KRADIARIO

20-6-2014-KRADIARIO-N°902

Barómetro de los servicios de salud en Chile

DOS CONDENAS CONTRA CRUZ BLANCA POR MUERTE DE PACIENTE Y POR INCUMPLIMIENTO DE PLAN DE SALUD

La Clínica Reñaca de Viña del Mar, de propiedad de la isapre Cruz Blanca,  y dos médicos tratantes deberán pagar una indemnización de 160 millones de pesos, a un hombre y sus tres hijos, por la muerte de Julia González Astudillo en septiembre de 2002.

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La Corte Suprema determinó que el equipo que atendió a la mujer tras dar a luz a su tercera hija, actuó de manera incorrecta, por lo que “a raíz del procedimiento médico posterior llevado a cabo de manera tardía y negligente”, el deceso de la madre fue inevitable, según dice el fallo.

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A raíz de que los médicos afirmaban que lo sucedido no fue predecible, el documento explica que en el caso que los demandados hubieran empleado sus tareas de manera correcta “el resultado fatal hubiese cambiado necesariamente”.

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En el fallo se afirma que lo anterior es una “conclusión imposible de obtener en ningún caso en que esté empleada la ciencia médica”.

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A pesar de esto, señala que se puede discutir ya que si “basta el efecto, que haya existido la posibilidad de prolongar la vida o sostenerla”, el tiempo que dispusieron los médicos para tratar a la mujer, debería haber bastado para prevenir el sangrado en el parto y para realizar una “operación radical”.

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El fallo indica que los profesionales se defendieron asegurando que “la paciente y/o su marido se oponían al procedimiento, aseveración no probada y solamente pendiente de sus propios dichos o anotaciones”.

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Según indica el documento, la vida de González pudo salvarse en el caso que la paciente no hubiera esperado “hasta la madrugada de ese día y después largas horas de sangramiento, para precipitar el acto salvador o al menos proveedor de esperanza”.

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Además en el apartado se explica que González, falleció a causa “de una aspiración de contenido gástrico durante la preparación de la precipitada intervención”.

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En tanto el fallo fue decretado por la Cuarta Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Carlos Aránguiz, Andrea Muñoz y el abogado integrante Arturo Prado determinaron que el establecimiento y los médicos Luis Venegas Soto (ginecólogo) y Johny Ríos Arduz (intensivista) quienes determinaron la sentencia para los responsables por la muerte de González el 21 de septiembre de 2002

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Condena contra Isapre Cruz Blanca

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La Corte Suprema condenó a Cruz Blanca a pagar más de 15 millones de pesos a un afiliado y su cónyuge, por el daño provocado al retardar la atención de salud de la mujer, incumpliendo el contrato suscrito por las partes.

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En fallo unánime, los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal rechazaron el recurso de casación presentado en contra de la sentencia que condenó a la isapre a indemnizar al afiliado Vladimir Karstulovic Escobar, y su esposa Guacolda Pérez Cortés, beneficiaria del plan de salud.

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La resolución descarta que la decisión adoptada por el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar y ratificada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que determinó el incumplimiento contractual de la isapre, se haya adoptado con infracción legal.

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El fallo señala que la cónyuge tiene todos los derechos que el plan otorga, ya que según lo dispuesto por la Ley 20.584, “es beneficiario tanto quien suscribe el contrato de salud como sus beneficiarios”. Agrega que la parte demandada retardó reiteradamente el cumplimiento del Contrato de Salud Previsional, debiendo los demandantes recurrir continuamente a la Superintendencia de Salud, la cual si bien resolvía a favor de la beneficiaria, volvía a insistir en que no procedía la cobertura para la intervención que debía ser objeto.

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Los magistrados concluyen que “resulta de toda evidencia que los demandantes han sufrido dolor y aflicción, derivado de las continuas negativas injustificadas para el otorgamiento de cobertura de las prestaciones reclamadas, que ocasionaron incertidumbre al respecto, e incluso la demandante habiéndose sometido a la intervención de lipectomía abdominal, con fecha 30 de marzo de 2009, tuvo que esperar varios meses para obtener un dictamen favorable por la Superintendencia de Salud, daño moral que no solo sufrió dicha demandante como beneficiaria, sino también el demandante Vladimir Karstulovic Escobar, titular del contrato”, sostiene el fallo.

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De acuerdo a la resolución, todo esto causó un perjuicio moral a los actores, “al mantener a don Vladimir Karstulovic en la incertidumbre de un protesto inminente, y al tener que soportar el estado emocional de su cónyuge, quien sufre de una depresión comprobada a consecuencia del trato recibido por la Isapre demandada”.
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La indemnización se divide en 71.694 pesos por daño emergente; 10 millones de pesos para la beneficiaria Guacolda Pérez, por daño moral; 5 millones para Vladimir Karstulovic.