KRADIARIO

MEDIO AMBIENTE-CAIMANES-KRADIARIO

CON LUCHA, FE Y CONSTANCIA LOS POBLADORES DE CAIMANES TRIUNFARON SOBRE EL CONTUBERNIO LUKSIC-NUEVA MAYORÍA

Por Rafael Luis Gumucio Rivas

Los habitantes de Caimanes, pequeño poblado de 1800 personas, ubicado en la provincia del Choapa, en la IV Región, llevan 17 años luchando contra la minera de cobre Los Pelambres, de propiedad de la familia Luksic – una de las más millonarias del mundo, según la Revistas Forbes – que ha construido un tranque  el Mauro cuyos relaves contaminan las aguas, que luego van a ser utilizadas por los habitantes del pueblo, tanto para el consumo domiciliario, como  la agricultura.
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Al poder económico de este potentado se agrega el político, especialmente por la protección de los gobiernos de la Concertación y, hoy, por la Nueva Mayoría, que no ha vacilado en lanzar la fuerza pública contra desarmados pobladores de Caimanes.
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Durante estos 17 años, algunos líderes de este pequeño pueblo han tenido que enfrentar todo tipo de ataques de los dueños de la minera: en primer lugar, el intento de los directivos de acusar a los abogados de Caimanes de prevaricación y asociación ilícita, incluyendo al dirigente Cristián Fuentes, acusación que resultó un fiasco al ser rechazada por los tribunales; en segundo lugar, ante el bloqueo informativo de los medios de comunicación se vieron compelidos a declararse en huelga de hambre, hecho que tuvo una duración de 71 días; en tercer lugar, en octubre de 2014 lograron un fallo de la Corte Suprema, por el cual obligaba a la minera a asegurar el libre curso de las aguas del estero de Pupío, cuyo cúmplase debiera llevarse a cabo con un máximo de 30 días; en cuarto lugar, ente el hecho del no cumplimiento del fallo del Máximo Tribunal, los pobladores se vieron forzados a ocupar los caminos al relave, siendo reprimidos por la fuerza pública, sin mostrar ninguna orden judicial que avalara la represión contra unos habitantes desarmados – según la policía, por orden del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo -; en quinto lugar, se estableció una mesa de diálogo con el fin de dar salida al conflicto, pero se quebró hace poco tiempo, pues no satisfacía a los pobladores que exigían la aplicación legítima del fallo de la Corte Suprema.

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La situación devenía crítica cuando surgió el fallo del Juzgado de Letras y Garantía de  Los Vilos, por el cual se ordenaba demoler el tranque de relave El Mauro, en cumplimiento de una sentencia emanada de la Corte Suprema el 21 de octubre de 2014. La Corte estimó “insuficiente el plan de ejecución de obras propuesto por la minera Los Pelambres; por cuanto el mismo no contempla obras idóneas para permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pipío a la comunidad de Caimanes”. Como es lógico en un Estado de derecho, se obliga al gobierno – en este caso no para reprimir a los pobladores como se venía haciendo – a utilizar la fuerza pública para el cumplimiento de una orden judicial, en este caso, emanada del más alto Tribunal de la República y ratificada por el Tribunal de Letras y Garantía que, jurisdiccionalmente, corresponde a la localidad de Caimán.

            

La empresa minera Los Pelambres ha reaccionado con la amenaza del desastre económico al paralizar la actividad productiva, incluso, pretende apelar del fallo de la Corte Suprema. No se me ocurre ante qué tribunal podrán acudir, pues la Suprema es el máximo Tribunal del país y, en un campo internacional tendrían nulas posibilidades.

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En este momento de crisis de credibilidad de las instituciones se está produciendo un fenómeno muy particular: los Tribunales de Justicia están actuando conforme a la ley y  dispuestos a aplicarla, incluso a millonarios, que se creían por sobre la ley   -  las farmacias, en que los dueños corren el riesgo de cinco años de prisión efectiva, el caso Penta, cuyos dueños están en prisión preventiva, claro que aún resta el caso Cascadas, paralizado en el Tribunal Constitucional -. 

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El presidente de la Corte Suprema ha sostenido ideas muy sabias, como terminar con el fuero parlamentario para garantizar la igualdad ante la ley, como también la revocación de mandato de cargos de elección popular. Aún el camino es largo para lograr una justicia que corresponda a los estándares exigidos por la ciudadanía que, al parecer ha despertado de su letargo.