KRADIARIO

CASO PENTA

Las formalidades ignoradas del Pentagate 

PARA FINANCIAR POLÍTICOS Y COMER PESCADO HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO 

Por Hernán Ávalos Narváez

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Es preciso dilucidar las formalidades de la investigación por fraude al FUT (Fondo de Utilidades Tributables), como aquella relativa a  la pesquisa sobre el financiamiento ilegal de campañas políticas, para evitar interpretaciones antojadizas de algunos personeros sobre el Pentagate y desentrañar el sistema procesal penal, como la audiencia ante el Juzgado de Garantía a que tienen derecho los involucrados, para saber por qué están siendo seguidos, allanados sus domicilios o incautados sus computadores.

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En el Estado de Derecho como el que nos rige, existe independencia entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En este contexto, la Fiscalía Oriente del Ministerio Público, órgano autónomo del aparato del Estado, inició hace seis meses una investigación desformalizada en el conglomerado empresarial Penta y cuando detectó hechos que revisten características de delito tributario, envió los antecedentes en consulta al Servicio de Impuestos Internos, SII.

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En el intertanto el portal de noticias Ciper, fundación creada con participación  de la Universidad Diego Portales y el Consorcio Periodístico S.A. Copesa, publicó un reportaje dando a conocer la realización de la citada investigación. Sus periodistas no han sido desmentidos hasta ahora, y su trabajo está en el ámbito de la función fiscalizadora de la labor pública, inherente al periodismo y amparada por la Ley de Prensa, el Código de Ética Periodística y la institución del secreto profesional.

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La difusión de antecedentes reservados del llamado Pentagate, motivó a la Fiscalía de Chile disponer un sumario contemplado en el Código Procesal Penal, por el presunto delito de obstrucción del procedimiento y vulneración  a la confiabilidad de los datos o “filtraciones” a que están obligados los fiscales y demás miembros del Ministerio Público. Los periodistas aludidos sólo cumplieron su trabajo con eficiencia, poniendo en el centro del debate el financiamiento de la política y de las candidaturas a cargos de representación popular.

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Luego de estudiar los antecedentes, el SII, entidad fiscalizadora del sistema tributario, presentó una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Oriente para que se indaguen posibles aportes irregulares del grupo Penta en las pasadas elecciones primarias, parlamentarias y presidenciales, por fraude al FUT y evasión tributaria en la emisión de boletas de honorarios, en donde aparecen beneficiados candidatos al Parlamento, algunos electos, y el pre candidato presidencial de la Nueva Mayoría Andrés Velasco. Los funcionarios del SII estaban obligados a seguir la acción legal, por imperativo del Estatuto Administrativo que los rige. O en contrario podrían ser imputados de eventual encubrimiento o complicidad.

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El SII, entidad fiscal dependiente del Gobierno, podría haber presentado una querella por los mismos hechos. Y en este caso, a diferencia de la denuncia, habría tenido acceso a la investigación y la posibilidad de desempeñar un rol activo en el eventual proceso judicial. Pero en esta etapa de la investigación prefirió cumplir con el mínimo que le exige la ley. No obstante, más adelante podría ampliar su denuncia a una querella direccionada contra personas.

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Hay que precisar que el delito de fraude sólo está tipificado respecto de eventuales perjuicios causados al Estado. A diferencia de la estafa o tentativa de estafa, que son ilícitos cometidos entre personas naturales, o entidades jurídicas privadas y tiene una penalidad menor. En el caso que nos ocupa, quien ha cometido los presuntos delitos de fraude y evasión tributaria son los dueños, copropietarios o socios del conglomerado empresarial Penta. No los políticos quienes habrían recibido aportes ilegales para sus candidaturas.

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Porque este es otro elemento a considerar. La Ley Electoral vigente contempla los aportes reservados para financiar campañas de los candidatos. Y el Servel (Servicio Electoral), controla esta modalidad de financiamiento hoy cuestionada, con la obligación de mantener el anonimato de quienes aportan recursos. Empero la legislación se vulnera cuando los candidatos reciben donaciones por sobre el tope máximo, al margen de la legislación o “por debajo de la mesa”, lo cual compromete su imparcialidad en sus actuaciones públicas.

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Otro elemento poco conocido es que en cualquier estado de la investigación, las personas eventualmente afectadas por el sistema de persecución penal, sea porque han sido objeto de seguimientos por parte de desconocidos, importunadas en sus actividades, objeto de llamadas telefónicas inquisidoras o incluso frente a la sospecha que están siendo buscadas por la policía, están en su derecho de solicitar una audiencia al Juzgado de Garantía, para que se le comunique si es objeto de una investigación des formalizada, o en caso contrario, que el tribunal disponga las medidas para respetar su vida privada.

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Y tratándose de derechos constitucionales como la libertad, la propiedad, la inviolabilidad del domicilio o la correspondencia, entre otros los fiscales tienen que solicitar y obtener con fundamento las órdenes correspondientes al Juzgado de Garantía de la jurisdicción, para proceder a detener personas, incautar especies, allanar viviendas o revisar cartas o e-mails. Además, los fiscales tienen la responsabilidad de llevar adelante la investigación y la prerrogativa de elegir sus colaboradores y policías con quienes actúan, sean detectives o carabineros.

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En el caso Pentagate hasta ahora el procedimiento investigativo ha sido observado con rigor y el abogado Luis Hermosilla, representante de la UDI, el partido que tiene más supuestos involucrados en la pesquisa, ha guardado riguroso silencio. Por tanto quienes tratan de desviar la atención de la opinión pública involucrando, a políticos sin aportar ningún fundamento, sólo tratan de hacer creer a los votantes que otros representantes populares han vulnerado la ley y así intentan diluir las responsabilidades personales. Es imposible negar que el presidente de Penta Carlos Alberto Délano, más conocido como “El Choclo”, sea amigo personal del ex presidente Piñera y uno de los financistas del partido UDI.