a través de un proceso de fiscalización de una comisión investigadora.”
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A lo anterior agregó que “los antecedentes que se han conocido hoy día son extremadamente graves, donde la magnitud de la influencia y del tráfico de datos puede ser muy relevante e importante, porque en este caso afecta a un funcionario público mientras ejercía el cargo de Ministro del Interior. Es ahí la necesidad de aclarar y poder definir si efectivamente, hay mérito para hacer una acción de carácter constitucional”.
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En tanto para la Jefe de Bancada de la UDI, diputada María José Hoffmann, dijo que durante las últimas semanas han estado evaluando los hechos que han acontecido. “Claramente a partir de la investigación a Martelli y hoy a Peñailillo se abre una investigación a la precampaña y campaña de la actual Presidenta Michelle Bachelet, esto llega al corazón de la pre campaña”.
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Agregó que “no sólo la justicia tiene que hacer su labor, sino también este Congreso y queremos ver las eventuales responsabilidades políticas y las presiones que hubo desde el Ministerio del Interior al Servicio de Impuestos Internos, sobre todo a partir de las nuevas informaciones que hemos tenido hoy, que nos parece que deben ser investigadas también sobre responsabilidad política”.
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Sobre el fondo de la investigación, dijo que será una comisión investigadora para indagar “las presiones desde el Ministerio de Interior al Servicio de Impuestos Internos”.
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Finalmente señaló que “los antecedentes que hemos conocido hoy día, hacen que nos volvamos a replantear esa posibilidad (acusación constitucional). Lo habíamos descartado en un principio, porque es la herramienta fiscalizadora más potente que tiene esta Cámara y nos parece que debemos tener más antecedentes.”, sentenció.
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Los legisladores señalaron que se debe investigar la relación entre la situación de la empresa SQM y las acciones de presión y ocultamiento que habría realizado el ex Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo para impedir que se conociera el rol de dicha empresa en la precampaña Presidencial de Michelle Bachelet y la labor de sus asesores en el Ministerio de Minería en beneficio de los intereses de Ponce Lerou.
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Para el Jefe de Bancada de Renovación Nacional, diputado Alejandro Santana, “es fundamental esta solicitud, dado que hemos conocido permanentes acusaciones del ex director del SII, del ex sub director Jurídico del SII, y también del Ministro Insunza, donde han planteado que también han existido presiones ilegítimas, que sería bueno aclarar, a través de un proceso de fiscalización de una comisión investigadora.”
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A lo anterior agregó que “los antecedentes que se han conocido hoy día son extremadamente graves, donde la magnitud de la influencia y del tráfico de datos puede ser muy relevante e importante, porque en este caso afecta a un funcionario público mientras ejercía el cargo de Ministro del Interior. Es ahí la necesidad de aclarar y poder definir si efectivamente, hay mérito para hacer una acción de carácter constitucional”.
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En tanto para la Jefe de Bancada de la UDI, diputada María José Hoffmann, dijo que durante las últimas semanas han estado evaluando los hechos que han acontecido. “Claramente a partir de la investigación a Martelli y hoy a Peñailillo se abre una investigación a la precampaña y campaña de la actual Presidenta Michelle Bachelet, esto llega al corazón de la pre campaña”.
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Agregó que “no sólo la justicia tiene que hacer su labor, sino también este Congreso y queremos ver las eventuales responsabilidades políticas y las presiones que hubo desde el Ministerio del Interior al Servicio de Impuestos Internos, sobre todo a partir de las nuevas informaciones que hemos tenido hoy, que nos parece que deben ser investigadas también sobre responsabilidad política”.
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Sobre el fondo de la investigación, dijo que será una comisión investigadora para indagar “las presiones desde el Ministerio de Interior al Servicio de Impuestos Internos”.
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Finalmente señaló que “los antecedentes que hemos conocido hoy día, hacen que nos volvamos a replantear esa posibilidad (acusación constitucional). Lo habíamos descartado en un principio, porque es la herramienta fiscalizadora más potente que tiene esta Cámara y nos parece que debemos tener más antecedentes.”, sentenció.
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