Nuevas irregularidades financieras por el método «fundaciones» están poniendo «los nervios de punta» al gobierno de Gabriel Boric.

Su ministro de Vivienda, el socialista Carlos Montes, agregó al caso de «Democracia Viva» otra indagatoria abierta en la Región del Maule por nuevos convenios irregulares descubiertos.

¿Son los que ahora deben investigar y sancionar?

Montes afirmó que «queremos establecer reglas, poner un nuevo marco que permita que muchos de los riesgos que hubo en esto se minimicen y se superen».

El ministro se refirió a la investigación de oficio abierta este jueves por la Fiscalía, por nuevos convenios otorgados, esta vez por la Seremi de Vivienda del Maule a la fundación Urbanismo Social, vinculada a militantes de Revolución Democrática (RD).

Caso que se suma al de Democracia Viva ocurrido en la Región de Antofagasta. De acuerdo a los antecedentes que se manejan, Urbanismo Social fue encabezada hasta el año pasado por Rodrigo Hernández, miembro, igual que en el primer caso, al partido de Gobierno Revolución Democrática (RD) y quien actualmente ejerce como seremi de Vivienda del Maule. Sólo entre octubre y diciembre de 2022, la fundación habría recibido un total de $577 millones a través de ocho donaciones de la repartición estatal.

Al respecto, Montes comentó que «nosotros tenemos alguna información. No tenemos toda la información y lo que hemos acordado es repetir lo que hicimos en Antofagasta, una investigación preliminar a partir de la cual vamos a ver qué le vamos a entregar de parte de nuestra a la Fiscalía».

Consultado si es que sabía de este hecho, que también fue denunciado por el senador PS Fidel Espinoza, Montes afirmó: «Tenía antecedentes de que se acusaba o que se decía de que la secretaria era RD, cosa que no era RD, y un conjunto de otras cosas que no nos corresponde ahora opinar.

La investigación preliminar va a poder entregarnos más información». «Lo que hemos hecho es lo que corresponde hacer, agregó el ministro.

«La información que tenemos ya fue entregada al Ministerio Público, está en manos del fiscal que es una persona muy seria, muy rigurosa y él podrá determinarlo», complementó l ministro.

Este jueves se realizaron reuniones con fundaciones que tienen proyectos con el Minvu, en la cual se plantearon propuestas para evitar que se repitan hechos como el de Democracia Viva y Urbanismo Social.

«Nosotros queremos establecer reglas, distintas reglas, poner un nuevo marco que permita que muchos de los riesgos que hubo en todo ésto se superen, porque queremos tener una respuesta muy en serio», enfatizó Montes.

Nuevo caso: Fiscalía abre investigación de oficio por entrega de recursos de seremi de Vivienda del Maule a una fundaciónEl caso se derivó al Ministerio Público.

En el Maule «se indagan los mismos delitos que en Antofagasta», señaló el fiscal Julio Contardo, fiscal jefe del Maule. Esta vez se inició una investigación de oficio por la entrega de recursos por parte de la Seremi del Minvu de dicha región a la fundación Urbanismo Social.

De acuerdo a los antecedentes que se manejan, dicha fundación fue encabezada hasta el año pasado por Rodrigo Hernández, militante de RD y quien justamente ahora ejerce como seremi de Vivienda del Maule. Sólo entre octubre y diciembre de 2022, Urbanismo Social habría recibido un total de $577 millones a través de ocho donaciones de la repartición estatal.

El caso Democracia Viva ha tensionado al oficialismo y ha tenido como epicentro a Revolución Democrática, partido al que pertenecen parte importante de los involucrados. La crisis ha dejado atrás la posibilidad de unificar el Frente Amplio, planteada hace algunas semanas por el Presidente Gabriel Boric, opinó el analista Axel Callís e igualmente ha dejado atrás «la promesa de un Gobierno distinto»

«Que hay un daño al Frente Amplio, que hay un daño a la marca, que hay un daño a la generación, eso es irrefutable, y lo más probable es que en las próximas campañas políticas estos eventos van a salir, como siguen saliendo los de SQM en las elecciones actuales. Van a ser parte del stock de municiones que se usan en política para sacar ventaja», señaló Callis.

Según el analista, la crisis «no los golpea muy fuerte, porque el daño que tiene este Gobierno es bastante alto. Está gobernando con un 30% [de apoyo], con el núcleo duro de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático. Pero, bajar del 30% al 20% en términos de aprobación no es imposible, puede ocurrir, pero es complejo».

«Los distintos eventos que ha tenido el Gobierno en los últimos ocho meses, a partir de la derrota de septiembre, con los indultos, la muerte de carabineros y la crisis migratoria, ya hizo que se estabilizara en un 30%. Si baja, será en segmentos que más sostienen al Gobierno, como los jóvenes», comentó en Radio Pauta.

Representante legal de Democracia Viva renuncia a su militancia en RD

Daniel Andrade, representante legal de la fundación Democracia Viva y principal implicado en el llamado «caso convenios» descubierto en la Región de Antofagasta, renunció a su militancia en Revolución Democrática (RD), partido golpeado por el escándalo.

La expareja de Catalina Pérez -diputada de esa tienda- envió un mail a la colectividad con el certificado que oficializa su renuncia la mañana de este jueves, horas antes de que el Tribunal Supremo decida si corresponde sancionarlo, algo que ya fue propuesto por la dirección nacional.

«No puedo defender mi inocencia activamente en este procedimiento porque mis defensas serán utilizadas en el proceso penal, cuando todavía no he sido citado a declarar y, por lo tanto, no he podido optar a declarar o a mantener silencio. Así, sin perjuicio de lo que resuelvan, pido que este tribunal suspenda cualquier resolución hasta que haya una resolución judicial», pidió en el correo, que fue consignado por La Tercera.

Emol. com publicó: «Los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva siguen generando coletazos, tanto a nivel político, como judicial. El caso no sólo golpea al Gobierno y a RD, a través de militantes involucrados, sino que también ha instalado dudas respecto a los acuerdos que pudieron suscribir otras fundaciones con el Ejecutivo. Si bien aún hay varios procesos e investigaciones en curso, la polémica ya ha significado la salida del seremi de la región Carlos Contreras y más recientemente de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. Esto último, según dijo el Presidente Gabriel Boric, para «dar la señal de que acá no habrá defensa corporativa a nadie y que los estándares que en el pasado tuvimos para juzgar y criticar a nuestros adversarios ante casos contra la fe pública, tenemos que aplicárnoslo a nosotros mismos».