NUEVO ESCÁNDALO EN LA COALICIÓN DE GOBIERNO, PERO AHORA ES POR PLATAS PAGADAS Y NO RENDIDAS
Radio Bío Bío tomó contacto con el diputado Juan Antonio Coloma de la UDI en relación al convenio no aclarado entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva que es liderada por la pareja de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, Daniel Andrade.
La polémica estalló tras revelarse una serie de convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Andrade. En total, la organización recibió 426 millones de pesos.
Como es su estilo, sin pelos en la lengua, Coloma dijo que “la generación que venía a cambiar el estándar moral de los chilenos -decían ellos" (refiriéndose a la coalición de Gobierno) - y lo que descubrimos puede ser la punta del iceberg de algo que sea mucho mayor que es la forma a través de la cual militantes de Revolución Democrática se habrían estado adjudicando estos fondos millonarios que eran destinados a enfrentar los campamentos”.
Aseguró el diputado que sólo "se ha rendido el 3% de este fondo que suma 420 millones de pesos y han justificado solamente 12,6 millones.
"La pregunta es dónde están los otros 413 millones de pesos que es una cantidad gigantesca", preguntó el parlamentario en la entrevista con Bío Bío.
“Se debe transparentar en todos los gobiernos las platas que van destinadas a las ONG en los distintos ministerios. Uno dice al final cómo se adjudican estos montos, cómo llegan y al ser diputado me ha tocado estar decena de veces en el Minvu con ministros de distinto color político y uno sabe que cuesta conseguir los recursos”, subrayó Coloma.
“Aquí hay algo que es mucho más profundo y lo que tenemos que hacer en la modernización del Estado es elegir a las personas por su calidad técnica y en materia de ONG que estén debidamente respaldadas”.
"Vamos a seguir tras los 426 millones de pesos", señaló la UDI sobre el convenio entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. El partido retiró la moción de censura en contra de la mesa de la Cámara tras la suspensión de la diputada de su cargo de vicepresidenta.
Este martes la diputada Pérez anunció oficialmente la "suspensión de sus actividades como vicepresidenta en la Cámara Baja". En ese contexto, la representante del Frente Amplio comentó que existe un proyecto político que cuidar y que no darán espacio a ningún aprovechamiento.
Pérez destacó que “han sido días duros” y que ella no puede asumir responsabilidad “por actos de terceros. El daño que a mí se me ha infringido no puedo permitir se infrinja también al oficialismo. Nosotros tenemos un proyecto político que cuidar (…) necesitamos que el Congreso no se pierda en este tipo de discusiones”, aseguró.
Este nuevo escándalo oficialista generó las renuncias de Carlos Contreras como seremi de Vivienda y la del propio Andrade, quien se desempeñaba como asesor de la Subsecretaría de Defensa.
“Hay tres renuncias. ¿Alguien todavía piensa que aquí no ha pasado nada?”, señaló el diputado Jorge Alessandri, también de la UDI. Asimismo, a pesar de la suspensión de Pérez en la mesa de la Cámara, aseguró que “vamos a seguir tras los 426 millones de pesos”.
“¿Esto fue visado por la subsecretaria de Vivienda? ¿Para qué fin se entregaron estos 426 millones de pesos? ¿Alguna otra fundación, en los últimos 40 años, ha logrado en dos meses que se le asignen 426 millones de pesos?”, se cuestionó Alessandri.
Por otra parte, indicó que preguntarán “si estos dineros, en alguna parte, eran destinados a actividad política, a programas relacionadas con actividad electoral o si eran para bolsillos personales de algún militante”.
El "jefe" de la Fundación
Daniel Andrade se desempeñaba hasta hace algunas horas en la Subsecretaría de Defensa, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, liderado por la ministra Maya Fernández.
Sin embargo, luego de la polémica, Daniel Andrade fue desvinculado de la institución.
Daniel Andrade, además, es ingeniero civil mécanico por la Universidad de Chile, expresidente de la Federación de Estudiantes de Chile (Fech) y candidato a la Convención Constitucional en 2021.
En palabras simples, todos los involucrados en la polémica, desde el seremi de Vivienda hasta el representante legal de la fundación Democracia Viva, militaban en el mismo partido: Revolución Democrática, el mismo partido de la vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez.
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