KRADIARIO

REFORMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: DEL MERCADO SALVAJE AL MERCADO

REGULADO

Por Rafael Luis Gumucio Rivas

El Sistema de Educación chileno padece de un cáncer agresivo. Nadie pone en duda  que se hace necesario una cirugía profunda, lo cual supone un cambio de paradigma desde el sistema de mercado, basado en el subsidio a la demanda, a una educación universal, laica y gratuita y, para lograr este objetivo hay que eliminar a los mercaderes de la educación, que han hecho de las universidades e institutos profesionales un nicho de negocios, prácticamente sin riesgos y de alta rentabilidad. Esta realidad explica por qué las universidades chilenas son tan atractivas para los fondos de inversión estadounidenses.

El 75% de la educación superior es financiada por los padres de familia de los alumnos, pues el Estado sólo financia el 25% - incluso, parte de este aporte va a las universidades privadas por medio de becas y aportes indirectos que, generalmente, favorece a los alumnos de mejor nivel económico -.

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El drama de las becas y de los créditos es que producen un endeudamiento que es insostenible para los alumnos recién egresados, que luego pasan a ser un proletariado con título y, para agravar la situación, los bancos son los protagonistas principales de la educación, concebida como un nicho de negocios: por medio del CAE el Estado termina siendo el aval de una muy buena teta para el enriquecimiento de estas instituciones financieras – no en vano vivimos en una democracia bancaria -.

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Una reforma profunda del sistema de educación superior exige, al menos preguntarnos cuál es el elemento constitutivo de universidad, cuáles son los servicios que debe prestar al país, cuáles son las funciones básicas que estas instituciones tienen que cumplir en los campos de la investigación, extensión y la docencia.

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¿Podría definirse como universidades a las llamadas docentes, que se conforman con  transmitir la ciencia ya adquirida, en una sala de clases con profesores “taxis”, contratados por horas? ¿No debiera el Estado exigir que las universidades cumplan el rol de crear saberes y fomentar la indagación? ¿No debiera exigir gobiernos corporativos democráticos y participativos, en que estuvieran representados, al menos, los tres estamentos fundamentales – docentes, estudiantes y funcionarios? ¿Es compatible con la democracia  el gobierno de una universidad que depende de los socios mayoritarios y que actúan sobre la base de sus intereses corporativos?

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El proyecto sobre reforma de la educación superior presentado por el Gobierno ha tenido un marcado rechazo de todos los sectores: cuesta encontrar una organización o personas individuales que lo defiendan y lo apoyen, tanto de universidades públicas y privadas, como también las federaciones de estudiantes de la mayoría de las universidades, de la izquierda extraparlamentaria e, incluso, de miembros de la Nueva Mayoría y, por lógica, la oposición de los partidos de derecha, en consecuencia, el gobierno se encuentra entre la espada y la pared, en un verdadero sándwich, criticado por la izquierda y por la derecha. Es el sino de un realismo con renuncia, de un gobierno que no se atreve a llevar a cabo el desarrollo de su programa y que cada día está más lejano de la sociedad civil y de  los movimientos sociales. Es muy triste constatar cómo el gobierno de la Presidenta Bachelet está  perdiendo una gran oportunidad de concretar una mística social que apoye un cambio paradigmático en la educación chilena.

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La gratuidad es el núcleo fundamental del programa educacional de este gobierno y nadie critica que su implementación se haga escalonadamente en el tiempo, pero lo grave es constatar que con las condiciones de desarrollo económico que propone, su universalidad se postergaría hasta las calendas griegas. Era evidente que el cálculo de recaudación de tres puntos PIB no alcanzaba para cumplir esta meta, incluso, con un precio de tres dólares la libra del cobre. Muchos  analistas y políticos tuvieron el valor de develar el carácter de esta propuesta, al asegurar que era necesario recaudar, al menos, 12 puntos del PIB para cumplir en el tiempo señalado la gratuidad universal.

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Por ejemplo, en 2013 el candidato a la Presidencia, Marco Enríquez-Ominami, planteó recaudar esta cifra sobre la base de un impuesto especial a la minería – intocada en el programa presidencial de Bachelet – además de un tributo del 1% para aquellas inversiones financieras en  bonos y acciones que superaran el millón de dólares - estas propuestas del candidato aún son posibles de llevar a cabo para lograr el objetivo de que la gratuidad la financie el mundo de los más ricos de este país vía tributaria.(los ricos no son los jóvenes sino sus padres).

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Por lo demás, si el Estado ha hecho un esfuerzo armamentista concediendo el 10% de las ventas del cobre envuelto en el escándalo del “Milico Gate” – bien pudiera hacerlo en una tarea nacional de tanta envergadura, como la educación pública, laica gratuita, de calidad y universal. Mientras no comprendamos que la educación no es un gasto, ni siquiera una inversión, sino que la condición fundamental para construir un país moderno, más justo y digno, y que no puede progresar un pueblo sin una revolución educacional profunda.

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Bien podría el gobierno haber decidido la promoción del desarrollo de las universidades fiscales: es ridículo que el Estado apenas aporte el 10% del presupuesto a estas universidades, dejando estas instituciones de educación superior en manos del juego brutal del mercado.

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Por otro lado, si se hubiera seguido el camino de  hacer un aporte importante a las universidades estatales regionales, denominadas “derivadas”, podría haberse avanzado en la importante tarea en  pro de la regionalización. Está probado que el papel de las universidades es fundamental para el desarrollo de un país que debe ser federal como lo soñara José Miguel Infante el padre de la patria.

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El gobierno, en el afán de dejar contentos a todos los grupos corporativos, optó por el camino de desarrollar sólo la regulación del mercado universitario, que ha funcionado en forma salvaje y anárquica. Es en este plano de la institucionalización y los controles donde el proyecto de reforma de la educación superior plantea sus principales propuestas:

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1-      Una Subsecretaría de Educación Superior

2-      Una Agencia de Control de calidad

3-      La exigencia de calificación por un período de no  menos de ocho años para que las  universidades puedan funcionar, así como de recibir aportes del Estado.
4-     Establecimiento de medidas de control del lucro – esta idea deja mucho que desear  porque se ha logrado aprobar las penas corporales para quienes infrinjan la ley en este aspecto.

5-      La Superintendencia de Educación

Estas propuestas si se quedaran sólo en el plano burocrático tendrían poco efecto, pues como se ha dicho antes, si no se pasa desde la educación de mercado a una educación liberadora y de derecho social fundamental, de poco servirán estas medidas, que sólo se limitan a regular el mercado.