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martes, 31 de marzo de 2015

POLÍTICA-CRISIS-OPINIÓN DEL EDITOR-KRADIARIO



¿PODRÍA UN NUEVO ACUERDO ENTRE GOBIERNO Y OPOSICIÓN EVITAR UN DERRUMBE INSTITUCIONAL EN CHILE?

Por Walter Krohne


El país, afectado por un desastre natural de proporciones, está además en peligro de derrumbarse institucionalmente por tener estructuras políticas y económicas, en el marco de un régimen neoliberal, no lo suficientemente fuertes como para seguir resistiendo temporales de proporciones como es la actual crisis. 
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Tras algunos ajustes urgentes que se han hecho en momentos críticos, necesarios para tapar hoyos, como fue el pacto entre el entonces Presidente Ricardo Lagos Escobar y quien presidía la UDI, Pablo Longueira, en medio del escándalo Mop-Gate en 2003, el país no ha vuelto a pasar por "una revisión técnica de profundidad" que evite un descalabro como el que se está originando ahora. Hoy estamos igual o peor que en el 2003 y sólo en el comienzo, porque aún nadie sabe hasta dónde y cuánto va a destruir la gran ola de corrupción que nos afecta y que abarca a todos los sectores de la sociedad, como el Gobierno, los partidos de derecha e izquierda y los empresarios, con los casos Caval, Penta y Soquimich, que se investigan.

Sin embargo, la diferencia entre hoy y 2003 es notoria y grande. Había entonces un gran consenso de avanzar en la modernidad, para lo cual era una cuestión de demostrar y ejercer el liderazgo que permitiera salir de la crisis, del que hoy carecemos. Escuchamos semana a semana voces de políticos que se levantan para intentar empujar "el carro" hacia el lado supuestamente correcto, sin considerar que el momento es muy delicado para acoger ideas que pueden ser fallidas y traer consecuencias político-sociales graves. Ya no se pueden adoptar acuerdos como en 2003 porque nadie los creería ni aceptaría ni menos puede hablarse de perdonazos o indultos porque esto, con el empoderamiento de la sociedad actual, podría ser la causa de serios levantamientos sociales. La gente lo que quiere hoy es tener en sus manos una nueva Constitución.

En 2003 se hizo un esfuerzo para enrielar el carro, pero no fue suficiente, a pesar de las buenas intenciones. Quizá el país hoy esté como está debido a la insuficiencia de ese "ajuste técnico" con el que no fue posible restablecer y asegurar todos los elementos para un buen funcionamiento de la política a futuro. Las causas de esto son variadas: 
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Primero la herencia que dejó la dictadura en cuanto a manejo de empresas y de partidos políticos y también la vinculación entre ambos, dándole prioridad al dinero y las ganancias como un factor central del desarrollo, y también la corrupción, como lo demostró la entrega "a precio de huevo" de empresas estatales como Soquimich a parientes y amigos del régimen, en este caso específico al ingeniero forestal Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet. El Grupo Penta no está lejos de todo esto,  porque no es una coincidencia que este imperio se haya construido y desarrollado también durante el  pinochetismo.

Por eso que parece contradictorio cuando los políticos de derecha y centro-izquierda, como el dirigente histórico de la UDI Jovino Novoa y el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, afirman que "Chile no es un país corrupto", como el que aparece en la prensa mundial, tampoco uno que esté destruido ni que sus sistemas hayan hecho crisis. Sin embargo, Novoa agrega: "A mi me angustia ver como Chile puede irse al despeñadero".
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Segundo, con las "enseñanzas" de la dictadura, los empresarios y los políticos se acostumbraron a vivir en un mundo de fantasía en que la transparencia es sólo aparente o para mostrarla hacia afuera, sin que exista conciencia real de practicarla como corresponde, como ocurre en los países escandinavos. Ganar bien y trabajar poco ha sido al parecer la consigna. Multimillonarios poderosos que manejan la política y políticos que, a pesar de ser criticados y tienen un bajísimo nivel de apoyo en la comunidad, siguen buscando buenos ingresos y ubicando a sus familiares en cargos influyentes del Estado. Esto los obliga a veces a asociarse con empresarios poderosos Es decir, la nostalgia del tiempo del "jaguar chileno" sigue presente en la mente de quienes tienen poder. 
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Esto no toca sólo a la administración actual,  sino a todas, también a la derecha, porque en el fondo una y otra son exactamente lo mismo, cometen los mismos errores, se aprovechan de lo que pueden y con ninguna dejarán  de existir los pobres o se acabará la desigualdad, como dicen con mucha demagogia. En este sentido, en Chile el interés por modernizar la política es escaso o nulo, porque todos los sectores priorizan lo que da o tiene que ver con el dinero; los empresarios redoblando sus ganancias y los políticos redoblando las remuneraciones que reciben del Estado. Mientras tanto, el pueblo y la clase trabajadora (clase media) sigue esperando que vengan tiempos mejores. No tienen ninguna otra posibilidad.

