Diario El Diario de La Paz, Bolivia
Anarquía en la oferta de bienes y servicios
La crisis económica que desde hace tres años atacó al mundo, tiende a sentirse con mayor fuerza en los países pobres y subdesarrollados; nuestra situación no es excepción en este fenómeno; por el contrario, hay tendencia a exagerar en quienes ofrecen bienes (especialmente alimentos) y servicios como es el transporte.
Que hay un proceso inflacionario, es innegable; pero también es preciso recordar que vivimos un tiempo en que la economía de libre mercado aún está vigente; que los precios de todo lo consumible o utilizable están sujetos a la oferta y la demanda, también es cierto. Sin embargo de todo esto, hay una especie de consigna -especialmente en mercados y sitios de abasto- para elevar precios en el día a día y sin consideración alguna. Todo muestra la tendencia a que determinados sectores aprovechen la situación de necesidad de alimentos y servicios de la población, para subir precios.
Es cierto, por otro lado, que no corresponden regulaciones o controles de precios; pero, también es evidente que, por ejemplo, las tarifas que cobra el autotransporte (especialmente el que atiende a las ciudades, como radiotaxis, minibuses, trufis y taxis) tiene la regulación de precios desde hace años, que se ha evitado un cobro mayor del precio de los carburantes para evitar alzas en el transporte, también es evidente; que inclusive se importaría llantas y algunos repuestos para vehículos del transporte de pasajeros, es otra realidad; sin embargo, radiotaxis, trufis, taxis y minibuses abusan del público y cobran a capricho.
Habiendo convenios expresos con sectores del autotransporte, corresponde que las autoridades hagan cumplir esos compromisos; de otro modo, cada quien cobrará lo que guste y el imperio de la anarquía será cada vez mayor, dando lugar, más temprano que tarde, a un proceso inflacionario de graves consecuencias. Son, pues, las autoridades municipales, la Policía, Tránsito y los propios sindicatos de transportistas los que deberían controlar para que no siga la abusiva anarquía de precios que rige en las ciudades del país. Son autoridades y entidades que no pueden ni deben rehuir el cumplimiento de un deber para salvaguardar la economía del pueblo.
Por otro lado, quienes ocupan puestos en mercados, hasta tiendas y almacenes en esos sitios, aumentan precios de su oferta en forma abusiva; para ellos, dicen, “no hay regulación y hasta los impuestos están sujetos al simplificado”. La verdad es que en esos negocios se mueven millones de dólares y nadie hace algo ni para el cumplimiento de la política de regular precios mediante la oferta y la demanda ni para el pago de impuestos.
Para las autoridades, lamentablemente, “no hay nada o poco que hacer” para evitar las exacciones de taxistas, minibuseros, trufistas y radiotaxistas que han sembrado la anarquía y, a más del cobro abusivo, maltratan a los pasajeros sin considerar que muchos de ellos son niños, mujeres y ancianos. Conforme pasan los días, con tal de reducir distancias y cobrar más, los conductores de trufis y minibuses cambian rutas y no aceptan reclamos.
Las autoridades encargadas de los controles se hacen de la “vista gorda” y dejan que haya inmunidad para que los abusos se cometan con total impunidad. Controlar el cumplimiento de acuerdos especiales que hay con el autotransporte, es obligación de las autoridades; por otro lado, deben evitar excesos de comerciantes inescrupulosos que atenidos a la economía de libre mercado llegan al abuso y hasta al latrocinio que ejercitan contra un pueblo que, dada la crisis, se siente más empobrecido.
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