KRADIARIO

LITIO: ¿NUEVO ESCÁNDALO O SÓLO UN DESCUIDO TÉCNICO?

Por Walter Krohne

El fiasco del litio ha dejado otra vez a la vista de todo el mundo el precipitado accionar del Gobierno de Sebastián Piñera en el planteamiento de ideas que se llevan luego a la práctica sin pensarlas dos veces. Todos vimos el anuncio sobre la licitación oficial de la explotación del litio que se hizo con gran despliegue comunicacional, planteado como una acción urgente lo que dio paso a un proceso que por el apuro terminó donde tenía que terminar, en un gran fiasco.

En primer lugar las autoridades, al parecer, han sobredimensionado el actual negocio de este metal estratégico y dotado todavía de anacrónicas restricciones de explotación. Su consumo es hasta ahora relativo en el mundo, pero hay que reconocer que éste irá creciendo a la par con los avances tecnológicos que se expanden más rápidamente que un rayo. Las reservas de litio en el mundo suman cerca de 40 millones de toneladas, de las cuales el 23% estaría en poder de Chile (Bolivia, Argentina y Chile tienen el 50% de las reservas mundiales). Esto contradice lo que se nos dio a entender hace algún tiempo que éramos poseedores de reservas casi exclusivas, lo que en ningún caso es así, ya que a este club, además de los países ya nombrados, hay que agregar también a Australia, EE UU y China. La producción actual mundial es de 160.000 toneladas considerando que cada tonelada de carbonato de litio equivale a 0,18919 toenlada de litio metálico.

Así el litio está lejos de compararse con los negocios de otros commodities, como el petróleo y el cobre, que son formadores de grandes riquezas en el mundo. Pero como dice el abogado Ernesto Correa Elizalde de la Universidad Mayor, es en todo caso un negocio que debe ser tomado muy en cuenta, especialmente por la masificación de las baterías recargables en general, no sólo en computadores, sino ahora con mayor énfasis también en el sector automotor, energía que podría llegar a reemplazar en un plazo prudente a los combustibles tradicionales actuales.

Las aspiraciones oficialistas que se han hecho públicas indican que el objetivo es que Chile participe en este negocio y que se convierta en el principal productor a nivel mundial, lo más rápidamente posible.

Sin embargo hay una serie de puntos que no quedaron claros en esta licitación y que dejan planteadas interrogantes que, seguramente jamás tendrá una respuesta convincente. Uno de ellos es el de la precipitación que en un comienzo entusiasmó a unas 40 o más empresas, pero que al final quedaron sólo tres en competencia. La licitación fue ganada por la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH) en el marco de una gestión poco transparente y en curiosas circunstancias que habría que investigar.

En primer lugar, y como se sospecha en círculos políticos, el elegido en la licitación fue una empresa privada chilena con un historial lleno de incógnitas. Su pasado pinochetista y de extrema derecha la hace ver muy bien ubicada junto a sectores del mismo pensamiento dentro del Gobierno. Soquimich es presidida por el ex yerno del dictador Augusto Pinochet Ugarte, Julio Ponce Lerou, y en el directorio figuran también un hermano suyo Luis Eugenio Ponce Lerou, un hijo Julio Cesar Ponce Pinochet, además de Patricio Contesse Gonzalez (vicepresidente), Patricio de Solminihac, quien es hermano de Hernán de Soliminihac, actual ministro de minería. Este último, a pesar de ser el ministro, se vio obligado a inhabilitarse y dejar todo en manos del subsecretario Pablo Wagner. Ponce, que después del golpe militar en 1973 era director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), fue encargado de asumir la dirección de Soquimich para concretar su privatización definitiva, pero permaneció frente a ella hasta ahora. Su directorio está formado por personeros de la misma orientación política, sector al que le pareció como fórmula ideal dejar “en buenas manos” la explotación de este metal estratégico, una riqueza del futuro, por denominarla de alguna manera. No se pretendía que el control del litio lo asumiera una empresa estatal como Codelco, que curiosamente declinó participar en la licitación, sino una empresa privada.

Esto permite comprender que el objetivo central estaba dirigido a dejar en manos de Soquimich la nueva riqueza de largo plazo. En esta forma los aspectos curiosamente sorprendentes que saltan a la vista de muchos entendidos, es la enorme diferencia que hubo entre las ofertas de Soquimich con las de los otros dos postulantes que llegaron al final del proceso. Fue como jugar a ganador. Mientras Soquimich ofreció $19.301 millones (poco más de US$ 40 millones), el consorcio coreano-japonés Posco Consortium (integrado por Posco Ltd, Mitsui & Co Ltd, Daewoo International Corp y Minera Li Energu Spa) ofreció menos de la mitad, 8.256 millones, y el Grupo Errázuriz menos aún, $2.750 millones.

Esto hace pensar que durante el proceso mismo puede haber habido un nexo directo o cierta comunicación no lícita entre la empresa ganadora y algunas fuentes ministeriales, porque tampoco se entiende que si las condiciones para postular incluían no tener litigios con el Estado de Chile, Soquimich sabía que los tenía por problemas de aguas. Quizá había algún funcionario que estuvo dispuesto a hacer “la vista gorda” a este importante punto de la licitación, no se sabe con certeza, pero da para pensarlo. ¿Cómo un aparato técnico ministerial encargado de revisar acuciosamente los antecedentes podría haber dejado pasar una falencia tan importante como ésta? Peor fue la explicación dada por Soquimich después del fiasco: “No tenemos litigios con el Estado sino con el Fisco chileno. ¿Cuál es la diferencia nos preguntamos?

Sea así o no, el tema debe ser investigado a fondo porque de lo contrario no sólo aumentará la desconfianza que ya existe entre los electores frente al gobierno, como lo revelan las encuestas, sino también se profundizará la indecisión y dudas que están teniendo los inversionistas extranjeros de venir a Chile y participar en grandes proyectos.