En el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se decretó, después de dos días de formalización, la medida cautelar de prisión preventiva contra el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, luego de que fuera considerado como un «peligro para la sociedad».
El ex jefe comunal, acusado de los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos, cumplirá la decisión judicial el anexo carcelario Capitán Yáber, a pedido de su defensa.
Consultado sobre si creía que esta acción judicial significaba una persecución política en su contra, el exjefe comunal señaló que «no quiero calificarlo así. Yo quiero que la institución funcione».
Torrealba reiteró que es inocente frente a las imputaciones de cargos en su contra e indicó que «no tengo nada que decir, salvo hasta que terminemos esta sesión».
El fiscal acusó al exalcalde de 29 delitos de fraude al fisco que habría cometido. Mismo número para el exdirector de los programas Vita, Domingo Prieto, y para el contador Augusto Silva.
La formalización es encabezada por el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendariz, y el fiscal jefe de la Fiscalía local Santiago Centro, Francisco Jacir. La magistrada es María María Herrera.
La Fiscalía asegura que inversiones de Torrealba en 2018 fueron un 21% mayores que su renta como alcalde, lo que la parte acusatoria pone en duda al cifrarlas en mucho más.
La magistrada sostuvo durante la audiencia que el imputado en su calidad de alcalde tenía el deber de «observar una conducta funcional intachable, tener un desempeño honesto de su cargo, para lo cual fue elegido por los ciudadanos». En ese sentido, agregó que «no respetó la preminencia del interés general sobre el particular y muy especial la afectación de los derechos o las legítimas expectativas de la ciudadanía.
«Con su actuar, a juicio del tribunal, Torrealba socavó la confianza pública en sus instituciones democráticas y sus representantes, que tanto perjudican la estabilidad política del sistema democrático», añadió.
Y es que por esto mismo motivos, «hacen considerar que su libertad es un peligro para la sociedad», señaló la magistrada.
El exmilitante de Renovación Nacional negó que haya existido una asociación ilícita, e indicó que «lo que ocurre hoy es que voy a saber de qué se me imputa. Hasta el momento lo único que he visto son notas de prensa. Con todo el respeto que tengo por la prensa, no es forma de tramitar un caso como este»
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