KRADIARIO

Opinión de un sociólogo de alto nivel

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CÁLCULOS MAL HECHOS PARA MANEJAR LA RETROEXCAVADORA.

Por Hugo Latorre Fuenzalida

Cuando llegó Bachelet al gobierno por segunda vez, con su primer equipo ministerial, se anunció una tromba de reformas para realizar los cambios que esa misma coalición (la Concertación) se negó a ejecutar durante más de 20 años.

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Parecía que la nueva coalición (Nueva Mayoría), había logrado doblar la mano a los elementos más conservadores que dominaban al interior de la primera alianza. Todos pensaban que la permanencia de Bachelet en Naciones Unidas le habría dado una perspectiva diferente de Chile y que su gran caudal de arrastre electoral le permitía poner sus propias reglas al juego político de este Chile que había permanecido prisionero de los intereses empresariales por casi cuarenta años. Todos pensaron que la hora del pueblo había llegado, y que el campanazo del 2011 con la embestida de los estudiantes había tenido el mérito de destapar la obstruida tubería del progreso.

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Sin embargo, hubo dos sospechas de que algo no se había calculado con la rigurosidad debida o estábamos siendo manipulados de manera retorcida. En primer lugar, no se tocan los sectores de la minería, que es uno de los mayores extractores de excedente espurio que sufre el país; segundo que la realidad económica dada por el ministro de Hacienda era mus divergente de la que ya se preveía para Chile y para el mundo. Entonces, si se pretendía hacer una reforma tributaria a fondo, se debía optar por recursos permanentes y no quedar al arbitrio del crecimiento económico ni del voluntario desprendimiento de un empresariado que se acostumbró a no tributar en ninguna de las vertientes impositivas.

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Más aún, ese empresariado estaba acostumbrado a recibir todo tipo de estímulos (más de 1.000 millones de dólares cada año en alicientes a la inversión) y el goce del FUT que es el regalo de impuestos que el Estado les deja en sus manos (sin cobrarlos) para que inviertan sin costos en el dinero; esto representa otros 220.000 millones de dólares que los empresarios tienen a su discreción para hacer de todo, pero sobre todo para sacarlos a paraísos fiscales, para invertir en el sector especulativo financiero y para prestarlo al Fisco que ya acumula una deuda con los privados nacionales de más de 35.000 millones de dólares (cerca de 50.000 millones de dólares es la deuda global pública). Pero, además, disfruta de otros 200.000 millones de dólares, que corresponden a los Fondos de Pensión, y que es el ahorro de los trabajadores chilenos, los cuales usan los empresarios del país y del exterior para ganar mucho plus y asegurar muy bajas pensiones.

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Este PARAÍSO FINANCIERO, que es Chile, difícilmente iba a ser regalado por los poderes fácticos y los poderes tributarios, menos para financiar actividades que deben ser financiados por las personas; para ellos, el Estado no debe regalar nada; todo debe ser pagado como bien de consumo, en consecuencia no aceptan nada que asome a gratuidad ni nada que borre el afán de multiplicar el capital en todos los servicios que se puedan integrar al círculo virtuoso del enriquecimiento capitalista.

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No por nada el motor de la economía chilena ha sido el consumo acompañado por endeudamiento de las familias; no ha sido ni la inversión productiva ni la innovación; los costos de los servicios esenciales pasaron también a ser bien de consumo y, por tanto bien sujeto al lucro (atrapado en la férula del lucro).

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Por tanto, la reforma tributaria propuesta inicialmente para financiar los nuevos financiamientos públicos para la educación y salud, que alcanzarían el 3, 2% del PIB, unos 8,3 miles de millones de dólares, alcanzaría para estos nuevos desembolsos, según las propias palabras del ministro de hacienda de entonces.

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Con la pasada por el Congreso y la “Cocina” de Zaldívar y CIA, esta reforma se transformó en un financiamiento basal bastante menor y en una apuesta al crecimiento del PIB para financiar desde el 2018 los nuevos gastos.

