lunes, 23 de junio de 2014

23-6-2014 -KRADIARIO- N°903


JUEZ REABRE EL CASO TSUNAMI Y ORDENA DILIGENCIAS QUE NO CONTEMPLAN CITAR COMO IMPUTADA A LA PRESIDENTA BACHELET

Tras tres días de alegatos, este lunes el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió acoger el requerimiento de uno de los seis acusados por el denominado caso Tsunami.

Según detalló el magistrado Patricio Álvarez, su decisión responde a que existen nuevos antecedentes respecto a la oceanógrafa del SHOA María Cecilia Celaya, una oceanógrafa de ese organismo, podría aportar datos hasta ahora no considerados sobre responsabilidades en las muertes ocasionadas por el tsunami. 

El requerimiento fue presentado por la defensa de Mariano Rojas, quien la fatídica noche se desempeñaba como jefe del SHOA.

En sus fundamentos, el abogado Lizando Godoy, aseguró que Celaya era la persona más experta "que había en aquel lugar esa madrugada".

"A contar de las cinco de la mañana, ella (Celaya) estuvo allí y jamás sugirió reactivar la alerta", recalcó el defensor, enfatizando que "la persona de mayor expertise, tampoco vio mayor riesgo" de maremoto.

Godoy, además, reiteró que durante el proceso de investigación que encabezó la fiscal Solange Huerta en tres oportunidades se le negó pedir dichos antecedentes que ahora, por oden del juez, deberán ser solicitados durante el plazo de 20 días decretados para la realización de esta última diligencia.

Respecto al resto de las 31 peticiones que fueron rechazadas por el tribunal, Álvarez afirmó que la indagatoria está prácticamente acabada y -en particular- calificó como impertinente la solicitud del querellante Raúl Meza, que representa en el caso a los familiares de algunas víctimas, de citar en calidad de imputada a la Presidenta Michelle Bachelet, argumentando que aún cuando existe una querella en su contra, los hechos descritos en ella no tienen relación a los actos descritos en la acusación fiscal.

Asimismo, estimó que la reconstitución del trayecto que la mandataria hizo la fatídica noche desde su casa hasta la Onemi tiene carácter dilatorio y por tanto, dicho requerimiento es improcedente.
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En el tsunami, que siguió al terremoto de 8,8 grados Richter que devastó seis regiones chilenas el 27 de febrero de 2010, murieron 156 personas y 800.000 quedaron daminficadas.
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La justicia abrió una investigación por eventuales responsabilidades de algunas autoridades, incluidos el entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández, por una fallida alerta del tsunami que siguió al cataclismo.
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También están imputados algunos oficiales de la Marina, responsables del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa), organismo que debía dar la primera alarma de un eventual tsunami.

El magistrado, no obstante, aprobó reabrir la investigación en otra arista del caso, solicitada por la defensa del exoficial de la Armada Mariano Rojas, que era el jefe del Shoa al ocurrir los hechos.

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