En la práctica, los parlamentarios se vanaglorian por haber terminado con el binominal, otra herencia de Pinochet, pero a qué precio lo hicieron: Los chilenos tendremos que alimentar a 47 nuevos parlamentarios (35 diputados y 12 senadores más).

En esta crisis, si se repitiera la figura del acuerdo entre políticos, empresarios y el Gobierno sería sólo para cuestiones "cosméticas" que permitirían "pasar el actual temporal" lo más rápido posible para tener por delante unos cuantos años de manos libres y de respiro.

En tercer lugar está el carácter del chileno que siempre está buscando la forma mágica para beneficiarse personalmente, incluyendo su círculo más cercano, que fácilmente lo hace caer en la corrupción, lo que mantiene hoy en la cárcel a caballeros de cuello y corbata que en otros tiempos todos ponían las manos al fuego por su pureza y honorabilidad. Falta mucho en cuanto a ética o a responsabilidad. En Chile cada cierto tiempo hay empresas o incidentes políticos o de Gobierno donde se destapan hechos de abusos y corrupción de proporciones ¿por qué ocurre ésto? o ¿necesitamos para toda acción de negocio o del actuar político una ley especial que lo regule todo?

En el 2003 se habló sobre un compromiso sobre remuneraciones de altas autoridades, registro nacional de ONG’s, concursabilidad de tres mil cargos públicos, declaración de patrimonio y adquisición de compras públicas, financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos. Poco de esto se ha cumplido como se dijo y se prometió, o simplemente se acata a medias, como la declaración patrimonial o el respeto que las autoridades deberían tener frente a los cargos originados en los concursos de alta dirección pública. Cada nuevo gobierno que llega, por razones exclusivamente políticas o de poder, arrasa con varios de estos nombramientos de alto nivel en la administración pública, lo que se está convirtiendo ya en rutina.

Igual que ahora, en el 2003 hubo también una Comisión Asesora Presidencial que entonces fue presidida   por el abogado y académico Luis Bates. Hoy la comisión es encabezada por el economista, Eduardo Engel. Quizá la diferencia entre la mentalidad de un jurista y la de  un economista haga la diferencia.

El dirigente histórico de la UDI, el ex senador Jovino Novoa, sugirió el domingo en una entrevista con el diario El Mercurio el logro en Chile de “un acuerdo nacional para superar esta crisis y generar una institucionalidad más sólida" en el país. Hizo este planteamiento tras criticar a la fiscalía que investiga el financiamiento irregular de campañas políticas, calificando a los persecutores como “figurines”. "Aquí el caiga quien caiga es el eslogan de los irresponsables. Lo que se requiere urgente es salir de este marasmo", enfatizó Novoa, quien es acusado por la Fiscalía de haber sido el distribuidor del dinero para las campañas electorales de la UDI recibidas de la empresa privada (Penta).

La gran incertidumbre que hay en todo este proceso de crisis es si la Presidenta Michelle Bachelet tiene el liderazgo necesario para enfrentar esta gran crisis en el futuro inmediato a pesar de su derrumbre interno por los negocios "irregulares" de su hijo Sebastián Dávalos.

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