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Obviamente, el crecimiento económico no favoreció la apuesta tributaria a los ingresos futuros y el financiamiento basal fue mal calculado, con lo cual el Estado se ve enfrentado a endeudarse soberanamente para cumplir su promesa de gobierno o simplemente rearma la propuesta con tal de morigerar las expectativas y chutearlas hacia un futuro impredecible.

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El nuevo ministro de hacienda impuso la segunda opción, es decir morigerar las reformas, hacerlas de gradualidad acorde con el crecimiento económico, no hacer más reformas tributarias y paralizar lo que se prometió, por lo menos hasta el 2018.

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De aquí al 2018 tendremos otro gobierno; puede que de aquí a ese tiempo ingresen nuevos recursos vía precio del cobre y mientras las candidaturas vacilarán entre prometer reformas más de fondos o ni siquiera  atreverse a prometer nada, dado lo fallido de lo que vivió con la Nueva Mayoría. Esta poquita fe del electorado jugaría  a favor de los poderes que no quieren modificar nada, pues todo discurso de cambios será mirado como demagogia poco fina, casi burlesca. Mientras que los conservadores reinstalarán el discurso del “realismo sin renuncias”, claro que esta vez del lado del lucro.

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Por eso es que la tramitación de la reforma durará casi hasta el final del período Bachelet y cuando se deba decidir, casi se preferirá dejar la tarea al nuevo gobierno y al nuevo Parlamento.

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De esa manera se van decantando las expectativas y se van confirmando los poderes instalados; ¿o ustedes no han visto cómo se siguen construyendo grandes edificaciones de las universidades privadas basadas en el lucro?  Eso es signo de que confían que en este país con vista al mar, nada cambiará de manera real.

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Para ser realistas

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Para ser realistas en las reformas, se debe calcular bien cuánto cuesta y de dónde saldrán los fondos. Ahora hablan que para la gratuidad y todo lo que le acompaña se necesitan tres reformas tributarias como la que  malamente se hizo. Esto nos habla de dos cosas: o que el ministerio de Hacienda anterior no calculó bien o que el nuevo ministerio de Hacienda  junto al Senado tiraron la reforma para la cola de las prioridades nacionales y la achicaron a la tercera parte.

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Cualquiera de las opciones es vergonzante para el gobierno y los políticos, pues para usar una retroexcavadora se requiere saber conducirla y de lo que es capaz de hacer, porque de lo contrario, si se equivoca de marcha puede socavar en retroceso, y eso es lo que ha acontecido.

En todo caso yo les puedo sugerir dos fuentes de ingresos adicionales que podrían por sí solas financiar las reformas: primero, se debe “normalizar” el impuesto que cobra Chile a las mineras privadas, es decir subirlo al 45%, real, es decir no sobre las utilidades sino sobre renta presunta, sin incentivos a la inversión y bloqueando las triquiñuelas de evasión.

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Ahí tendríamos unos 7 mil millones de dólares adicionales cada año. En segundo lugar, las transferencias del 10% a las Fuerzas Armadas de las ventas de Codelco, se transferirán en un 50% al gasto de las reformas y sólo el otro 50% a satisfacer los compromisos ya adquiridos en compra de armamentos, pero con absoluta transparencia de lo que ya se ha gastado (los países vecinos saben perfectamente cuánto gasta Chile en armas, así es que lo del secreto estratégico es una disculpa dolosa); en tercer lugar, los fondos del FUT que  no sean usados en inversión productiva en el plazo de un año, deben pagar un impuesto del 35% (recordemos que son impuestos no cobrados); de esta forma se evita que el FUT se use como refugio paradisiaco o que se sigan usando especulativamente en el sector financiero. Ya con esas simples reformas tributarias tendríamos asegurado un financiamiento real y permanente y sin afectar la inversión real, porque simplemente se le está “quitando la grasa al cerdo”, que está muy mal pelado y peor carneado.