HAY CONMOCIÓN EN LA COALICIÓN DEL GOBIERNO DE BORIC
RD definió aplazar las elecciones internas y crear un comité para afrontar e intentar salir de la crisis.
El presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, informó este viernes que tras un consejo político nacional, el partido determinó querellarse contra quienes resulten responsables por el millonario convenio entre el Serviu y la Fundación Democracia Viva, «caiga quien caiga, sin doble estándar, sin silencios cómplices».
Dicha acción judicial será presentada el próximo martes 27 de junio.
Al mismo tiempo, la tienda solicitará al Tribunal Supremo del partido que se congele la militancia de la diputada Catalina Pérez, al ser pareja de Daniel Andrade, quien preside la organización sin fines de lucro que está involucrada en el caso, que ahora investiga el Ministerio Público, informó Radio Cooperativa.
En ese contexto, Latorre enfatizó que la parlamentaria «ha manifestado toda la disposición a que la investiguen» y afirmó que las determinaciones se dan «en la línea de hacernos cargo de cualquier irregularidad que para nosotros tiene que ser sin doble estándar, tolerancia cero ante cualquier irregularidad donde estén involucrados militantes de nuestro partido».
Jonathan VelásquezEntretanto el alcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez (independiente)n declaró que “yo me enteré de la existencia de esta Fundación hace cuatro días”.
Los alcaldes de Revolución Democrática pidieron en la instancia que la militancia de la diputada Catalina Pérez sea congelada mientras dure la investigación de la Fiscalía.
La cita, según informó La Tercera, fue convocada precisamente para abordar la situación en la que se vio involucrado el bloque por los contratos directos por más de 420 millones de pesos entre la fundación dirigida por Andrade con el Serviu de Antofagasta, visados por el ahora exseremi y también correligionario, Carlos Contreras.
Los militantes de RD y jefes comunales, entre ellos Macarena Ripamonti (Viña del Mar), Emilia Ríos (Ñuñoa), Tomás Vodanovic (Maipú), Carla Amtmann (Valdivia) y Luis Valenzuela (Tiltil), rechazaron los hechos y dieron a conocer su preocupación por las graves faltas a la probidad presuntamente cometidas.
«Dijimos que estas prácticas no tienen cabida en el proyecto», señaló una fuente sin identificar al rotativo. Por ello, pidieron la aceleración de la expulsión de Andrade y Contreras -ya instruida por la mesa- y enfatizaron que la militancia de Pérez debe ser suspendida «hasta que esclarezca si tuvo o no participación» en los sucesos que, eventualmente, podrían ser delitos.
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