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martes, 5 de julio de 2016


Columna de opinión del editor
ELMUNDO DE FANTASÍA DE LA REFORMA EDUCACIONAL LLEGA A SU FIN...
¿QUÉ VIENE AHORA?
Por Walter Krohne  
El manto que cubre al mundo de la fantasía de las reformas, especialmente la educacional, abre la posibilidad de que la tan deseada gratuidad universal limite económicamente a una mayoría de chilenos que en un futuro mediano  deberían aportar más en impuestos para satisfacer la ambición francamente populista del Gobierno de turno.
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Las platas no alcanzan, ni por la vía de la reforma tributaria ni por los ingresos del cobre, para poder financiar un costoso proyecto que tiene mucho de “lindo” pero también hace ver anticipadamente negros nubarrones en un futuro cercano. Esto es parecido a la inquietud que tienen algunas familias medias cuando se quieren comprar un auto o una casa o ambos a la vez. Si no cuentan con el dinero suficiente deben endeudarse, no les queda otro camino, y para ello pensar que tendrán que vivir restringidos o muy restringidos durante diez o veinte años, lo que en algunos casos no vale la pena, porque es la familia entera la que a la larga se verá sacrificada. Otra fórmula sería reordenar la casa eliminando gastos excesivos o superfluos.

Si Chile se gasta una buena parte del presupuesto en la gratuidad universal, que ni siquiera la ministra  de educación Adriana Delpiano sabe con certeza a cuánto ascendería la suma total y final (entrevista en CNN de anoche),  nadie sabe tampoco cómo se asumirán los desafíos en otros sectores, el más grave es el de salud cuyas instalaciones y prestaciones están por los suelos, lo que ya está significando un alto costo para los bolsillos de los trabajadores. Si no hay nuevos ingresos, el presupuesto no dará para cambiar absolutamente nada en salud, ni tampoco en otros sectores, como los previsionales o energéticos.
Aquí no se trata de ricos y pobres. No se trata de que los ricos tengan que pagar una gran parte de los costos de las iniciativas estatales, que desde el principio dijimos en este diario que, como estaban planteadas,  tenían un escaso futuro. Esto, porque los ricos tienen el dinero suficiente para hacer las necesarias y urgentes inversiones que requiere el país, para lo cual hay que incentivarlos. Esto involucra también las que podrían llegar desde el exterior, tan necesarias, y que no prosperan por los altos impuestos, la incertidumbre de lo que está aún por venir y por la falta de fuentes claras en el campo energético. Todos somos trabajadores que queremos que Chile crezca y se le dé al Estado las herramientas necesarias para financiar un bien común elevado o en alto grado. Ricos y pobres deben trabajar con un mismo objetivo y en la misma dirección que son el  desarrollo chileno y el bienestar de sus habitantes y no estar permanentemente como el perro y el gato o enfrentándose al Gobierno que hace muchas promesas pero que después no puede cumplir. Dejemos de una vez por todas las ambiciones políticas y las personales que son los obstáculos que retardan el desarrollo en Chile.
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Los chilenos queremos vivir mejor, lo mejor que nos permitan los ingresos por nuestro trabajo, pero esto, al parecer no lo comprenden las actuales autoridades que malgastan simplemente el dinero del  aparato público. Hoy se enfrentan al problema también de cómo poder financiar los altos ingresos que reciben los parlamentarios, cuyo número ha sido incrementado en 12 senadores y 35 diputados. ¿Para qué este incremento?  Nadie tiene una explicación clara y objetiva  para ello y todo parece que ha sido un cambio que más favorece a la Nueva Mayoría para que con un “pulmón artificial” ayudarle a mantenerla lo más cohesionada posible y ganar con ella las próximas elecciones.
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La ministra Delpiano fue clara: si no mejora el precio del cobre, la educación gratuíta podría ser financiada con mayores impuestos. Justamente es lo que habría que evitar en un momento en que en Chile está todavía lejos de vivir una situación económica aceptable y en un momento en que el desempleo se eleva a 6,8%  o cuando el último IMACEC de mayo no es más que un 1,8% que no da para que el país pueda comenzar a recuperarse económicamente en un plazo determinado.
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Pero para el más realista del equipo presidencial, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, la gratuidad universal tiene un costo de 1,5% del PIB, aproximadamente 2.400 millones de pesos, cerca de cuatro mil millones de dólares. Esto lo dijo este martes.

“Si Chile tuviera esa plata (…) la pregunta siguiente es en qué queremos usar toda esa plata en educación superior o hay otras necesidades que compiten con esta”, señaló Valdés. Como lo haría cualquier ministro de Hacienda, descartó un aumento a los ciudadanos para financiar la iniciativa. "En este gobierno nosotros no vamos a hacer nuevas reformas tributarias", enfatizó. ¿Será así?  Está por verse.
El proyecto de educación superior, que ingresó al Congreso por la Cámara de Diputados y sin urgencia, es la última de las iniciativas comprometidas por la administración Bachelet dentro del ciclo de la gran reforma a la educación, como ella la ha definido.
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En el texto se plantea la ruta para lograr la gratuidad para el 100% de los alumnos, incluidos los de mayores ingresos. Según la última minuta entregada por el gobierno a distintos parlamentarios, para incluir a los estudiantes del sexto decil en 2018 se requiere que los ingresos estructurales como porcentaje del PIB tendencial (capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo), lleguen al 23%. Luego, esa relación debe avanzar hacia el 23,5% para la llegada del decil siete. Para el octavo decil la exigencia es un punto más (a 24,5%); del ocho al nueve el salto es de dos puntos (a 26,5%) y del nueve al diez, tres puntos (a 29,5%), lo que a juicio de los expertos es muy difícil de lograr. 
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El economista Aldo  Lema precisa que, según lo que se conoce hasta ahora, los números no dan, y por lo mismo  ello es terreno fértil para que “grupos de presión intensifiquen sus acciones pidiendo nuevas alzas de impuestos”, donde el impuesto a la renta y el de las personas figuran como "los candidatos" de primera línea.
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El cuadro que se puede vislumbrar es una ola de nuevas marchas y protestas en Santiago por la Alameda y la destrucción de instalaciones públicas y privadas. Todo esto ya comenzó con los estudiantes este martes en una nueva marcha no autorizada.

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